Redacción CAM
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra 168 personas y entidades por un presunto esquema de lavado de activos y desvío de recursos del sistema de salud. El informe señala que el monto comprometido asciende a $5 billones y que parte del dinero habría sido rastreado hacia cuentas internacionales.
Redactado por Alexandra Barrios
UIAF denuncia presunto desfalco de $5 billones en el sistema de salud
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) radicó oficialmente ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal sustentada en un informe de inteligencia superior a las 130 páginas, en el que expone la existencia de una presunta estructura dedicada al desvío masivo de recursos públicos del sistema de salud colombiano.
La investigación, dirigida por el director de la entidad, Wilmar Mejía, identifica a 168 actores que habrían participado en operaciones relacionadas con lavado de activos y movimientos financieros destinados a ocultar el destino final de los recursos. De acuerdo con las conclusiones preliminares, el monto involucrado asciende a $5 billones.
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La red identificada por la UIAF estaría integrada por 83 profesionales de la contaduría vinculados como contadores o revisores fiscales, 17 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), 43 personas jurídicas y 25 personas naturales, entre las que se encuentran representantes legales y miembros de juntas directivas. Adicionalmente, tres entidades financieras permanecen bajo observación por operaciones fiduciarias consideradas opacas por los investigadores, mientras que una unión temporal también aparece dentro de las estructuras analizadas.
Así operaba el presunto esquema de triangulación financiera
Según el informe, la organización habría operado mediante una modalidad conocida como integración vertical de facto, en la que un grupo reducido de personas conformaba conglomerados empresariales con familiares y allegados para canalizar recursos desde las EPS hacia IPS relacionadas con los mismos beneficiarios.
Posteriormente, el dinero era movilizado mediante fiducias de inversión y transferencias nacionales e internacionales. La UIAF también reportó que dos personas habrían concentrado movimientos financieros por aproximadamente $20.000 millones, buena parte de ellos realizados en efectivo.
Como parte de las indagaciones, la entidad trabaja conjuntamente con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) para rastrear recursos que habrían terminado en cuentas ubicadas en el exterior y determinar quiénes serían los beneficiarios finales de esas operaciones.
Entre las solicitudes hechas a la Fiscalía se encuentra el levantamiento del velo corporativo sobre las 43 sociedades involucradas, con el objetivo de identificar la verdadera estructura empresarial y la ruta del dinero.
Coosalud y Nueva EPS aparecen en los informes de las autoridades
Aunque las autoridades no han revelado oficialmente cuál sería la EPS central relacionada con el desfalco de los $5 billones, diversos informes de inteligencia y auditorías han vinculado a Coosalud y Nueva EPS dentro del conjunto de irregularidades detectadas.
En el caso de Coosalud, las investigaciones señalan el presunto desvío de $206.000 millones para respaldar un crédito privado de Coosalud Inversa S.A.S. Según los hallazgos, Jaime González, quien ejercía funciones tanto en la EPS como en la compañía privada, habría utilizado recursos públicos para garantizar una obligación financiera adquirida con el Banco GNB Sudameris.
Al producirse el incumplimiento del crédito, la deuda fue cobrada mediante recursos de un fideicomiso de la EPS dos días antes de la intervención estatal. Además, la Superintendencia de la Economía Solidaria advirtió sobre la existencia de facturas sin soporte y reportó inconsistencias relacionadas con aportes de los asociados.
Por otra parte, la Contraloría General de la República reportó que Nueva EPS presenta un faltante de $4,9 billones en reservas técnicas y mantiene $13,6 billones en anticipos pendientes de legalizar. El organismo de control también indicó que la entidad no dispone de estados financieros certificados correspondientes a los años 2024 y 2025, situación que impide verificar la información contable y financiera.
Contraloría alerta sobre el deterioro del sistema de salud
La Contraloría también alertó sobre el deterioro financiero de otras EPS. En el caso de Coosalud, los pasivos pasaron de $1,88 billones en 2024 a $6,34 billones en 2025. Asimismo, entidades como Savia Salud y Famisanar presentan indicadores críticos y patrimonios negativos.
Este escenario ha tenido repercusiones sobre la atención a los usuarios. Durante 2025 se registraron más de dos millones de quejas y reclamos, una cifra que representa un incremento del 27,4 % frente al año anterior. La mayoría de las inconformidades estuvo relacionada con demoras en la entrega de medicamentos, dificultades para acceder a citas médicas y problemas administrativos en la prestación de servicios.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, manifestó que las intervenciones forzosas implementadas en algunas entidades no han logrado estabilizar el sistema y que, por el contrario, varios indicadores financieros muestran un incremento de los pasivos.
Respuesta de Coosalud y controversia con el Gobierno
El presidente Gustavo Petro ha mantenido una postura crítica frente a algunos directivos de las EPS y ha realizado señalamientos públicos relacionados con presuntos hechos de corrupción. Estas declaraciones derivaron en sanciones judiciales por desacato, que incluyeron multas equivalentes a entre 10 y 15 salarios mínimos por no retractarse de afirmaciones realizadas contra Jaime González.
Entretanto, Coosalud EPS rechazó las acusaciones sobre supuestos envíos de recursos hacia paraísos fiscales y aseguró que la totalidad de sus operaciones se realizan a través de la cuenta maestra de la ADRES. La entidad también solicitó ser reconocida como víctima dentro del proceso, argumentando que las actuaciones atribuidas a su exasesor Mario Andrés Urán fueron independientes y ajenas al conocimiento de la administración.
Los próximos pasos de la investigación
Dentro de las acciones solicitadas por la UIAF se encuentra la apertura de investigaciones por los delitos de peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Asimismo, la entidad pidió el levantamiento del velo corporativo de las 43 sociedades involucradas para identificar a sus beneficiarios finales.
Igualmente, solicitó la adopción de medidas cautelares para congelar cuentas bancarias, patrimonios y operaciones fiduciarias relacionadas con el caso, con el propósito de impedir la movilización de recursos mientras avanzan las investigaciones.
Con la denuncia ya radicada, será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar las responsabilidades penales y establecer el alcance de un caso que, de acuerdo con la información recopilada por la UIAF, involucra uno de los mayores montos investigados por presunto desvío de recursos públicos en la historia reciente del sistema de salud colombiano.
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