
La Fiscalía General de la Nación ha puesto en marcha un plan integral de acciones investigativas y judiciales para enfrentar la ola de violencia que afecta a la región del Catatumbo, en Norte de Santander. El ente acusador, respaldado por la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal, busca responder de manera efectiva a los homicidios, desplazamientos masivos, secuestros y desapariciones forzadas registrados en el territorio.
De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones se centran en tres líneas principales: homicidios y delitos conexos, desplazamiento forzado y agresiones a líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Estas acciones se han enfocado en los grupos responsables, incluyendo el Frente de Guerra Nororiental del ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC.
«Estamos trabajando en la identificación y análisis de las estructuras que delinquen en la región, sus cabecillas y las órdenes de captura vigentes», indicó la Fiscalía. Para ello, se han movilizado 46 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con el propósito de realizar labores de policía judicial y derechos humanos en el área.
Además, la Dirección de Atención al Usuario e Intervención Temprana (DAUITA) fortaleció la presencia institucional con 10 funcionarios distribuidos en cinco puntos de atención instalados en el Estadio General Santander de Cúcuta y el Coliseo de Ocaña. Este refuerzo busca agilizar la recepción de denuncias y garantizar asistencia integral a las víctimas.
Finalmente, la Unidad Especial de Investigación asumió los casos relacionados con los homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz en municipios como El Tarra, Convención y Teorama, así como los crímenes contra líderes sociales en Tibú y otras localidades del Catatumbo.