Redacción CAM
Escrito por Mariana Murcia
La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las antiguas Farc-EP por hechos relacionados con violencia sexual, esclavitud sexual, violencia basada en género y persecución contra la población civil durante el conflicto armado colombiano. La decisión fue anunciada el 9 de noviembre de 2026 y hace parte de las investigaciones adelantadas en el Caso 11.
De acuerdo con la información presentada por la JEP, los antiguos integrantes de la guerrilla fueron identificados como máximos responsables de diferentes conductas delictivas, tanto por su posición de mando dentro de la organización como por su participación directa en algunos de los hechos investigados.
Entre los crímenes atribuidos se encuentran violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento forzado de población civil. También se incluyeron delitos de lesa humanidad como persecución, asesinato y traslado forzoso de personas.
La decisión representa un avance dentro del proceso judicial que busca esclarecer las violencias cometidas contra mujeres, niñas, niños y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas durante el conflicto armado.
Foto JEP
La investigación tuvo en cuenta los testimonios de 743 víctimas
Uno de los aspectos centrales de la decisión de la JEP es el número de personas que participaron en el proceso de acreditación. La investigación se construyó a partir de los relatos de 743 víctimas, cuyos testimonios permitieron identificar diferentes patrones de violencia y establecer las responsabilidades de los antiguos integrantes de las Farc-EP.
Del total de personas acreditadas, 573 son mujeres, incluidas 18 personas trans; 81 son hombres, seis de ellos trans. Además, 272 víctimas eran niñas o niños cuando ocurrieron los hechos.
Para desarrollar la investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad también recopiló 80 informes presentados por organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, así como las versiones entregadas por 54 comparecientes de la antigua guerrilla.
Estos elementos permitieron reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones, identificar a los posibles responsables y comprender cómo se utilizaron diferentes formas de violencia contra la población civil.
La JEP identificó dos patrones de violencia durante el conflicto
Dentro de los resultados de la investigación, la Jurisdicción Especial para la Paz identificó dos patrones principales de violencia.
El primero corresponde a las agresiones sexuales cometidas contra mujeres, niñas y adolescentes civiles por el hecho de ser mujeres. El segundo está relacionado con la violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
Según la investigación, estas conductas no fueron hechos aislados, sino que estuvieron relacionadas con dinámicas de control social y territorial ejercidas por las estructuras de las antiguas Farc-EP en diferentes regiones del país.
La JEP también documentó situaciones en las que la violencia sexual habría sido utilizada como mecanismo de castigo contra personas señaladas de colaborar con grupos enemigos, incumplir órdenes de la organización armada, oponerse al reclutamiento forzado o negarse a pagar extorsiones.
La investigación encontró que, aunque existían disposiciones internas de la guerrilla que prohibían las agresiones sexuales contra civiles, estas no fueron suficientes para impedir los hechos ni garantizar mecanismos efectivos de prevención y sanción.
Foto JEP
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¿Qué sigue en el proceso contra los 11 excomandantes?
Después de la imputación, los 11 comparecientes cuentan con un plazo de 20 días hábiles para manifestar por escrito si reconocen o no los hechos y las responsabilidades que les fueron atribuidas.
Por su parte, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público disponen de 85 días hábiles para presentar sus observaciones frente a la decisión judicial.
La JEP también ordenó a los comparecientes ampliar la información sobre los hechos concretos que les fueron imputados, con el propósito de avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.
En caso de que los antiguos comandantes reconozcan su responsabilidad y aporten información suficiente, la Jurisdicción podrá convocar una Audiencia de Reconocimiento de Verdad, en la que deberán responder ante las víctimas y el país.
Si, por el contrario, niegan su responsabilidad, los casos podrán ser trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para continuar el procedimiento adversarial. En esa vía, de encontrarse responsabilidad penal, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
Foto El Dorado
Un proceso para esclarecer las violencias contra la población civil
La investigación hace parte del Caso 11 de la JEP, abierto en 2023, que busca esclarecer los hechos de violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y agresiones por prejuicio relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género durante el conflicto armado.
La decisión también pone en evidencia las dificultades que enfrentaron durante años las víctimas para acceder a la justicia. Según los datos presentados por la Jurisdicción, de 2.222 procesos relacionados con violencia sexual y de género atribuidos a las Farc-EP en la justicia ordinaria, el 91 % no llegó a juicio y el 78 % no superó las etapas iniciales de investigación.
Con esta imputación, la JEP busca avanzar en la identificación de los máximos responsables, esclarecer los patrones de violencia y garantizar que las víctimas tengan participación en las decisiones judiciales.
El proceso continuará con las respuestas de los comparecientes y las observaciones de las víctimas, en una etapa que será determinante para establecer los siguientes pasos dentro de la investigación.
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