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Más de 30,000 mineros han iniciado un paro indefinido en Colombia, bloqueando vías en Antioquia, Córdoba, Chocó, Bolívar y Santander. La protesta surge por incumplimientos del gobierno de Gustavo Petro, que según los manifestantes, no ha garantizado la formalización del sector minero, crucial para proteger los derechos y la seguridad de los trabajadores.
Uno de los puntos más controvertidos en el paro minero en Colombia es el decreto 1035 de 2024, que permite a la Fuerza Pública incautar maquinaria amarilla usada en actividades mineras. Los mineros argumentan que esta medida podría afectar al 70% de las unidades productivas del sector, poniendo en riesgo la principal fuente de ingresos de miles de familias.
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El epicentro del paro minero en Colombia
El municipio de Caucasia se perfila como el epicentro de las protestas del paro minero en Colombia, donde se concentran muchos mineros tradicionales y la producción de oro. Según Rubén Darío Gómez Cano, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, esta región es estratégica debido a su conexión con vías hacia la Costa Atlántica. Además, el diálogo entre el gobierno y los mineros está estancado, según Lizeth Osorio, presidenta del Comité Por la Vida y la Formalización Minera, quien denuncia incumplimientos en promesas de reubicación y formalización.
Las movilizaciones del paro minero en Colombia han afectado el tránsito en diversas vías, con bloqueos en carreteras clave como la Sogamoso-Tunja y la Manizales-Medellín. Sin embargo, los líderes del paro han habilitado un corredor humanitario para permitir el paso de personas vulnerables. A medida que se intensifican las protestas, la administración local ha implementado medidas de seguridad, como la prohibición de ciertas actividades y el despliegue de policías para gestionar la situación.
Por su parte, el gobierno ha reiterado su disposición al diálogo para abordar las demandas de los mineros, pero hasta ahora no ha habido respuesta positiva de los convocantes del paro. En un comunicado, se destaca el compromiso del gobierno por impulsar una minería sostenible que respete el derecho a la protesta, mientras busca soluciones a los desafíos históricos que enfrentan las comunidades mineras.
Redacción CAM
