Redacción CAM
En un hecho inédito para la región, el diario El País puso en manos del Dicasterio para la Doctrina de la Fe un dossier de más de 100 páginas que contiene 21 testimonios contra 24 sacerdotes, religiosos y laicos de ocho países americanos. Colombia, con 13 denuncias, concentra más de la mitad de los señalamientos. El informe revela que las víctimas fueron ignoradas durante años por los obispos locales y que, a pesar de las normas vaticanas vigentes desde el 2001, muchos de estos casos nunca llegaron a Roma.
Redactado por Joseph D. Chacón Q.
Un informe que deja al descubierto el silencio
Representantes del periódico español se reunieron con funcionarios del Vaticano para presentar una investigación que comenzó hace ocho años. El material no solo enumera acusaciones, sino que evidencia una falla estructural en los canales de denuncia internos de la Iglesia católica en América Latina.
Al menos tres de los casos ocurridos en Colombia fueron reportados directamente a obispos locales, pero las advertencias de las víctimas cayeron en un vacío institucional. Ninguno de esos tres expedientes llegó a las autoridades vaticanas, lo que contradice las disposiciones que, desde hace un cuarto de siglo, obligan a reportar estos crímenes a Roma.
Colombia, el país donde más duele la herida
De los 24 acusados en el informe, 13 operaban en territorio colombiano. Las denuncias abarcan desde parroquias de pueblos hasta colegios religiosos. Los testimonios describen abusos cometidos durante confesiones, en actividades pastorales y al interior de comunidades eclesiásticas donde los menores de edad quedaban bajo la custodia de los señalados.
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El informe no menciona nombres de los acusados para no interferir con posibles procesos judiciales, pero sí detalla los mecanismos de encubrimiento que permitieron que algunos de estos religiosos continuaran en sus cargos durante años. En varios casos, las víctimas afirmaron que, tras denunciar ante sus superiores, fueron revictimizadas, desacreditadas o simplemente ignoradas.
Los otros países y la sombra del encubrimiento
Además de Colombia, el informe incluye denuncias contra religiosos y laicos vinculados a la Iglesia en Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela. En total, ocho naciones aparecen en el mapa.
Uno de los hallazgos más graves es que, en la mayoría de estos países, las víctimas nunca recibieron ningún tipo de reparación. Incluso cuando los casos fueron conocidos por las diócesis locales, las respuestas se limitaron a traslados de los acusados o a recomendaciones de silencio. Ninguna de las 24 personas señaladas enfrentó un proceso eclesiástico que terminara en una sanción ejemplar, según la investigación.
La situación contrasta con lo que sucede en Estados Unidos y Europa, donde las conferencias episcopales han implementado protocolos más rigurosos y fondos de compensación para las víctimas.
La falla que viene de lejos: desde 2001 debieron reportarse
Uno de los puntos que más peso tiene en el dossier es la cronología del silencio. Desde el año 2001, la Santa Sede emitió normas que obligaban a todos los obispos y superiores religiosos a reportar cualquier acusación creíble de pederastia al entonces Santo Oficio, hoy Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Sin embargo, en los ocho países analizados, esa obligación fue sistemáticamente incumplida.
El País documentó cómo las cartas de las víctimas se archivaban en gavetas, cómo los canónigos asesores recomendaban no escalar los casos y cómo los obispos preferían resolver los escándalos en privado para evitar daños a la imagen de la institución.
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