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Redactado por: Kenia Heredia
El pasado lunes 18 de marzo, las autoridades indígenas entraron en alerta tras presenciar un nuevo ataque contra una líder de la comunidad, por la arremetida del fúnebre de Carmelina Yule, perpetuado por las disidencias de las FARC, las responsables de su muerte, por una intervención de la lideresa que evitaría el reclutamiento de un menor.
Ante estos acontecimientos, el domingo 17 de marzo, el presidente Gustavo Petro suspendió el cese al juego con las disidencias de Iván Mordisco en 3 departamentos del país, a través del decreto 0385, firmado por el Ministerio de Defensa, ordenando “la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales a partir de las 12:00 A.M. del día 20 de marzo de 2024 en contra de las estructuras del Estado Mayor Central de las FARC-EP presentes en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca”.
En consecuencia, a estos ataques, como el sucedido el pasado martes 19 de marzo, nuevamente en contra de un líder de la comunidad, el consejero mayor del CRIC, Yesid Conda, aseguró que “esta situación va a traer represalias, algunas arremetidas contra las autoridades, contra la guardia, contra la organización del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Ya se habla de denuncias sobre algunos planes pistola en contra de líderes y lideresas de la guardia indígena”.
El Consejo Regional Indígena del Cauca, presionados por el temor a seguir perdiendo integrantes de su comunidad, intensificó las medidas de seguridad en sus zonas, armándose con bastones para liberar el territorio de toda publicidad alusiva a los grupos armados, con la intención de evitar el control territorial de las disidencias.
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