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Redactado por: Naidelith Zamora.
El 9 de julio de 2024, un juez de Medellín emitió una orden de arresto domiciliario por diez días contra Daniel Rojas, recién designado ministro de educación de Colombia. La medida judicial se produjo por un fallo sobre la devolución de fondos de una transacción realizada en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que Rojas dirigía antes de asumir su cargo ministerial.
De acuerdo con El Expediente, Juan Guillermo Salazar Serna, un ciudadano del departamento de Antioquia, adquirió un apartamento a través de uno de los remates organizados por la SAE. Debido a problemas de salud, solicitó la devolución de su dinero, comprometiéndose a cubrir los costos derivados de la cancelación del negocio por causa de fuerza mayor.
Un juez falló a favor de Salazar y ordenó a la SAE, bajo la dirección de Rojas, devolver aproximadamente trescientos millones de pesos. No obstante, hasta la fecha, Rojas ha ignorado la orden judicial, lo que llevó a la emisión de la orden de arresto domiciliario.
La orden también establece que la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación deben ser notificadas para asegurar la verificación y cumplimiento de esta. Además, se instruye al Ministerio de Protección Social para investigar la actuación del funcionario.
Este evento resalta la importancia de cumplir con las decisiones judiciales, tal como lo establecen la Constitución y las leyes colombianas, la orden de arresto se notificó el 09 de julio de este año y aún está vigente. Esta situación pone en duda la gestión anterior de Rojas en la SAE y sus implicaciones para su reciente nombramiento
Es importante destacar que el año pasado, la Procuraduría suspendió a Rojas por tres meses debido a posibles faltas disciplinarias relacionadas con el incumplimiento del contrato de compraventa de acciones de la empresa Triple A por parte de la SAE, bajo su dirección. La medida se revocó poco después cuando la SAE llegó a un acuerdo para comprar dichas acciones.
Redacción CAM
