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Los firmantes afirman que suprimir los incentivos para la cultura no aporta al objetivo de eliminar privilegios insanos para las finanzas.
Con la presentación de la reforma tributaria propuesta por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en la que se contempla la derogación de las deducciones tributarias por aportes a proyectos de cine local 10 de los 12 ex-ministros de Cultura que ha tenido la cartera desde su creación en 1997 enviaron una carta en la que le solicitaban reconsiderar esta decisión, puesto que podría desincentivar el apoyo a esta industria.
El documento dicta: «Entendiendo la situación nacional, las prioridades del Gobierno y la necesidad de eliminar privilegios que no sean sanos con las finanzas públicas ni con la redistribución social de la riqueza, consideramos que suprimir algunos de los mecanismos de incentivo construidos para la cultura no aporta en ese objetivo»,
Recalcaron que ha permitido un mayor incentivo a los aportes económicos dirigidos al cine local, lo que se ha visto en el desarrollo de industria cinematográfica y la llegada de compañías internacionales interesadas en la realización de proyectos.
También se hizo énfasis en el Artículo 178 de la Ley 1955 de 2019, con el que se aplica un descuento fiscal a quienes traer recursos al país para hacer producciones audiovisuales contratando servicios 100% nacionales y el Artículo 180 de la misma Ley, con la que hay deducción tributaria de hasta 165% para quienes aporten a proyectos creativos (música, teatro, carnavales, infraestructura) aprobados por convocatoria pública nacional.
«El efecto multiplicador de este instrumento ha sido fundamental para consolidar procesos de formación, creación, producción, circulación y distribución, lo que genera impactos positivos en empleos y transacciones que, a su vez, pagan más impuestos como renta, IVA, impuestos territoriales», dijeron los ex-ministros.
En cifras, recordaron que el mecanismo ha dejado entre octubre de 2020 y agosto de 2022 inversiones en proyectos por más de $174.548 millones, más de 4.325 empleos y una proyección de aportes privados de $119.402 millones.
Los únicos funcionarios que no firmaron son Juan Luis Mejía y la fallecida Consuelo Araujo Noguera.
