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Según la Corte Constitucional dicho decreto es inconstitucional, se tendrán que adoptar medidas para afrontar esta crisis humanitaria desde el Congreso y el Gobierno.
Redactado por: Tomás León Londoño
El decreto 1085 de 2023 con cual se declaró la emergencia económica, social y ecológica en la Guajira fue declarado es inexequible por la Corte Constitucional este lunes
El tribunal supremo realizó una excepción sobre el tema del agua. En este caso, otorgó un plazo de un año para aquellos numerales relacionados con «la amenaza de agravar la crisis humanitaria debido a la escasez de agua». Esto significa que todos los decretos, a excepción del1250 de 2023, que establece las pautas para la gestión del recurso hídrico en La Guajira, serían revocados.
La corte determinó que los articulados no están dentro del marco de los efectos aplazados que fueron establecidos. Esto implica que otros documentos normativos, como la sobretasa a la energía destinada a promover la transición energética, quedarían sin efecto.
Uno de estos decretos afectados es el número 1276, titulado «Medidas para ampliar el acceso a la electricidad y preservar los medios de vida de la población mediante la promoción de la transición energética, con el objetivo de superar la crisis humanitaria y las condiciones inconstitucionales, o prevenir la propagación de sus efectos, en el contexto del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira».
De manera similar, los efectos vinculados al decreto que busca realizar modificaciones en el sistema de salud de La Guajira, considerado una suerte de reforma de la atención médica a través de un decreto, también perderían su validez de inmediato
Además de estos dos decretos, también se verían anuladas las órdenes presidenciales que tenían como objetivo alterar la asignación de recursos del sistema general de Regalías, la instauración de la Universidad Wayuu, las disposiciones relacionadas con la agricultura, así como las asignaciones monetarias no sujetas a condiciones destinadas a asistir a las familias en La Guajira que padecen desnutrición, entre otros asuntos. Además, existen otros documentos normativos que no están vinculados al tema del agua y el saneamiento básico, y que podrían ser revocados, como aquellos relacionados con la «modificación de compromisos establecidos en las licencias para la utilización del espectro radioeléctrico en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones».
De manera similar, los decretos relacionados con medidas en el ámbito educativo del departamento, aquellos que tratan sobre la recuperación de las salinas de Manaure y las medidas para reactivar el turismo en la zona también podrían estar en riesgo. No obstante, los magistrados deben llevar a cabo una revisión detallada de cada decreto para confirmar que no guarden relación con los temas del agua.
Redacción CAM
