Redacción CAM
Por: Juan Esteban Barrios Ospina
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tomado una decisión histórica al imponer una sanción de ocho años a los siete integrantes del último secretariado de las extintas FARC, incluyendo a Rodrigo Londoño, conocido antes como alias «Timochenko». Esta medida marca un precedente en el proceso de justicia transicional de Colombia y representa la primera sentencia de gran alcance contra los máximos responsables de crímenes de guerra.
El fallo se enmarca en el macrocaso 01, que investiga la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por esta guerrilla durante décadas de conflicto armado. A diferencia de una condena de prisión convencional, se trata de penas restaurativas que buscan reparar los daños causados a las víctimas y la sociedad.
Reacciones divididas ante el fallo de la JEP
La decisión ha generado reacciones mixtas en diferentes sectores de la sociedad colombiana. Las organizaciones de víctimas han expresado que, aunque la sanción no es lo que esperaban, representa un reconocimiento importante a su sufrimiento y la confirmación de responsabilidades por parte de los excombatientes.
Sin embargo, también hay voces críticas que consideran insuficiente la sanción. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuestionó que los sancionados puedan mantener sus derechos políticos mientras cumplen la pena. «Debería limitar a los condenados por graves crímenes a un sitio específico y no permitir que sean condenados y congresistas al mismo tiempo», declaró.
Por su parte, Rodrigo Londoño reafirmó en redes sociales su compromiso con el Acuerdo de Paz y calificó el fallo como «aceptamos nuestra responsabilidad y reiteramos nuestro compromiso» para seguir adelante con el proceso de reconciliación.
A propósito de la primera sentencia restaurativa de la @JEP_Colombia sobre secuestro y otros crímenes concurrentes, los miembros del último Secretariado de las extintas FARC-EP reafirmamos que aceptamos nuestra responsabilidad y reiteramos nuestro compromiso con la paz. pic.twitter.com/1zvc0JOsDZ
— Rodrigo Londoño (@TimoComunes) September 16, 2025
Es importante señalar que quienes no cumplan con las sanciones impuestas se exponen a que estas se conviertan en penas de prisión de hasta 20 años. Además, aquellos que incumplan perderían definitivamente la oportunidad de beneficiarse del sistema de justicia transicional.
La sanción de ocho años al último secretariado de las FARC representa un momento crucial para la implementación del Acuerdo de Paz. Su efectividad dependerá del cumplimiento real de los programas restaurativos y de cómo la sociedad colombiana logre avanzar hacia la reconciliación a través de estos mecanismos de justicia transicional.
¿Por qué la JEP impone sanción de ocho años ?
La sanción impuesta por la JEP no implica cárcel para los exlíderes de las FARC. En cambio, consiste en penas restaurativas que los obligarán a participar en proyectos específicos de reparación durante los próximos ocho años. Esta es la máxima sanción que puede imponer el tribunal de justicia transicional bajo el marco del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Los sancionados deberán cumplir con actividades concretas en los territorios más afectados por el conflicto. Estas incluyen programas de desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, reparación ambiental y construcción de memoria histórica. El objetivo es que contribuyan directamente a sanar las heridas que dejó la guerra.
El magistrado Camilo Suárez destacó durante la audiencia que esta sentencia «no busca hundir a nadie en la sombra, sino alumbrar nuevos caminos» hacia la reconciliación nacional. La JEP enfatizó que su enfoque restaurativo busca la reparación integral de las víctimas, no solo el castigo.
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Requisitos para el cumplimiento de la sanción restaurativa
El proceso de cumplimiento de la sanción debe seguir lineamientos específicos establecidos por la JEP. Los exlíderes de las FARC deben participar activamente en los siguientes programas:
- Desminado humanitario: Colaborar en la limpieza de campos minados en zonas rurales afectadas por el conflicto armado.
- Búsqueda de desaparecidos: Proporcionar información y participar en iniciativas para localizar a víctimas de desaparición forzada.
- Construcción de memoria histórica: Contribuir a la elaboración de relatos que honren la memoria de las víctimas y ayuden a esclarecer la verdad.
- Reparación ambiental: Participar en proyectos que restauren ecosistemas dañados durante el conflicto en zonas rurales.
El cumplimiento efectivo de estas actividades será supervisado por la JEP y será fundamental para la credibilidad del sistema de justicia transicional en Colombia. Los sancionados han expresado su compromiso con acatar la decisión del tribunal.
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