Corte Suprema mantiene acusación contra Benedetti por contratos de más de 1.000 millones en caso Fonade

Por: Daniela Cifuentes Gómez

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso que presentó el abogado del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la decisión de acusarlo por el delito de tráfico de influencias en el reconocido caso de Fonade.

Esta decisión, que ratifica su calidad de acusado, marca un nuevo capítulo en la investigación que involucra al exsenador en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), un caso que lo vincula al direccionamiento de contratos por más de 1.000 millones de pesos a favor de la empresa Certicámaras.

Un caso de tráfico de influencias

La investigación se centra en su presunta participación en un entramado que también involucra a los exsenadores Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quienes ya han sido procesados en el marco de este caso.

Aunque la Corte Suprema envió el expediente a la Fiscalía tras su nombramiento como embajador en Venezuela, la Sala de Instrucción decidió mantener el caso bajo su jurisdicción, al considerar que los hechos estaban relacionados con su actividad parlamentaria.

Lea también: De la cordialidad a los señalamientos: el quiebre entre Benedetti y Luis Carlos Reyes

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema encontró pruebas suficientes para acusarlo por el delito de tráfico de influencias, aunque descartó imputarle el cargo de interés indebido en la celebración de contratos, como había solicitado la magistrada Cristina Lombana, quien lideró la investigación.

Benedetti en la mira judicial

Cabe recordar que, en marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia anunció que seguiría investigando a Benedetti por el escándalo de Fonade, al determinar en aquel entonces que los hechos por los cuales se le investiga sucedieron en su condición de congresista de la República.

La Sala de Instrucción concluyó que Benedetti tenía una posición de poder significativa en Fonade y que su intervención fue consciente de su ilegalidad.

Según el tribunal, el entonces senador actuó en beneficio de un tercero, desbordando los límites de su investidura y dejando de lado el interés general.

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