Redacción CAM
Redactado por Sara Barón Corzo
La coyuntura económica del país sumó un nuevo capítulo determinante tras confirmarse que, debido a un vicio de trámite en el Congreso de la República, el Ejecutivo optó por expedir mediante decreto el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2027, fijándolo en un monto total de 634,9 billones de pesos.
El anuncio, entregado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, oficializa un drástico ajuste fiscal que representa un recorte de casi 70 billones de pesos frente a las proyecciones iniciales. Este reajuste se suma al anterior tijeretazo de 13,8 billones de pesos aplicado mediante el Decreto 1585 al presupuesto en ejecución de 2026.
Foto: CNN español
Austeridad y disciplina fiscal: la justificación del Ejecutivo
Durante su intervención ante el sector empresarial, el vicepresidente Restrepo sostuvo que la promulgación del presupuesto por decreto busca enviar una señal contundente de disciplina y frenar el derroche fiscal. Según el alto funcionario, las finanzas públicas no pueden sostenerse sobre el endeudamiento excesivo.
«Esto significa un compromiso con eliminar todo ese exceso de gasto público para este año, y para el próximo año tiene que implicar por lo menos un ajuste de casi 70 billones de pesos… Ninguna nación del mundo ha logrado crecer sobre la base del sobreendeudamiento ni el derroche fiscal. Ese mecanismo no funciona en un país serio y responsable», enfatizó Restrepo.
Asimismo, el Gobierno cuestionó el incremento del gasto burocrático que según las cifras oficiales superó el 40 % en el cuatrienio anterior, señalando que la directriz central es recortar el funcionamiento de los ministerios y entidades estatales.
Foto: El Colombiano
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Las tres rutas de reactivación y la asignación de recursos
A pesar del recorte general, el plan del Ejecutivo contempla la inyección de recursos específicos orientados a atender emergencias y dinamizar sectores clave:
- Atención al terremoto y vivienda: Para mitigar los estragos dejados por el reciente movimiento telúrico, el Estado destinará inicialmente 1,7 billones de pesos, los cuales se combinarán con beneficios tributarios y el mecanismo de obras por impuestos bajo tres rutas de acción: reconstruir, reactivar y crecer.
- Inversión privada y seguridad jurídica: La estrategia busca eliminar la inestabilidad regulatoria en la actividad constructora y aliviar los costos de financiamiento para atraer capitales nacionales e internacionales.
- Metas de crecimiento: El objetivo macroeconómico del Ejecutivo apunta a llevar al país a un ritmo de expansión del 6 %, apalancado en la eficiencia estatal, el talento, la energía y la financiación.
Luces y sombras: entre el rigor técnico y la controversia legislativa
Mientras que los gremios económicos han recibido con mesura los incentivos a la inversión privada y la contención del gasto, la expedición del presupuesto por decreto continúa generando profundas fricciones políticas. Los sectores de oposición y críticos en el Congreso advierten que una reducción de esta magnitud cercana a los 70 billones de pesos limita el debate democrático sobre las partidas sociales y abre la puerta a nuevas demandas de inconstitucionalidad ante las altas cortes, dejando el futuro fiscal de la nación en una tensa cuerda floja jurídica y económica
Foto: El Espectador
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