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En un hecho inédito, Blanca Nieves Díaz, una ciudadana colombiana de Girardot, interpuso una acción de tutela ante el Juzgado Civil Municipal de su ciudad contra el presidente estadounidense Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. La acción surge tras la falta de respuesta a un derecho de petición que Díaz envió el 23 de septiembre de 2024, donde expresa preocupaciones sobre presuntos actos de espionaje en su contra y el uso indebido de tecnologías de inteligencia artificial.
En su tutela, Díaz argumenta que la omisión por parte de las autoridades estadounidenses constituye una violación a su derecho fundamental a la petición, tal como lo establece el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Según ella, este «silencio administrativo positivo» impide que se garantice su derecho a recibir una respuesta ante sus inquietudes, lo que podría tener graves implicaciones en su bienestar personal.
La ciudadana también denuncia en su escrito la supuesta implantación de dispositivos tecnológicos en su cuerpo, así como incidentes relacionados con ciberespionaje que han afectado su vida privada. En este contexto, Díaz no solo busca una respuesta a sus peticiones, sino también una indemnización por daños y perjuicios que estima en 50.000 millones de dólares, solicitando que este monto sea pagado a través de un fideicomiso en oro o plata.
Díaz sostiene que la falta de respuesta por parte del gobierno estadounidense no solo infringe su derecho a la petición, sino que también vulnera su derecho a la intimidad y a la vida privada. Estos derechos están consagrados en la Constitución colombiana y han sido reafirmados por la Corte Constitucional en sentencias como la T-364/18, que subraya la importancia del respeto a la privacidad y la inviolabilidad del hogar.
La acción legal ha generado un amplio interés mediático y social en Colombia, donde muchos se preguntan sobre las implicaciones legales y diplomáticas que podría acarrear este caso. Expertos en derechos humanos han señalado que este tipo de acciones son raras y reflejan un creciente descontento con las respuestas gubernamentales ante preocupaciones legítimas.
Además, el caso plantea interrogantes sobre el alcance del espionaje y la vigilancia digital en la era moderna. La creciente preocupación por el uso indebido de tecnologías avanzadas ha llevado a muchos ciudadanos a cuestionar cómo sus derechos pueden ser protegidos frente a posibles abusos por parte de gobiernos extranjeros.
Esta demanda, que incluye solicitudes de indemnización y reparaciones por perjuicios, ha generado expectativa en Girardot y plantea un escenario complejo en términos de jurisdicción y competencia internacional para las autoridades colombianas.
Redacción CAM
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