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Redactado por: Sharon Gómez
Durante la jornada del martes 5 de noviembre, fue suprimida del articulado de la reforma a la justicia, que se discute en el legislativo, la rebaja de pena para quienes cometan delitos contra niños y adolescentes.
La decisión fue adoptada por los senadores ponentes, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Gobierno Nacional para eliminar el artículo del proyecto de ley No. 281 de 2024. Este artículo pretendía conceder beneficios a quienes cometieron y admitieron delitos de homicidio, lesiones, secuestro y crímenes contra la libertad e integridad sexual de menores de edad. Actualmente, estas rebajas están prohibidas por el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia.
La propuesta fue firmada por 120 de los 305 congresistas, y el proyecto, que se convirtió en el centro de discusión, surge tras la conmoción generada en el territorio nacional, por las muertes de Sofía Delgado en el Valle del Cauca; de Alexis Delgado en Cundinamarca, y de Santiago y Susan Beltrán, dos menores de 4 y 7 años asesinados por su padre. Estos casos, ocurridos en los últimos meses del año, se sumaron a la cifra de 375 víctimas menores de edad reportadas en Colombia, según Medicina Legal.
La Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago se pronunció al respecto, afirmando que: “Los ponentes entendieron las razones jurídicas que se daban para este tema… La eliminación de ese artículo tiene unos componentes importantes en la discusión y en el diálogo”.
También destaca, que la reforma apunta a otros elementos importantes como la justicia, la eficiencia y la agilidad, para crear mecanismos de protección desde la convención de los niños, niñas y adolescentes, implementando rutas en la reforma del sistema penal de responsabilidad de adolescentes para que este sea mucho más adecuando a la reparación y restauración de los infractores adolescentes y de las víctimas adolescentes.
Aunque los casos recientes generaron indignación colectiva y volvieron a poner el tema sobre la mesa, la discusión no es reciente. En 2020, en medio de la pandemia, el Senado aprobó una reforma que permitía la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, una iniciativa que respaldó el Gobierno de Iván Duque. No obstante, un año después la Corte Constitucional tumbó la ley, argumentando que podía constituirse como una sanción “cruel, inhumana y degradante, prohibida por los instrumentos internacionales, toda vez que se anula la esperanza razonable y efectiva de salir de la prisión y se margina definitivamente al individuo de la sociedad”.
Con esta nueva decisión, se pronuncia también el Ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, quien ha dicho que: “La decisión fue sabia, conveniente, y que permite avanzar sin tanta discusión y tanta controversia innecesaria en un tema que hay que reconocer, en la actual circunstancia que está viviendo el país con esta clase de crímenes”.
La decisión seguirá en la agenda mediática y política, ya que llega en un contexto de creciente preocupación por los altos índices de violencia contra menores según Medicina Legal, donde advierte que aumentó en un 10% los casos en denuncias por delitos contra la niñez, con respecto a los casos registrados en 2023.
Redacción CAM
