
Redactado por: Naidelith Zamora.
Desde la mañana del 14 de agosto, la región del San Juan en Chocó se encuentra en un estado de emergencia debido al paro armado indefinido declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La medida, que afecta a varios municipios del departamento, ha provocado el confinamiento de unas 50.000 personas y una severa crisis humanitaria agravada por los enfrentamientos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
El caos prevalece en los ríos San Juan, Sipí y Cajón tras el anuncio del ELN sobre un paro armado indefinido en la subregión del San Juan. Esta decisión, tomada por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, entró en vigor desde la medianoche del 11 de agosto en respuesta al incremento de los conflictos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Sin embargo, El ELN ha señalado en un comunicado que la violencia en la región se debe a la colaboración de los paramilitares del ‘Clan del Golfo’ con las Fuerzas Militares y de Policía, quienes, según el grupo guerrillero, facilitan su movimiento y operaciones. Esta situación ha intensificado los enfrentamientos y ha provocado una serie de desplazamientos y restricciones en la movilidad de los habitantes locales.
Jaison Mosquera, alcalde de Itsmina, uno de los municipios más afectados, reporta que la violencia en la región ha resultado en seis desplazamientos masivos recientes. «Nadie sale, nadie se puede mover, porque la orden que han dado es que la embarcación que se mueve, se atiene a las consecuencias. Hay miedo, hay pánico, incertidumbre”, agrega el alcalde a quien le han reportado las comunidades rurales que ya no tienen comida y que no pueden salir a pescar o cazar por temor de quedar en el fuego cruzado», explica Mosquera.
Por su parte, Jairo Murillo, alcalde de Sipí, confirma que su municipio ha sido severamente afectado por la presencia de grupos armados ilegales. «Es que cuando se decretan esos paros, la movilidad se frena toda en el río Sipí, en el río San Juan y Litoral del San Juan, o sea, cuando se decretan los paros estos municipios que son todos por agua, ahí se frena todo», afirma Murillo.
El Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) ha reportado que la crisis humanitaria comenzó el 6 de julio, cuando 188 personas fueron desplazadas. Según el FISCH, estos eventos subrayan el deterioro de la seguridad y el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la región.
Además de los desplazados, cerca de 119 familias de las comunidades Cañaveral, San Agustín y Buenas Brisas en Sipí están actualmente confinadas. A pesar de la presencia de la Fuerza Pública, la magnitud del conflicto supera los recursos disponibles, especialmente en las zonas más afectadas como Chambacú, Buenas Brisas, San Agustín y Barranconcito.
Para finalizar, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó, estima que alrededor de 50.000 personas en seis municipios están sufriendo las consecuencias de esta crisis. La situación continúa empeorando, intensificando la crisis humanitaria que azota al departamento desde hace varios meses.