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Redactado por: Ramiro Cárdenas
Hace 39 años, el 6 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia fue interrumpido por miembros del M-19 quienes tomaron 300 personas como rehenes, incluidos magistrados y empleados.
Según la comisión para la paz el objetivo de este grupo armado consistía “en presentar una “demanda armada” ante los magistrados y convocar a un juicio público contra el gobierno del presidente Belisario Betancur por traición a la voluntad nacional”. La tragedia culminó en un brutal incendio, destrucción del edificio y la pérdida de 111 vidas, además de la desaparición de 11 personas, entre ellos empleados de la cafetería y visitantes.
Durante los dos días que duró la toma y la retoma, el país observó cómo uno de sus símbolos de justicia era reducido a cenizas. Las fuerzas militares rodearon y atacaron el edificio con gran intensidad, en lo que se conoció como la “operación rastrillo”. Aunque la intervención buscaba recuperar el control, múltiples testimonios e informes cuestionan la intensidad de la respuesta armada y la falta de coordinación en un intento que dejó aún más interrogantes.
A pesar de los avances en la búsqueda de justicia y la creación de comisiones de la verdad, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué se optó por una retoma militar tan drástica? ¿Cuáles fueron las órdenes exactas que se dieron en aquel fatídico día? ¿Por qué no se amplió el esquema de seguridad del Palacio de justicia? pese a las amenazas a los magistrados días antes de la tragedia.
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