Redactado por: María José Castiblanco Guerrero @majocastiblancog.
El 22 de agosto de 2024, el Tribunal Supremo de Venezuela aprobó la reelección de Nicolás Maduro como presidente, confirmando los resultados anunciados por la Comisión Nacional Electoral (CNE). La decisión desató una ola de polémicas y protestas a nivel nacional e internacional por acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición.
El CNE declaró ganador a Maduro con el 52% de los votos, mientras que el candidato opositor Edmundo Gonzáles Urrutia obtuvo el 43%, sin embargo, María Corina Machado, afirmó que su compañero ganó con el 67% de los votos y publicó una copia del acta de la reunión en el sitio web para respaldar su reclamo, pero, el chavismo calificó estas pruebas como “falsificadas.
La controversia se intensificó cuando el TSJ exhortó al CNE publicando los “resultados definitivos”, sin compartir el desglosé a detalle del informe. La máxima corte alegó que el sistema de votación habría sido victima de un ataque cibernético lo que impidió la divulgación completa de los resultados y esta explicación se recibió con escepticismo por parte de la oposición y de la comunidad internacional.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina ignoraron el anuncio de Maduro, calificándolo de falta de transparencia y posible manipulación del proceso electoral. Una delegación independiente de la ONU también cuestiono la imparcialidad del TSJ y el CNE, afirmando que ambas organizaciones han jugado un papel en el aparato represivo del país.
Ante el aval a la reelección, Maduro calificó la decisión de “histórica” y “contundente” y exigió respeto y no injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Sin embargo, la oposición sigue denunciando el caso como “un intento flagrante de encubrir legalmente el fraude”. Urrutia y Machado declararon que consideran “nula” y han llamado a la comunidad a no reconocer el resultado.
Las protestas en Venezuela se han identificado desde el anuncio de los resultados, con manifestaciones que han dejado un saldo de 27 muertos, casi 200 heridos y mas de 2.400 detenidos. Maduro ha acusado a González Urrutia y Machado de incitar a la violencia y promover un golpe de estado y ha pedido que ambos sean encarcelados.
En su decisión, el TSJ declaró en desacato a González Urrutia por negarse a participar en las audiencias en su contra y anunció que trasladaría la decisión al ministro de Justicia para la adopción de las sanciones correspondientes. González Urrutia afirmó que no asistió a la audiencia porque se consideraba “absolutamente indefenso ante su indefensión”.
Las tensiones siguen siendo altas en Venezuela, donde el gobierno disfruta de un enorme apoyo del alto mando de las Fuerzas Armadas y el Parlamento dominado por los chavistas está tratando de aprobar leyes para regular las redes sociales y luchar contra el «fascismo». La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, mientras la oposición continúa luchando por lo que dice es un proceso electoral justo y transparente.
