Entre curules y violencia de género : el desafío de las mujeres para el nuevo Congreso

Investigadores: Karol García, Elkin Carbonó y Nicolás Blandón

Este 8 de marzo de 2026 coincide con una jornada electoral decisiva para el país. Mientras las elecciones definirán la nueva composición del Congreso de la República, en las cuales el 40,9% del total de candidaturas para Cámara y Senado son mujeres, según datos de la Registraduría y ONU mujeres, las cifras de violencia contra ellas continúan marcando una realidad alarmante y persistente.

De acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia, en 2024 se registraron 886 feminicidios, la cifra más alta desde 2018, y en el primer semestre de 2025 ya se habían documentado 427 feminicidios, lo que evidencia una tendencia ascendente de este delito.

La coincidencia entre elecciones legislativas y el Día Internacional de la Mujer obliga a examinar qué significa hoy la representación política femenina en un país donde la violencia de género no disminuye.

Avance normativo: ¿suficiente en el papel?

En la última década, Colombia ha fortalecido su marco jurídico en materia de protección a las mujeres. Un ejemplo de esto es la Ley 1761 de 2015, conocida como “Ley Rosa Elvira Cely”, con la cual se tipificó el feminicidio como delito autónomo, es decir, como una conducta penal independiente del homicidio común, con una definición y sanción propias cuando el asesinato ocurre por razones de género. A esto se suman reformas y políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar la violencia de género.

Sin embargo, las cifras no han descendido de manera proporcional al desarrollo normativo. ¿A qué se le puede atribuir?

Para el director del Consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Los Libertadores y abogado especialista en derecho penal, David Torres, la respuesta parte de una aclaración fundamental: la tipificación de un delito no tiene la vocación de eliminar la conducta, sino de sancionarla. Es decir, el derecho penal actúa cuando el daño ya ocurrió. Pensar que la sola existencia del delito de feminicidio erradica los casos es desconocer la dimensión real de la norma.

Torres sostiene que el problema no radica necesariamente en la ausencia de leyes. Por el contrario, advierte de una “hipertrofia normativa”: es decir, abundancia de normas que, en la práctica, no siempre se traducen en garantías materiales. La prevención, según explica, depende de la articulación entre educación, política pública, enfoque diferencial y acción coordinada del Estado, más allá del Código Penal.

Violencia contra la mujer en Colombia: un panorama regional marcado por desigualdades

La violencia contra la mujer en Colombia es una problemática estructural que varía según la región. Factores como la urbanización, el conflicto armado, la pobreza y el acceso a la justicia configuran escenarios distintos en cada zona del país.

Aunque Colombia ha avanzado en mecanismos de paridad y alternancia que exigen que las listas electorales estén conformadas por un 50 % de mujeres y un 50 % de hombres, esta transformación normativa no garantiza por sí sola una representación sustantiva en los espacios de poder. Para la docente, abogada e investigadora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, Natalhalie Chingate Hernández, el incremento en la participación femenina ha sido progresivo, pero aún enfrenta límites estructurales en términos de incidencia real.

“La norma establece una paridad formal, pero eso no significa que exista una paridad efectiva en la toma de decisiones”, explica. En su análisis, cumplir con la alternancia en las listas es un avance importante en términos democráticos; sin embargo, el reto persiste en el interior de los partidos políticos, en la distribución de recursos de campaña. Es la capacidad técnica y política que respalda a las congresistas una vez llegan al Capitolio.

Chingate advierte que el debate no puede reducirse al número de curules ocupadas por mujeres. La discusión de fondo, señalada, es si esa presencia se traduce en liderazgo legislativo, formulación de políticas públicas con enfoque de género y capacidad real de transformar agendas históricamente dominadas por lógicas masculinas.

En este contexto, la elección legislativa del 8 de marzo de 2026 se convierte en un escenario clave para evaluar no solo el cumplimiento de la paridad electoral establecida en la normativa vigente, sino también el impacto concreto de esa representación en un país donde las cifras de feminicidio y violencias basadas en género continúan en ascenso.

Violencia persistente y cultura política

La persistencia de la violencia contra las mujeres, tanto física como, política, simbólica y digital, también revela una dimensión cultural que excede el ámbito legislativo. Para Chingate, persisten esquemas sociales que asocian liderazgo femenino con confrontaciónindebida o desborde, lo que genera exclusión y deslegitimación, incluso en escenarios institucionales.

Torres coincide en que la respuesta no puede limitarse a la creación de nuevos delitos. La prevención, afirma, no se logra con más penas, sino con transformaciones estructurales que comienzan en la educación, en la familia y en la comprensión de la igualdad material consagrada en la Constitución de 1991. Quiere decir, que no se trata de tratar a todos por igual, sino de reconocer diferencias históricas y actuar en consecuencia.

Autor: Nicolás Blandón

Región Andina: mayor concentración de feminicidios

La región Andina, que abarca departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Santander concentra entre el 40 % y el 50 % de los feminicidios de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia. Este fenómeno está relacionado con la alta densidad poblacional y el nivel de urbanización.

Antioquia, por su parte, es el departamento con más casos de violencia contra las mujeres en la región, mientras que en la capital del país se registraron 47 feminicidios entre 2020 y 2023, la mayoría de estos casos, cerca del 49 % presentaron antecedentes de violencia previa, lo que evidencia fallas en la prevención institucional.

A su vez, la región Andina concentra el mayor peso político en la Cámara de Representantes, no sólo por su población sino por su distribución de curules. Para el periodo 2022–2026, los departamentos andinos suman 83 representantes a la Cámara, lo que equivale a más de la mitad de las 166 curules de esta corporación y consolida a esta región como el principal núcleo de poder legislativo del país.

Sin embargo, al observar la composición de la región separada por género, la brecha sigue siendo evidente. De esas 83 curules, 26 están ocupadas por mujeres, lo que representa aproximadamente el 31,3% de los escaños, una cifra que se mantiene en línea con el promedio a nivel nacional, pero que aún refleja una participación desigual frente a los hombres. Esto significa que cerca de 5 de cada 10 congresistas mujeres del país provienen de esta región, pero incluso en el epicentro político de Colombia, la representación femenina sigue siendo minoritaria.

Este dato profundiza la paradoja de que la región con mayor capacidad legislativa no solo concentra los índices más altos de violencia de género, sino que también mantiene brechas significativas en la participación política de las mujeres. Región Caribe: violencia invisibilizada

La región Caribe, integrada por Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena y La Guajira, presenta una problemática estructural en torno a la violencia contra la mujer, estrechamente vinculada con la pobreza y la desigualdad social.

En la región Caribe, el feminicidio mantiene una presencia sostenida con cifras que reflejan la gravedad del fenómeno. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, durante 2024 se registraron más de 120 feminicidios en los departamentos del Caribe, con Atlántico, Bolívar y Magdalena concentrando una parte significativa de los casos registrados.

Atlántico se ubicó entre los territorios más críticos, con alrededor de 30 feminicidios en 2024, mientras que Bolívar reportó cerca de 25 casos y Magdalena más de 15 en el mismo periodo. Por su parte, departamentos como Córdoba y La Guajira registraron cifras menores en términos absolutos, con entre 8 y 12 casos cada uno, pero con una alta incidencia si se analiza en proporción a su población.

En contraste, la región Caribe cuenta con un total de 67 congresistas (29 en Senado y 38 en Cámara), de los cuales aproximadamente 46 son hombres y solo 21 mujeres, lo que representa apenas el 31,3% de participación femenina frente a un 67,8% masculina. Esto implica que por cada mujer congresista hay más de dos hombres, evidenciando una brecha de género significativamente mayor al promedio nacional.

Región Caribe: violencia invisibilizada

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Región Pacífica: violencia en contextos de conflicto armado

En la región Pacífica, la representación femenina en la Cámara de Representantes para el periodo 2022–2026 muestra avances moderados, aunque persisten diferencias entre departamentos. En Valle del Cauca, que concentra el mayor peso político de la región, fueron elegidas 4 mujeres dentro de sus 13 curules. En Cauca, de 4 curules, 1 corresponde a una mujer, mientras que en Nariño, con 5 representantes, 2 son mujeres. Por su parte, Chocó, con 2 curules, cuenta con 1 representante mujer, lo que lo convierte en el departamento más equilibrado en términos proporcionales.

En conjunto, de las 24 curules de la región Pacífica, 8 están ocupadas por mujeres, lo que equivale a cerca del 33 % de representación femenina, una cifra que se ubica en línea e incluso ligeramente por encima del promedio nacional.

A su vez, la región Pacífica enfrenta uno de los escenarios más complejos del país debido a la persistencia del conflicto armado.

La violencia contra las mujeres se configura en un contexto de alta presencia de economías ilegales y una débil presencia institucional. Departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño concentran algunos de los indicadores más críticos del país en materia de violencia basada en género.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en su informe Forensis 2024, más del 55 % de las víctimas de delitos sexuales en Colombia son niñas y adolescentes, una tendencia que se intensifica en territorios del Pacífico donde operan grupos armados ilegales.

En términos de feminicidio, el Pacífico también presenta cifras alarmantes. El Valle del Cauca registró 30 feminicidios en 2024, ubicándose entre los departamentos con mayor número de casos a nivel nacional. Por su parte, Nariño reportó más de 20 feminicidios en 2024, mientras que Cauca superó los 15 casos en el mismo periodo, revelan los registros del Observatorio de Feminicidios Colombia.

Aunque Chocó presenta cifras absolutas menores, su tasa por cada 100.000 mujeres se ubica entre las más altas del país, con niveles de violencia que alcanzan aproximadamente entre 180 y 220 casos en violencia interpersonal y entre 3 y 6 en feminicidios, lo que evidencia un impacto desproporcionado en relación con su tamaño poblacional.

Orinoquía: altas tasas de violencia de género en zonas rurales

El Meta, que cuenta con 3 curules, 1 es ocupada por una mujer; en Casanare, con 2 curules, no hay representación femenina; en Arauca, de sus 2 representantes, 1 es mujer; y en Vichada, que tiene 2 curules, no hay mujeres en la Cámara. Sin embargo, la representación de Arauca dentro de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), que actualmente está bajo el mando de Karen Manrique podría verse comprometida, tras las investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia, al darse a conocer su participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En la región de la Orinoquía, aunque los feminicidios son menos en número absoluto, departamentos como Casanare registran tasas altas, cercanas de 4 a 5 por cada 100.000 mujeres, conforme con cifras de la Defensoría del Pueblo. En violencia intrafamiliar, Meta superó los 1.200 casos en 2024, alrededor de 90–100 por cada 100.000 habitantes y Arauca reportó cerca de 400 casos, con una tasa también elevada, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Estas cifras evidencian que, en la Orinoquía, el problema no radica únicamente en el volumen de casos, sino en su impacto proporcional, agravado por factores como la ruralidad, la dispersión geográfica, la presencia de economías ilegales y las limitaciones institucionales. A esto se suma que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, más del 70 % de los casos de violencia de género en zonas rurales no llegan a una denuncia formal, lo que evidencia las barreras reales de acceso a la justicia en estos territorios.

En este escenario, el acceso efectivo a la justicia continúa siendo uno de los principales desafíos. Derly Yasmin Aguiar Barrios, abogada especializada en casos de violencia de género e integrante del equipo sociojurídico de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), explica que las barreras para denunciar violencias basadas en género no son únicamente legales, sino también culturales y estructurales.

En consonancia con la jurista, muchas mujeres enfrentan un primer obstáculo incluso antes de iniciar la ruta judicial: el miedo a denunciar y las posibles represalias del agresor. “No solamente es tomar la decisión de denunciar, sino preguntarse qué pasará después: si recibirán acompañamiento psicosocial y jurídico, o si tendrán garantías reales de protección”, señala.

Aguiar advierte que, incluso cuando las víctimas logran llegar a las instituciones, pueden encontrarse con nuevas dificultades. La falta de profesionales especializados en atención con enfoque de género, explica, puede derivar en la minimización o cuestionamiento de los testimonios de las mujeres, lo que termina revictimizándolas dentro del propio sistema de justicia.

A estas barreras se suman las desigualdades territoriales. En regiones apartadas, donde la presencia institucional es limitada, acceder a instancias como la Fiscalía o a servicios especializados puede resultar mucho más complejo que en las grandes ciudades. “No es lo mismo denunciar en un territorio donde solo existe una comisaría que hacerlo en una capital donde hay múltiples instituciones”, explica.

Para la abogada, aunque Colombia ha avanzado en la creación de normas como la Ley 1257 de 2008, entre otras, el reto principal sigue siendo su implementación efectiva. Esto implica fortalecer la capacitación de funcionarios que reciben denuncias, garantizar medidas de protección eficaces y asegurar recursos institucionales que permitan acompañar a las víctimas durante todo el proceso judicial.

Amazonía: violencia sistemática contra mujeres indígenas

En la región Amazónica, que comprende Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, la violencia contra la mujer adquiere características particulares, especialmente en comunidades indígenas. Según la Defensoría del Pueblo , departamentos como Guaviare y Vaupés registran tasas superiores a 240 casos de violencia sexual por cada 100.000 mujeres. A esto se suma que, de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia, territorios como Caquetá, Putumayo y Amazonas presentan algunas de las tasas elevadas de feminicidio en el país, pese a su baja densidad poblacional.

En el departamento del Amazonas, por ejemplo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó más de 100 casos de violencia sexual en 2024, mientras que en materia de feminicidio, la Fiscalía General de la Nación documentó al menos 6 casos en Caquetá y 4 en Putumayo durante ese mismo año, cifras que, aunque bajas en términos absolutos, representan tasas elevadas en proporción a la población femenina. Esta relación evidencia un riesgo desproporcionado en contextos de aislamiento geográfico y limitada presencia institucional.

En términos de representación política, la región Amazónica cuenta con 12 curules en la Cámara de Representantes, dos por cada departamento. Sin embargo, solo 3 de estas están ocupadas por mujeres, lo que evidencia una baja presencia femenina en la toma de decisiones frente a problemáticas como la violencia de género.

Representación política femenina en Colombia: del voto femenino al Congreso y la lucha por la igualdad

Este panorama territorial enmarca la discusión sobre la representación política femenina. En las últimas décadas la cifra de mujeres en Senado y Cámara ha crecido de manera progresiva, gracias a las reformas electorales y las cuotas de género que han permitido ampliar la presencia femenina en el Gobierno.

Sin embargo, antes de ocupar una curul, las mujeres en Colombia ocuparon las calles, la prensa y los márgenes del debate público. Durante las primeras décadas del siglo XX, cuando el país discutía reformas constitucionales y reformas partidistas, un grupo pequeño de mujeres comenzó a disputar un derecho elemental: ser reconocidas como sujetas políticas plenas. Figuras como Lucila Rubio de Laverde y María Currea Manrique insistieron en que la ciudadanía no podía seguir teniendo género.

Es así como en 1954 se reconoció el derecho formal al voto femenino durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, y tres años después, en el plebiscito de 1957, las mujeres votaron por primera vez en una elección nacional. No obstante, no fue sino hasta 1958, en la instalación del nuevo periodo legislativo del Congreso de la República, que llegaron las primeras mujeres a la Cámara de Representantes, entre ellas María Paulina Nieto de Caro y Esmeralda Arboleda Cadavid, esta última reconocida por haber sido la primera mujer senadora del país.

Durante décadas la presencia femenina en el Capitolio fue excepcional y no estructural. A finales del siglo XX, en el periodo 1998–2002, las mujeres ocupaban alrededor del 13 % del Senado y cerca del 12 % de la Cámara. Tras ese punto de partida, la representación legislativa femenina ha ido creciendo, aunque de manera lenta y desigual, enfrentando barreras estructurales como los estereotipos de género, la falta de acceso a recursos de campaña y redes de apoyo, junto con una política tradicionalmente dominada por hombres.

La representante a la Cámara y candidata al Senado por la Alianza Verde 2026, Katherine Miranda, sostiene que la presencia femenina no puede medirse únicamente en cifras. A su juicio, cuando las mujeres llegan a espacios de decisión “no se trata solo de ocupar una silla, sino de transformar la manera en que se toman las decisiones”.

Según explica, el liderazgo femenino tiende a ser más colaborativo y orientado al consenso, lo que “oxigena espacios que a veces se encierran en egos e intereses individuales”. En su visión, la participación de las mujeres introduce una forma distinta de ejercer el poder: más centrada en la escucha, la mediación y la construcción colectiva.

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Congreso 2022–2026: el mapa político de las mujeres en Senado y Cámara

La actual composición del Congreso evidencia un avance cuantitativo en la presencia femenina, pero también revela una distribución territorial desigual.

Para el periodo 2022–2026, las mujeres ocuparon entre el 28,8% y el 30,1% del Congreso colombiano, es decir, entre 85 y 88 curules de un total cercano a 292–295, según datos de ONU Mujeres y la Misión de Observación Electoral. En el Senado se desempeñaron alrededor de 32 mujeres (30%) y en la Cámara más de 50 (28%), lo que conviertió a este periodo en el de mayor representación femenina en la historia del país, aunque aún por debajo del promedio regional latinoamericano (34,9%) .

Según explicó Óscar Danilo Sepúlveda, coordinador de Igualdad y Diversidad de la Misión de Observación Electoral (MOE), para las elecciones legislativas de 2026 se registra un aumento general del 1,1 % en las inscripciones de candidaturas frente al proceso de 2022. En términos de participación femenina, el porcentaje pasó de 39,8 % a 40,9 % del total de candidaturas inscritas. Así mismo, Sepúlveda advierte que, aunque la cuota de género ha permitido avances graduales, el sistema mantiene una proporción cercana al 60-40 %. “Todavía estamos lejos de un escenario donde las mujeres representen al menos el 50 % de las candidaturas”, señaló en entrevista.

Para Angie Marcela Arias Rodríguez, psicóloga e integrante del equipo técnico de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), especialista en la implementación de protocolos contra la discriminación y la violencia basada en género, el debate no puede reducirse únicamente al cumplimiento numérico. A su juicio, las medidas afirmativas representan un avance necesario, pero resultan insuficientes si no transforman las dinámicas internas de los partidos y las barreras culturales que históricamente han relegado a las mujeres a espacios secundarios.

Rodríguez advierte que, en algunos casos, la cuota puede cumplirse de manera formal sin garantizar posiciones competitivas reales, especialmente cuando las candidatas son ubicadas en los últimos lugares de las listas o excluidas de los espacios de decisión estratégica.

Rodríguez señala, además, que la participación femenina en la política no ha sido una concesión espontánea del sistema, sino el resultado de décadas de movilización social. “Las mujeres hemos tenido que disputar el derecho a estar en lo público. Incluso el derecho al voto es reciente si se analiza en perspectiva histórica”, explica.

A su juicio, la ley de cuotas puede convertirse en un mecanismo meramente simbólico cuando los partidos cumplen formalmente el porcentaje exigido, pero ubican a las mujeres en los últimos lugares de las listas o las relegan a funciones logísticas dentro de las estructuras partidarias. En contraste, destaca que mecanismos como las listas con alternancia de género conocidas como listas cremallera, permiten garantizar ubicaciones competitivas y una posibilidad real de elección.

Advierte también, que las barreras no son únicamente institucionales. Persisten obstáculos culturales y familiares que condicionan la participación política femenina, especialmente cuando las candidatas enfrentan cuestionamientos por asumir liderazgos públicos mientras continúan desempeñando labores de cuidado. “Si no se transforman esas condiciones estructurales, la cuota puede quedarse en el papel”, concluye.

Por otra parte, en materia legislativa, uno de los avances recientes fue la Ley 2453 de 2025, que reconoce y sanciona la violencia política contra las mujeres. Katherine Miranda, quien participó en su impulso, afirma que durante años este tipo de agresiones fueron normalizadas en el escenario público.

“He sido víctima de violencia política por hacer control sin miedo y no doblegarme ante ningún gobierno”, señala y asegura que la ley envía un mensaje claro: la política no puede seguir siendo un escenario de intimidación para las mujeres.

Su testimonio introduce un elemento clave en el análisis: la violencia no solo se expresa en el ámbito doméstico o en los feminicidios, sino también en el terreno simbólico e institucional, donde la deslegitimación y el hostigamiento buscan limitar la incidencia femenina.

A su vez, el coordinador de Igualdad y Diversidad de la MOE, señala: “Tenemos el marco legal, pero falta fortalecer su aplicación, especialmente en la articulación institucional y en los protocolos internos de los partidos”,explicó. Aunque la mayoría de organizaciones políticas ya cuentan con lineamientos para atender estos casos, la MOE insiste en que es necesario evaluar su calidad, seguimiento y efectividad.

Autor: Nicolás Blandón

Los retos del nuevo Congreso

De cara al próximo periodo legislativo, Katherine Miranda advierte que el desafío no es solo aumentar la representación, sino garantizar condiciones reales de permanencia e incidencia. “No basta con que más mujeres lleguen; necesitamos garantías para permanecer, incidir y ser respetadas”, afirma.

Para Óscar Danilo Sepúlveda, de la MOE, el siguiente paso del Congreso deberá ser avanzar hacia la adopción de la paridad como principio rector en la conformación de listas, pero también abordar de manera integral las barreras culturales y estructurales que limitan la participación femenina. “No se trata solo de aprobar más normas, sino de transformar las condiciones que impiden que las mujeres participen y sean representadas efectivamente”, señaló.

El contraste es evidente. Colombia registra hoy el mayor número de mujeres en el Congreso de su historia reciente, pero al mismo tiempo las cifras de feminicidio y de violencia basada en género continúan siendo una alerta permanente. La brecha entre representación política y transformaciones reales en la vida de las mujeres sigue abierta. Es decir, la representación numérica todavía no se traduce plenamente en transformación estructural.

El reto, entonces, va más allá de las curules. Implica convertir esa presencia creciente en liderazgo efectivo, en políticas públicas con enfoque territorial y en garantías reales para que más mujeres participen sin miedo y puedan acceder a justicia sin barreras. La paridad no es solo una meta estadística, sino una condición para fortalecer la democracia.

Si el nuevo Congreso logra articular representación, protección y decisión política, el 8 de marzo dejará de ser solo una fecha simbólica que coincide con elecciones y podrá convertirse en un punto de avance hacia una democracia más inclusiva y equitativa.

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