Redacción CAM
Se trata de un documento, con múltiples advertencias técnicas y constitucionales, que pone el foco en un punto sensible: el riesgo que podría implicar para millones de usuarios un cambio estructural en la salud aplicado sin suficiente respaldo operativo.
Redactado por Alexandra Barrios
En un nuevo capítulo del pulso entre el Gobierno y las altas cortes, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026, una decisión que no solo detiene uno de los ejes clave de la política sanitaria actual, sino que vuelve a encender el debate sobre el futuro del sistema de salud en Colombia.
Un decreto que buscaba reorganizar el sistema desde la base
El decreto suspendido, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, planteaba una transformación profunda en la manera en que operan las Entidades Promotoras de Salud (EPS). La lógica del Gobierno era clara: pasar de un sistema fragmentado, con múltiples aseguradoras compitiendo en los mismos territorios, a un modelo más concentrado, territorial y poblacional.
En términos concretos, esto significaba limitar cuántas EPS podían operar en cada municipio, dependiendo del número de habitantes, y exigirles un porcentaje mínimo de afiliados para mantenerse activas. La apuesta era, según el Ejecutivo, lograr mayor eficiencia, reducir costos administrativos y fortalecer la red pública. Pero esa reorganización tenía un efecto inmediato: el traslado masivo de afiliados.
Seis millones de usuarios en el centro de la polémica
Uno de los puntos que más pesó en la decisión judicial fue el impacto directo sobre los usuarios. De acuerdo con la demanda presentada por la representante Katherine Miranda, la implementación del decreto implicaría el traslado de más de seis millones de personas entre EPS.
No se trataba de un ajuste menor. Era, en la práctica, una reconfiguración del mapa completo del aseguramiento en Colombia. El problema, según el Consejo de Estado, es que un movimiento de esa magnitud no puede hacerse sin garantías claras sobre la capacidad de respuesta del sistema. Y ahí es donde aparecen las mayores dudas.
Nueva EPS, el ojo del huracán
Dentro del rediseño planteado, una de las entidades que más crecería sería la Nueva EPS. El decreto permitía que esta aseguradora recibiera cerca de 2,6 millones de nuevos afiliados, lo que la llevaría a superar los 14 millones en total y a convertirse en dominante en cientos de municipios.
Sin embargo, el fallo es enfático en señalar que esta entidad enfrenta serios problemas financieros y operativos. Actualmente, la Nueva EPS se encuentra bajo intervención de la Superintendencia de Salud, con indicadores que generan preocupación: déficit en reservas, patrimonio negativo y un aumento significativo en las quejas de los usuarios.
Para el tribunal, concentrar aún más afiliados en una entidad con estas debilidades no solo es riesgoso, sino que podría agravar los problemas existentes en la prestación del servicio.
Un punto clave: la libre escogencia
Más allá de lo técnico y financiero, la decisión judicial también se detiene en un tema de fondo: los derechos de los usuarios. El Consejo de Estado advierte que el decreto afectaría la libre escogencia, uno de los pilares del sistema actual.
En varios municipios, la aplicación de la norma dejaría a los ciudadanos con una sola EPS disponible, lo que en la práctica elimina la posibilidad de cambiar de aseguradora frente a fallas en la atención. Desde la perspectiva constitucional, esto representa una limitación fuerte a un derecho, que además, según el fallo, no está suficientemente justificada.
¿Reforma necesaria o riesgo innecesario?
Desde el Gobierno, la narrativa es distinta. El Ministerio de Salud y Protección Social ha defendido el decreto como una medida necesaria para corregir la fragmentación del sistema, especialmente en zonas rurales donde la operación de múltiples EPS resulta ineficiente.
También ha insistido en que el modelo permitiría generar economías de escala, optimizar recursos y fortalecer la red hospitalaria pública, al exigir que una mayor proporción de los servicios se contrate con hospitales del Estado. El problema es que, para el alto tribunal, estos beneficios no están respaldados por estudios técnicos suficientes que garanticen su viabilidad en el corto plazo.
Un freno con efectos inmediatos
La suspensión del decreto tiene consecuencias claras y directas:
- Se detienen los procesos de traslado de afiliados que ya estaban proyectados.
- Se congelan las nuevas reglas de operación territorial para las EPS.
- Se mantiene el modelo actual mientras se resuelve de fondo la demanda.
Además, esta decisión se suma a medidas previas adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que refuerza el cerco judicial alrededor de la reforma.
El sistema de salud, otra vez en el centro del debate
Lo que deja este fallo no es solo un decreto suspendido. Es, sobre todo, una discusión abierta sobre cómo transformar el sistema de salud sin poner en riesgo a quienes dependen de él. Colombia lleva años enfrentando tensiones entre cobertura, calidad y sostenibilidad financiera. Y cada intento de reforma termina chocando con esos mismos dilemas.
Por ahora, millones de usuarios seguirán donde están. Pero la pregunta de fondo sigue vigente: ¿cómo hacer cambios estructurales en el sistema de salud sin que el ajuste lo terminen pagando los pacientes?
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