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Redactado por: Naidelith Zamora.
En Colombia, el flagelo de la violencia contra las mujeres continúa en aumento, con más de 50,300 casos de agresiones reportados hasta la fecha, según el Instituto Nacional de Salud. Esta cifra refleja una creciente vulnerabilidad de las mujeres ante actos de violencia que van desde amenazas hasta feminicidios.
Lorena Villamaría, señala con preocupación el incremento de estos casos: “Cada día aumenta más la cifra y las mujeres nos vemos cada vez más vulnerables ante la violencia», afirma Villamaría.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha revelado que cuatro de cada diez feminicidios en el país son cometidos por parejas, exparejas, familiares o conocidos de las víctimas. Esta estadística resalta la necesidad urgente de un enfoque más robusto en la protección de las mujeres por parte de las autoridades.
José Joaquín, un ciudadano, expresa su preocupación frente a esta problemática: «Es una tristeza grande; no se debe presentar ninguno de estos casos, porque uno tiene mamá, hijas, hermanas. No me gustaría que maltraten a ningún ser querido para mí».
En Bogotá, se han registrado 14,000 casos solo en 2024, lo que ha generado un descontento generalizado respecto a la respuesta de las autoridades. Tatiana Díaz, crítica la falta de soluciones y apoyo: «No se ve soluciones o apoyo, entonces para mí es mejor que nos unamos más entre mujeres. Al final, no hacen nada; es una situación triste».
La ONU Mujeres identifica los principales actos de violencia contra las mujeres como amenazas, feminicidios, desapariciones involuntarias y esclavitud sexual. Stefani Velásquez comparte una preocupación global: «En el mundo somos muchas mujeres y hoy en día no nos podemos sentir seguras debido a la inseguridad».
Adriana Carrillo, experta en derechos humanos, destaca las fallas del sistema judicial colombiano: «Todo el aparato de justicia en el país tiene falencias y seguirá haciendo falta cultura, educación e intervención para abordar esta problemática».
Colombia continúa esforzándose por mitigar este grave problema a través de políticas públicas como el Plan Integral contra la violencia hacia las mujeres (2012) y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011), el desafío persiste y la efectividad de estas medidas sigue siendo objeto de debate y análisis.
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