Redaccion Cartagena
En una movilización institucional para reordenar la oferta turística y salvar los amenazados ecosistemas marinos del Caribe colombiano, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y la directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), Sandra Bessudo, lideraron la sesión de instalación del denominado Comité Pro Islas.
El encuentro de trabajo reunió en la capital bolivarense a los mandos de la Dirección General Marítima (Dimar), la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Policía Nacional. La mesa técnica interinstitucional trazó una hoja de ruta de choque orientada a endurecer el control sobre el zarpe marítimo, frenar las construcciones ilegales y restaurar los arrecifes de coral en los archipiélagos del departamento.
Descentralización del control de zarpes
Islas del Rosario en zona insular de Cartagena de Indias
Uno de los principales ejes del plan de acción radica en cortar la evasión en el recaudo de las tasas de ingreso a las áreas marinas protegidas. Actualmente, la verificación del pago se concentra en el Muelle de La Bodeguita —donde se recaudaron $4.693 millones de pesos durante el periodo 2025—, dejando un amplio margen de descontrol en marinas privadas y embarcaderos informales.
La estrategia contempla desplegar un esquema de inspección y fiscalización que abarcará 18 puntos de salida a lo largo de la bahía y el litoral cartagenero, soportado en plataformas de recaudo digital e inspecciones aleatorias en mar abierto por parte de la Dimar y la Guardacostas.
“Cartagena tiene una riqueza natural extraordinaria que debemos proteger con decisiones y acciones concretas. El crecimiento del turismo tiene que ir de la mano con el orden, el cumplimiento de las normas y la conservación de nuestros ecosistemas. Por eso, estamos articulando a las instituciones para que la protección de las islas sea una responsabilidad compartida”, afirmó el alcalde Dumek Turbay Paz.
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Boyas de amarre y tope a la capacidad de carga en Cholón y Barú
Las entidades firmantes del Comité Pro Islas acordaron un plazo de 30 días para presentar el primer balance de resultados operativos
En materia de conservación marino-costera, el Comité estableció medidas de ingeniería y ordenamiento territorial para detener el anclaje indiscriminado sobre praderas de pastos marinos y arrecifes coralinos:
Instalación de boyas de amarre y recuperación y fondeo de un nuevo sistema de boyado para evitar que las anclas de yates y lanchas sigan destruyendo el lecho coralino.
Límite de capacidad de carga y evaluación e implementación de aforos máximos en puntos críticos de alta presión turística como Cholón, Las Mantas, Luis Guerra y la isla de Tintipán.
Intervenciones de choque contra infracciones y operativos conjuntos de la ANT, Cardique y la Fiscalía contra ocupaciones ilegales del espacio público marítimo, vertimientos de aguas servidas, contaminación auditiva y tala de mangle en Playa Blanca, Playetas, las Islas del Rosario, Barú y el archipiélago de San Bernardo.
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Evaluación de resultados a 30 días
La península de Barú y su joya de la corona, Playa Blanca, se han convertido en el escenario de una prolongada disputa donde colisionan la preservación ecosistémica
Las entidades firmantes del Comité Pro Islas acordaron un plazo de 30 días para presentar el primer balance de resultados operativos, con indicadores de inmovilización de embarcaciones irregulares, restitución de bienes de uso público y efectividad en el recaudo ambiental. La meta del gobierno local y las autoridades ambientales es consolidar un modelo de turismo sostenible que no comprometa la supervivencia de los Parques Nacionales Corales del Rosario y de San Bernardo.
La península de Barú y su joya de la corona, Playa Blanca, se han convertido en el escenario de una prolongada disputa donde colisionan la preservación ecosistémica, los derechos de las comunidades étnicas, la ambición de grandes desarrolladores inmobiliarios y la proliferación descontrolada de ocupaciones irregulares. Lo que por décadas se proyectó como un santuario ecológico de arenas blancas y bosques de manglar es hoy un ecosistema bajo constante presión antropogénica y un entramado de disputas territoriales de difícil resolución.
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Ecosistemas al borde del colapso
La franja de Playa Blanca —inserta parcialmente dentro del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo— padece un severo deterioro hidro-sedimentológico y biológico impulsado por la sobreexplotación turística e infraestructura artesanal no planificada.
Vertimientos directos y contaminación debido a la ausencia de redes de alcantarillado e infraestructura básica ha derivado en la presencia de pozos sépticos improvisados, los cuales filtran aguas servidas hacia el freático y el mar, afectando la calidad del agua y propiciando la mortandad de pastos marinos.
Presión sobre la línea de playa por la construcción de quioscos, cabañas y restaurantes de madera a escasos metros de la pleamar ha alterado la dinámica de transporte de sedimentos, acelerando los procesos de erosión costera.
Tala de mangle y afectación a la fauna en sectores como Playetas y el sistema de caños de Barú, la fragmentación del bosque de manglar para la extracción de madera o la adecuación de parqueaderos ilegales ha destruido el hábitat de cría de especies marinas y aves migratorias.
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