
En un fallo clave para la política colombiana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) negó la solicitud presentada por los abogados del presidente Gustavo Petro, quien buscaba medidas provisionales para frenar la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre presuntas irregularidades en su campaña presidencial.
Este pronunciamiento, emitido el 28 de noviembre de 2024, debilita significativamente la narrativa del mandatario sobre un posible «golpe blando» en su contra y refuerza la autoridad del CNE en su labor de fiscalización electoral.
La solicitud de Petro y el rechazo de la Corte IDH
El presidente Gustavo Petro había apelado a la Corte IDH a mediados de octubre, justo después de que el CNE anunciara que abriría una investigación por la presunta violación de los topes de financiamiento durante su campaña electoral.
En su solicitud, los abogados del presidente argumentaban que la investigación del CNE violaba el fuero constitucional del mandatario y ponía en riesgo sus derechos políticos, así como los de sus electores.
De acuerdo con la defensa, cualquier sanción derivada de esta investigación podría desencadenar la pérdida del cargo de Petro, lo que, según ellos, constituiría una grave vulneración de los derechos políticos del presidente.
Sin embargo, la Corte IDH desestimó este argumento, señalando que el CNE no tiene facultades para restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente.
El tribunal internacional subrayó que, a diferencia de otros casos previos en los que se había pronunciado sobre el «fuero integral» de Petro, la situación actual no guardaba relación con la sentencia emitida en 2020, que había protegido al mandatario frente a la inhabilitación impuesta por la Procuraduría cuando era alcalde de Bogotá. En su fallo, la Corte IDH aclaró que la investigación del CNE no afecta ni puede limitar los derechos políticos del presidente.
¿Qué implica este rechazo para Gustavo Petro?
Este fallo representa un fuerte golpe para la estrategia legal de Petro, que había utilizado el argumento del «golpe blando» para movilizar la opinión pública y restar legitimidad a la investigación del CNE.
La negativa de la Corte IDH refuerza la competencia del CNE y le otorga un respaldo importante en su función de garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos electorales del país.
El pronunciamiento de la Corte refuerza la separación de poderes y reafirma que las instituciones electorales en Colombia cuentan con la facultad para investigar y sancionar posibles irregularidades, independientemente de la posición del presidente en funciones. De esta manera, el Tribunal dejó claro que los procedimientos del CNE no están exentos de supervisión y que, por el momento, el proceso judicial sigue su curso sin interferencias de organismos internacionales.
El contexto de la investigación del CNE
La investigación del CNE contra la campaña de Gustavo Petro está centrada en una presunta violación de los topes de financiamiento electoral, una cuestión clave en el marco de la transparencia en los procesos democráticos. El CNE, como órgano encargado de regular las finanzas de las campañas presidenciales, tiene la facultad de iniciar investigaciones y, en caso de encontrar pruebas de irregularidades, imponer sanciones, que pueden incluir desde multas hasta la pérdida del derecho a ejercer cargos públicos, en casos extremos.
En este contexto, la solicitud de medidas cautelares de Petro se basaba en la premisa de que cualquier sanción derivada de esta investigación podría interpretarse como una violación de sus derechos políticos, pues, según su defensa, la posible inhabilitación sería contraria a su fuero presidencial. Sin embargo, la Corte IDH falló en contra de esta interpretación, dejando claro que la función del CNE no pone en peligro el mandato presidencial.
¿Qué sigue para Gustavo Petro?
Con este revés en el ámbito internacional, la posición de Gustavo Petro se ve debilitada en su enfrentamiento con las autoridades colombianas. Aunque aún le quedan recursos legales dentro del sistema judicial nacional, el fallo de la Corte IDH representa un obstáculo significativo en su intento por frenar la investigación del CNE. El presidente deberá ahora enfrentar el proceso administrativo abierto por el CNE, lo que podría derivar en consecuencias legales que impacten su imagen y la de su gobierno.
Este caso pone de relieve la creciente tensión entre la administración de Petro y las instituciones encargadas de velar por la legalidad del proceso electoral en Colombia. A medida que avance la investigación del CNE, el mandatario podría enfrentarse a nuevas dificultades en su lucha por mantener la credibilidad de su gobierno, mientras se define la legalidad de las finanzas de su campaña presidencial.
La Corte IDH ha dado un claro mensaje sobre la independencia de los organismos electorales y la necesidad de que las autoridades colombianas sigan el debido proceso en la investigación de posibles irregularidades en las campañas.
El rechazo a la solicitud de Petro no solo valida el actuar del CNE, sino que también debilita la narrativa del presidente sobre una supuesta conspiración en su contra.
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