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Condena de 31 Años para el General (r) Iván Ramírez por desaparición forzada 

El fallo del tribunal de Bogotá impone 31 años de prisión al general (r) Iván Ramírez por su responsabilidad en la desaparición forzada ocurrida en el Palacio de Justicia contra Irma Franco, guerrillera del M-19.

Iván Ramírez recibió veredicto del Tribunal, foto tomada de: Infobae.

Redactado por: Naidelith Zamora. 

El Tribunal Superior de Bogotá dictó una condena sin precedentes contra el general (r) Iván Ramírez Quintero por su implicación en la desaparición de Irma Franco durante los trágicos eventos de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Esta decisión representa un hito significativo en las investigaciones del holocausto, marcando un quiebre con la impunidad que había prevalecido entre los altos mandos involucrados en operativos de inteligencia durante aquel oscuro episodio, caracterizado por desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. 

El fallo, suscrito por los magistrados Rafael Enrique López y Julián Hernando Rodríguez, también ha condenado al coronel retirado Fernando Blanco Gómez como coautor impropio del delito de desaparición forzada de Irma Franco. Ambos exmilitares enfrentarán una pena de 31 años, 10 meses y 15 días de prisión, así como una considerable multa y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. 

luego de una revisión detallada del caso en segunda instancia. La Sala Penal encontró pruebas contundentes, tanto testimoniales como documentales, que sustentan la culpabilidad de Ramírez Quintero y Blanco Gómez en el crimen de desaparición forzada de Irma Franco, quien formaba parte del M-19. 

“Está debidamente demostrada la ocurrencia y materialidad de la conducta desplegada por los procesados, junto con otros militares, para acometer, como lo hicieron, contra la libertad individual de la guerrillera Irma Franco Pineda, por lo que, siendo típica, objetiva, como subjetivamente, la conducta, además de antijurídica y culpable, deben responder penalmente por ella”, afirmó la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá en su sentencia. 

Esta decisión marca un avance crucial en la búsqueda de justicia y verdad para las víctimas del conflicto armado en Colombia, resaltando la necesidad de investigar y sancionar los crímenes cometidos por agentes del Estado durante períodos de violencia interna. Es un paso significativo hacia la reconciliación y el reconocimiento de los derechos de las víctimas, subrayando la importancia de garantizar que hechos tan graves no queden impunes y que se pueda reconstruir una sociedad basada en el respeto a los derechos humanos y la justicia. 

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