Redacción CAM
Una apuesta por la seguridad: reducción drástica del Estado y el endurecimiento punitivo; la otra, por la articulación de políticas sociales, reforma agraria y participación comunitaria. Dos académicos de amplia trayectoria analizan para este diario las fortalezas, debilidades y riesgos de cada modelo.
Redactado por Joseph D. Chacón Q.
Contexto: las cifras que encienden las alarmas
Los informes del Ministerio de Defensa Nacional con corte a abril de 2026, comparados con el mismo período de 2025, muestran un comportamiento mixto pero con tendencias preocupantes. El homicidio intencional pasó de 4.426 a 4.545 casos, lo que representa un incremento del 3%. Más alarmante aún es el aumento de las masacres: los casos pasaron de 26 a 42 (62% más).
El secuestro aumentó 9% y el secuestro simple se disparó un 38% (de 37 a 51). La extorsión creció 9%, de 3.640 a 3.977 casos, mientras que la violencia intrafamiliar aumentó 14%, de 43.289 a 49.507.
Las desmovilizaciones del ELN se desplomaron de 43 a 8 (-81%), lo que sugiere un fortalecimiento o una menor disposición al abandono de las armas por parte de ese grupo.
Frente a este panorama, los candidatos presidenciales Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) han presentado propuestas que, según los académicos consultados, representan dos paradigmas diferentes de Estado y de sociedad.
El paradigma de la desregulación y el orden militar
La primera de las visiones en disputa propone una reducción significativa del aparato estatal, un endurecimiento de las penas y una ofensiva militar frontal contra el crimen organizado. Este enfoque, impulsado por uno de los candidatos (Abelardo de la Espriella), plantea eliminar ministerios, recortar la burocracia en una cuarta parte, aplicar un ajuste fiscal de 70 billones de pesos y acelerar licencias ambientales y consultas comunitarias para dinamizar la inversión privada. En materia de seguridad, la propuesta incluye la creación de un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción dirigido directamente por el presidente, la construcción de megacárceles, el aumento de penas para delitos menores y una ofensiva militar contundente en los primeros 90 días de gobierno, inspirada en modelos aplicados en El Salvador y Chile.
Foto: The New York Times
Ricardo Ernesto Nope Arias, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia, somete esta propuesta a un riguroso examen. “La conciliación de una propuesta que busca encoger la presencia institucional en los territorios no puede ser posible contra una criminalidad que, de una u otra forma, ha permeado todos los escenarios de la cotidianidad en Colombia”, afirmó. Nope señala una contradicción de fondo: “reducir el Estado en un 40% es inviable porque una parte significativa del gasto público es inflexible, es decir, está destinada por ley o mandato constitucional a sectores como educación, salud, defensa y justicia”.
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El profesor de la Universidad Nacional de Colombia también critica el trasplante mecánico de modelos extranjeros. “Cuestiones como la incorporación de invenciones tecnológicas, la construcción de megacárceles y el aumento de penas para delitos menores no son una solución viable en un país con un conflicto armado de más de 70 años y con una realidad distinta a la de algunos países latinoamericanos como El Salvador o Chile, de los cuales De la Espriella ha copiado su propuesta”, advirtió. Además, que una “ofensiva militar y policial agresiva contra el crimen” podría tener el efecto contrario al deseado: “daría como resultado una menor legitimidad para la opinión pública de los aparatos estatales de seguridad, como pueden ser las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales o las agencias de inteligencia”.
Delsar Roberto Gayón Tavera —Comunicador Social-Periodista, Magíster en Estudios Culturales con distinción, Doctor en Teoría Crítica y Doctor en Comunicación Política— ofrece una perspectiva más histórica y menos polarizada. Gayón reconoció que “nunca ha habido una presencia institucional en todos los municipios y territorios de Colombia” por múltiples razones: la geografía accidentada, la capacidad de los grupos ilegales para reorganizarse y trabajar con el tejido local mediante intimidación, complicidad o seducción económica. “Así es muy difícil esa cobertura institucional, tanto en términos de seguridad como en términos de inversión social”, añadió.
Sin embargo, Gayón no eximió de responsabilidad al actual gobierno. “El aumento de las cifras en los últimos tres o cuatro años definitivamente tiene que ver con la ausencia de una estrategia de seguridad del actual gobierno. Parece que pensó más en una estrategia de paz que en una estrategia de seguridad. Eso ha sido un caldo de cultivo para una reorganización y un empeoramiento de los diferentes grupos armados ilegales.” Para el docente, ni el punitivismo (corriente ideológica y político-criminal que concibe el castigo penal como la herramienta principal, o incluso la única, para resolver problemas sociales, reducir la criminalidad y lograr la justicia), ni la paz sin control funcionan: “Hemos caído en extremos: unos por solo tener presencia de seguridad, pensando que pueden dominar hasta el último delincuente y encarcelarlo; y los otros, porque creen que solo con una política de paz se podría solucionar el problema”.
El paradigma de la seguridad humana y la transformación territorial
La segunda visión en disputa parte de una premisa diferente: la seguridad no puede lograrse únicamente con armas y cárceles, sino que requiere atacar las causas estructurales de la violencia: la pobreza, la desigualdad, la concentración de la tierra y la falta de oportunidades. Este enfoque, propuesto por Iván Cepeda, se concreta en la llamada “Seguridad Humana”, que articula la protección de la vida con políticas sociales, participación comunitaria y un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico. Sus ejes incluyen la regulación del cannabis industrial, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, la erradicación de la aspersión con glifosato y, sobre todo, la “Revolución Agraria”: acceso universal al agua potable, construcción de vías terciarias, democratización de la tierra y restitución a víctimas del desplazamiento forzado.
Foto: Radio Nacional de Colombia
Tras explicar brevemente en qué consiste la “Gran Revolución de Desregulación” del candidato Abelardo de la Espriella. “Una reducción drástica de la burocracia estatal y un recorte significativo no solo de ministerios sino también de entidades públicas” habló ,Ricardo Nope, concluyó que “el enfoque económico que tiene más probabilidades de desactivar las economías ilegales es la revolución agraria planteada por Cepeda. Es un compromiso abierto de integrar a todo el país desde el cumplimiento del compromiso que se tiene con la justicia rural y el acuerdo de paz del año 2016”.
El profesor de la Universidad Nacional de Colombia aportó un dato estructural que respalda su análisis: “Colombia es un país donde el 1% de los mayores propietarios de tierra controlan el 80% de la tierra posible a trabajar”. Y enumeró las medidas concretas que, a su juicio, pueden reducir la dependencia de economías ilegales: “la compra directa de tierras por parte del Estado, la recuperación de baldíos ocupados de manera irregular, la formalización de propiedades, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la reforestación forzada natural”. Mencionó regiones críticas como Catatumbo (Norte de Santander y sur del César), Tumaco (costa pacífica), Arauca, Caquetá, Guaviare y Putumayo como laboratorios donde este enfoque podría mostrar resultados tangibles.
Delsar Gayón, por su parte, no se alineó explícitamente con la propuesta de Cepeda, pero valoró el Acuerdo de Paz de 2016 como un hito ineludible. “Ese acuerdo de paz se convirtió en una buena síntesis de un país y de una hoja de ruta que necesitaba Colombia”, afirmó. Sin embargo, lamentó que “en la polarización no hubo una continuidad sistemática que desarrollara ese acuerdo”. El doctor en Comunicación Política también reconoció que la llegada del primer gobierno progresista y el hecho de que el Congreso tenga ahora mayorías progresistas “es una construcción histórica que hay que analizar, porque la ciudadanía es la que elige y hace una apuesta por esa ruta progresista. Eso no se puede descartar”.
No obstante, Gayón señala una debilidad comunicativa y conceptual del progresismo: “Esta propuesta (la de Cepeda) no se entiende mucho en Colombia, no se sabe explicar, y en estos cuatro años ha quedado profundamente herida y en descrédito por los escándalos de corrupción y todo lo que ha pasado en este gobierno”. Advirtió que la socialdemocracia —modelo que atribuye a Cepeda— “tiene otros matices que todavía están pendientes de comprender, de discutir y sobre todo comunicar para que todos los ciudadanos entiendan a qué se refiere. También ha fallado la comunicación en la línea progresista”.
El nudo: corrupción y seguridad, dos caras de una misma moneda
Tanto Nope como Gayón coincidierón en que la corrupción no es un tema periférico, sino que está íntimamente ligada a la seguridad. La captura institucional por redes clientelares y mafiosas desvía recursos que deberían destinarse a policía, justicia, educación y desarrollo territorial, y además erosiona la confianza ciudadana en el Estado, debilitando su legitimidad para actuar contra el crimen.
Foto: IStock
Nope explicó que la corrupción en Colombia persigue dos formas: “bien sea por una investigación penal de delitos, pero también a través de un control disciplinario y fiscal de los recursos públicos”. Mencionó que las instituciones clave (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Auditoría, Corte Suprema, veedurías ciudadanas) y señala cuatro factores que la alimentan: “la habilidad de otros ciudadanos del Estado, el clientelismo, el narcotráfico y la cultura de incumplimiento de normas que tenemos como parte de nuestra idiosincrasia”.
Al comparar a los dos candidatos, el profesor de la Universidad Nacional de Colombia es claro: “Abelardo de la Espriella trata esta cuestión bajo una perspectiva muy superficial y no ve el trasfondo de estos problemas. Iván Cepeda trata estos mismos problemas bajo una perspectiva muy profunda, aborda mejor el trasfondo del asunto: narcotráfico, corrupción, seguridad y más cuestiones que hacen parte de este entramado”.
Para Nope, si se busca una visión de “mano dura” con resultados rápidos, “el bloque de búsqueda contra la corrupción es la mejor opción, porque ataca las cabezas visibles de la corrupción para que la persona del común se sienta más segura y más confiada en los resultados que da el presidente”. Pero si se prefiere una visión “más integradora, más compleja, más socializada, en la que los resultados serán visibles de forma más demorada”, entonces “la estrategia del Sistema Nacional contra la Macrocorrupción incide de manera más efectiva en cuanto a la seguridad de la persona colombiana. Primero, porque ataca las grandes redes y entramados, y segundo, porque permite contrarrestar las dos grandes problemáticas del país —seguridad y corrupción— de la mano”.
Gayón, en lugar de tomar partido por uno u otro candidato, propusó una reflexión más amplia. Recuerda que la Universidad Externado de Colombia publicó tomos sobre corrupción y preguntas éticas que “no tuvieron la resonancia que debían”. Propusó tres vías: continuar el debate nacional sobre ética pública; hacer valer los mecanismos de participación ciudadana de la Constitución de 1991 (rendición de cuentas, revocatoria del mandato, cabildos abiertos, etc.); y reformar la formación ética en las universidades, porque “hace unas décadas los rectores de las principales universidades se reunieron muy preocupados porque salían los grandes corruptos de sus universidades, igual que los grandes gobernantes”.
Su advertencia final es grave: “Si este gobierno que entra, sea de la corriente política que sea, no le pone un freno a la corrupción, este país se termina de fracturar completamente. El desencanto de la política puede ser peor que si en estas últimas elecciones llegamos al 57% del censo electoral que salió a votar, que ya es de por sí bajo. Si hay un desencanto mayor, la democracia y los mecanismos electorales van perdiendo cada vez más valor y ese descrédito podría terminar en unos impactos sociales muy fuertes para el país”.
El desafío de una estrategia integral
Más allá de las diferencias ideológicas entre los dos candidatos, ambos académicos coincidierón en que no existen soluciones mágicas ni recetas importables. Ricardo Nope insiste en que la seguridad no puede lograrse reduciendo el Estado, sino fortaleciendo su presencia en territorios históricamente abandonados. Delsar Gayón, tras señalar una pregunta que considera abierta —“¿cuál es la verdadera autonomía que tiene el Ejecutivo en Colombia?”—, concluyó que el poder central en Colombia lo tiene el Congreso más que el presidente, y que cualquier estrategia de seguridad deberá pasar por el filtro legislativo, los organismos de control y las cortes.
Foto: DW.com
El doctor en Comunicación Política pidió al próximo presidente, “sea de la corriente que sea, un ánimo menos confrontador, menos provocador, que abra un diálogo nacional y sea más dialógico con la institucionalidad, el sector productivo —que es una fuerza histórica en Colombia— y también con toda la fuerza del activismo social, los movimientos sindicales y estudiantiles”. Y lanzó un último llamado a la prensa: “Que no pierda el sentido profundamente crítico que tuvo con el actual gobierno. Que sin importar la fuerza política que sea, mantengan esa actitud crítica como la tuvieron con este gobierno. Así tengan compromisos económicos con algunos sectores”.
Mientras las cifras de homicidios, masacres, secuestro y extorsión siguen su curso, Colombia se enfrenta a una elección que definirá no solo quién ocupa el Palacio de Nariño, sino bajo qué concepción de Estado —fuerte en lo social o reducido en su tamaño, dialogante o punitivo, transformador o estabilizador— se intentará resolver la ecuación más antigua y compleja del país: cómo garantizar la vida y la tranquilidad de sus ciudadanos en un territorio fracturado por décadas de violencia, economías ilegales y una corrupción que, como advierte Gayón, amenaza con romper definitivamente el pacto democrático. La respuesta, coinciden los académicos, no vendrá de un solo candidato ni de una sola elección, sino de la capacidad colectiva de construir acuerdos duraderos que trasciendan los ciclos electorales y las personalidades de turno.
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