
En una decisión que ha generado un fuerte debate en Colombia, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la nulidad de las sentencias T-430 de 2022 y T-158 de 2023 relacionadas con el aborto en el país. Esta resolución se fundamenta en el desconocimiento del precedente y de la cosa juzgada constitucional establecida en la Sentencia C-055 de 2022 y da paso a presentar una nueva ponencia para determinar si el aborto es un derecho en el país.
La Sentencia C-055 de 2022, emitida por la Corte Constitucional, había generado un precedente relevante en el tema del aborto en Colombia al establecer las condiciones en las cuales se permite el aborto en el país, pero no estableció si este era un derecho o no. La nulidad de las sentencias T-430 y T-158, que se habían dictado posteriormente, se argumenta en el hecho de que no se respetaron los criterios establecidos en la histórica norma.
La decisión de declarar la nulidad de estas sentencias fue apoyada por la mayoría de los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Sin embargo, cuatro magistrados salvaron su voto. Los magistrados Antonio José Lizarazo, Jorge Enrique Ibáñez, Cristina Pardo y Paola Andrea Meneses fueron quienes emitieron salvedad en su decisión.
Tanto la sentencia T-430 como la T-158 establecían determinaciones sobre la salud sexual y reproductiva de comunidades indígenas toda vez que estás habían sido presentadas por padres o tutores de dos menores de edad que habían sido abusadas sexualmente.
Comunidades proaborto en el país habían expresado su inconformidad con estos fallos, indicaban que se abría la posibilidad de generar barreras administrativas y de normatividad que ponían en riesgo lo expresado en la Sentencia C-055
El fallo de la Corte Constitucional pone de manifiesto la complejidad y la controversia que rodean el tema del aborto en Colombia y resalta la importancia de que el país continúe debatiendo y reflexionando sobre las políticas y regulaciones relacionadas con este asunto.
Ahora el magistrado José Fernando Reyes deberá presentar una nueva ponencia en la cual argumente lo expuesto en la determinación de 2022 y en la cual se establezcan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia y se determine de una vez si el aborto hace parte de estos.