Redactado por: Sharon Gómez
Cada 21 de noviembre, Colombia conmemora el aniversario de un evento que marcó su historia reciente. En 2019, miles de personas, entre trabajadores, estudiantes, comunidades indígenas y afrodescendientes, se conglomeraron en las calles para expresar su descontento frente a las políticas implementadas por el gobierno de Iván Duque. Este día, conocido como “21N”, se ha convertido en un símbolo de resistencia y cambio social.
Lo que inició como un llamado a un Paro Nacional se transformó en un movimiento masivo que sacudió al país, impulsado por la desigualdad, el descontento social y la exigencia de cambios estructurales en el gobierno. Esta movilización social fue una de las más significativas, y su detonante inicial fue un conjunto de reformas económicas, agrarias y educativas. Además, no se puede ignorar las implicaciones de la gestión de la pandemia COVID 19 en el territorio nacional.
Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, algunas derivaron en enfrentamientos con la fuerza pública. En ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, se decretaron toques de queda para contener la situación.
A medida que se prolongaba el paro, las noches pasaron de ser un espacio de fiesta a convertirse en un escenario de terror. La lucha social fue ganando fuerza y relevancia, impulsada por su capacidad para movilizar amplios sectores de la población.
Este proceso estuvo marcado por las habilidades, esfuerzos y cuidados entre organizaciones y grupos, lo que contribuyó a la consolidación de una lucha más unida. Además, las demandas sociales fueron legitimadas por una creciente aceptación popular, lo que abrió la puerta a la posibilidad de generar impactos a largo plazo.
El tipo de desafío público que plantearon los actores sociales y la respuesta que recibieron de las fuerzas públicas también desempeñaron un papel crucial. La escala internacional alcanzada fue significativa, especialmente por el eco que las violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones encontraron en el exterior, y diversos casos de abuso policial de víctimas como Dilan Cruz, Javier Ordóñez y Lucas Villa se convirtieron en símbolos del exceso de fuerza estatal y en un recordatorio de los riesgos que enfrentaron quienes protestaron.
La juventud, que desempeñó un papel protagónico en las movilizaciones de 2019, continúa siendo un actor clave en la transformación social y política de Colombia. Su participación en las calles y en la construcción de propuestas resalta su rol fundamental en la búsqueda de un país más justo e inclusivo.
“simplemente la gente no puede más y explota, y explota en algunos lugares con violencia limitada, y en otros con violencia más extrema. Esta violencia no es de provocadores profesionales, los hay y hay infiltrados y hay vándalos, pero no es lo esencial. Lo esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático, pacífico no puede más” así lo mencionó Manuel Castells en el conversatorio sobre la crisis democrática liberal en el mundo.
El llamado a la justicia social, a la inclusión y a la paz continúa siendo una exigencia urgente. Las movilizaciones y las demandas sociales ponen de manifiesto que, a pesar de los avances, persisten grandes desafíos para garantizar los derechos fundamentales de la población, especialmente de las comunidades más vulnerables. La transformación de las estructuras políticas y sociales es un proceso que requiere voluntad política y un compromiso para lograr una Colombia más equitativa y respetuosa con su diversidad.