admin
Redactado por: Michell Pérez.
El aborto en Colombia ha sido un tema controversial y sensible. A lo largo de los años, parte del colectivo de mujeres en el mundo ha luchado desde distintos escenarios para recuperar el derecho de decidir sobre su cuerpo, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta lucha ha dado frutos y ha llevado a cambios significativos en la despenalización del aborto, logrando cambiar la percepción social y legislativa sobre el mismo.
En Colombia, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-055 de 2022, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Este fallo permitió que el aborto se convirtiera en un asunto de salud pública, transformándolo en un derecho absoluto para que las personas gestantes puedan acceder al aborto sin temor a sanciones penales o exponiendo su vida en lugares clandestinos. Posteriormente, el Ministerio de Salud reglamentó este derecho mediante la Resolución 051 de 2023, estableciendo las pautas para garantizar que el acceso a este servicio de salud sea seguro y gratuito.
Pese a estos avances legales, la Superintendencia de Salud (Supersalud) ha detectado que aún persisten barreras que impiden el acceso rápido y seguro a la IVE. De acuerdo con los datos recopilados por la Supersalud entre 2017 y abril de 2024, el 63% de las quejas y denuncias se relacionan con demoras injustificadas, negación del servicio y la exigencia de requisitos no estipulados por la ley por parte de algunas IPS que operan en el sistema.
Según la circular de instrucciones emitida por la Supersalud, las instituciones de salud deben abstenerse de imponer obstáculos o exigir requisitos extras que no están dentro del marco legal. Se establece que el procedimiento no debe retrasarse en ninguna circunstancia y se permite un plazo máximo de cinco días calendario, siempre y cuando esté justificado y registrado en el historial médico.
Las IPS no tienen permitido exigir autorizaciones de representantes para menores de edad, tampoco solicitar exámenes forenses u órdenes judiciales en casos de violencia sexual, y deben evitar juntas médicas innecesarias.
La circular promueve un lenguaje inclusivo para las personas gestantes, incluyendo así a hombres trans y personas no binarias que, en muchos casos, necesitan acceso a este procedimiento.
Estas directrices actuales buscan avanzar en los prejuicios sociales que se tienen sobre el aborto, no solo quitarlo del Código Penal, sino también reducir el estigma cultural y la discriminación que han sufrido las personas al momento de acceder a este derecho.
Editor
