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El 28 de julio de 2024, se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, cuyo resultado ha sido cuestionado tanto por la oposición como por diversos organismos internacionales. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador, el proceso electoral ha sido marcado por una serie de irregularidades que han alimentado las acusaciones de fraude y manipulación.
A seis meses de las elecciones, el CNE aún no ha publicado los resultados oficiales ni las actas de votación, generando una creciente desconfianza sobre la transparencia del proceso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe donde concluyó que la reelección de Maduro carece de «legitimidad democrática». Según el organismo, el proceso electoral estuvo plagado de opacidad, represión y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, lo que impide considerar los resultados como válidos. La CIDH denunció que el régimen de Maduro utilizó «prácticas de terrorismo de Estado» para silenciar a la oposición y mantener el control político.
Violaciones a los Derechos Humanos y represión postelectoral
El informe de la CIDH detalla una serie de violaciones a los Derechos Humanos que ocurrieron durante y después de las elecciones. Se documentaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias.
A lo largo de las protestas y manifestaciones que siguieron a los comicios, las fuerzas de seguridad del Estado, junto con grupos paramilitares, llevaron a cabo una represión violenta contra los opositores y la sociedad civil, con el objetivo de infundir terror y frenar cualquier intento de movilización contra el régimen.
Según la CIDH, más de 300 manifestaciones fueron reprimidas por el régimen, lo que resultó en muertes, detenciones y una creciente atmósfera de miedo en el país. En este sentido, el informe de la CIDH afirma que «la represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes». Las fuerzas de seguridad también realizaron allanamientos sin orden judicial y llevaron a cabo detenciones masivas, lo que violó los derechos de miles de ciudadanos.
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El desafío de la oposición y la tensión política
En medio de estas tensiones, varios líderes de la oposición han denunciado fraude electoral y se han comprometido a luchar por el regreso a la democracia en Venezuela. Edmundo González, un candidato opositor, ha comenzado una gira internacional para denunciar los resultados y se ha reunido con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para obtener apoyo. González ha asegurado que los resultados de las elecciones, según las actas que logró recopilar la oposición, lo posicionan como el verdadero ganador de los comicios con un 67% de los votos.
Por otro lado, María Corina Machado, otra líder opositora, ha convocado a manifestaciones para el 9 de enero, un día antes de la juramentación de Maduro para su tercer mandato. La respuesta del régimen ha sido el despliegue masivo de fuerzas de seguridad y el aumento de las restricciones para cualquier tipo de protesta. La situación política en Venezuela se encuentra en un punto de máxima tensión, con ambas partes llamando a movilizaciones en las calles, lo que podría derivar en un nuevo ciclo de violencia política.
La respuesta internacional y las recomendaciones de la CIDH
El informe de la CIDH también subraya que la situación política y de derechos humanos en Venezuela es el resultado de una «cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder». En este sentido, el organismo internacional insta a la comunidad internacional a «mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas» y activar todos los canales diplomáticos e institucionales para promover el regreso de la democracia en el país.
La CIDH recomendó al gobierno venezolano cesar inmediatamente las prácticas de represión política y liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente. Además, pidió que se publiquen las actas de votación, se permita una auditoría electoral independiente y se restablezca la independencia de los poderes públicos. También hizo un llamado a la Corte Penal Internacional para que evalúe la posibilidad de presentar cargos por crímenes de lesa humanidad en contra de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
La reelección de Nicolás Maduro se desarrolla en un contexto de serias preocupaciones sobre la transparencia electoral y el respeto a los derechos fundamentales en Venezuela. La CIDH, junto con otras organizaciones internacionales, ha documentado múltiples abusos y ha instado a la comunidad internacional a tomar medidas para garantizar que el país retorne a un camino democrático. Mientras tanto, la oposición continúa desafiando los resultados y exigiendo la restauración del orden constitucional, mientras que el régimen de Maduro mantiene una postura firme en su control sobre las instituciones del país.
La situación en Venezuela sigue siendo incierta, con un clima de creciente represión y polarización. La comunidad internacional continúa observando de cerca los desarrollos políticos y las violaciones de derechos humanos en el país, esperando que las presiones internas y externas puedan llevar a una resolución pacífica y democrática de la crisis.
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Redacción CAM
