Redacción CAM
Redactado por Juan Sebastián Camacho
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a un paro nacional de 24 horas para el jueves 19 de noviembre de 2026, en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Congreso de la República. La jornada busca reunir a trabajadores, organizaciones sindicales y diferentes sectores sociales para exigir cambios en la iniciativa, que contempla modificaciones tributarias, laborales y administrativas.
El anuncio fue realizado por Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT, quien cuestionó varias de las medidas incluidas en el proyecto de ley 477 de 2026, radicado en la Cámara de Representantes. Según la organización sindical, los cambios podrían aumentar los gastos de los hogares, modificar los aportes de los trabajadores a salud y afectar miles de empleos en el sector público.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para reducir el déficit fiscal, reorganizar las finanzas del Estado y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. La discusión se concentra principalmente en quiénes asumirían los mayores costos de los ajustes económicos y cuáles serían sus consecuencias para los trabajadores y las empresas.
Foto de Revista Semana
¿Por qué la CUT convocó al paro nacional del 19 de noviembre?
La convocatoria fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT después de revisar el contenido de la Ley de Rescate Económico. La central sindical considera que varias de las medidas propuestas trasladan una mayor carga económica a los trabajadores y las familias de ingresos medios y bajos, mientras contemplan beneficios tributarios para las empresas.
Por esta razón, la organización decidió convocar una jornada de movilización de 24 horas para solicitar el retiro o la modificación de los artículos que generan mayor preocupación.
Fabio Arias Giraldo ha señalado que los cambios tributarios podrían afectar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y aumentar los gastos mensuales de los hogares. También pidió al Gobierno abrir espacios de diálogo para revisar el contenido de la iniciativa antes de que avance su aprobación en el Congreso.
La CUT espera que la movilización reúna a diferentes sectores sociales y sindicales en las principales ciudades del país. Su intención es ejercer presión sobre el Ejecutivo y las bancadas parlamentarias para que se revisen las disposiciones cuestionadas.
El proyecto 477 de 2026 comenzó su discusión en las comisiones económicas del Congreso de la República. Por ahora, sus artículos corresponden a propuestas del Gobierno y todavía pueden recibir modificaciones, adiciones o eliminaciones durante los debates legislativos.
Esto significa que los cambios tributarios y laborales anunciados no están aprobados definitivamente. La CUT busca que sus cuestionamientos sean considerados antes de las votaciones correspondientes en la Cámara de Representantes y el Senado.
Cambios en el IVA: los alimentos y el servicio de internet
Uno de los principales motivos de rechazo de la CUT está relacionado con las modificaciones propuestas al impuesto al valor agregado (IVA).
El proyecto plantea aplicar la tarifa general del 19% a determinados productos de primera necesidad que actualmente están exentos o cuentan con una tarifa reducida del 5%.
De aprobarse esta disposición, algunos alimentos y bienes de la canasta familiar tendrían un incremento en su carga tributaria. Para la organización sindical, esto podría repercutir en los gastos cotidianos de las familias, especialmente en aquellas que destinan una parte importante de sus ingresos a la compra de productos básicos.
La reforma también propone eliminar la exclusión del IVA para los servicios de conexión a internet de los estratos 1, 2 y 3. En consecuencia, estos usuarios pasarían a pagar la tarifa general del 19%.
La CUT considera que esta modificación encarecería el acceso a internet para los hogares de menores ingresos y aumentaría sus gastos mensuales.
Aportes a salud y cajas de compensación: ¿qué cambiaría?
Otro de los puntos que genera diferencias entre el Gobierno y las organizaciones sindicales tiene que ver con las contribuciones de los trabajadores al sistema de salud.
La iniciativa plantea modificar gradualmente los porcentajes de cotización a partir de 2027, dependiendo del salario de cada empleado.
La propuesta establece que los trabajadores que reciban hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes mantendrían su aporte actual del 4%. Sin embargo, quienes tengan ingresos superiores a ese monto experimentarían un incremento progresivo.
El ajuste podría alcanzar una cotización del 8% para las personas que devenguen entre 20 y 25 salarios mínimos.
La CUT cuestiona esta modificación porque considera que aumentaría las obligaciones económicas de determinados grupos de trabajadores y reduciría sus ingresos disponibles.
El proyecto también contempla disminuir los aportes que realizan los empleadores a las cajas de compensación familiar, pasando del 4% actual al 3%.
Estos recursos financian programas y servicios sociales para los trabajadores afiliados y sus familias, incluidos los subsidios de cuota monetaria.
Frente a esta propuesta, la CUT advirtió que la reducción podría afectar la financiación de los beneficios destinados a más de 4,8 millones de trabajadores afiliados.
Este es otro de los motivos por los que la organización sindical solicita modificaciones al proyecto, pues considera que los cambios podrían repercutir en los servicios sociales que reciben los empleados y sus familias.
Foto de Pulzo
Beneficios para las empresas y nuevas inversiones
Mientras la reforma plantea incrementos tributarios para algunos productos y trabajadores, también incluye reducciones de impuestos para el sector empresarial.
Una de las principales propuestas consiste en disminuir la tarifa general del impuesto de renta para las personas jurídicas, que pasaría del 35% al 31%.
Además, el proyecto contempla la creación del régimen RUGE, mediante el cual las nuevas inversiones que se acojan a este esquema tendrían una tarifa preferencial del 20% en el impuesto de renta durante 16 años.
A esto se suma un cronograma para eliminar gradualmente el impuesto al patrimonio hacia 2031.
El Gobierno sostiene que estos beneficios buscan incentivar la inversión y fortalecer la actividad económica. Sin embargo, la CUT cuestiona que se planteen reducciones tributarias para las empresas mientras otros sectores tendrían que asumir mayores obligaciones económicas.
Esta diferencia en el tratamiento tributario es uno de los argumentos centrales de la organización sindical para oponerse al contenido de la reforma.
Empleo público: preocupación por posibles recortes y reestructuraciones
La Ley de Rescate Económico también incluye medidas relacionadas con la reorganización de las entidades estatales y la reducción del gasto público.
Uno de los artículos solicita al Congreso otorgar facultades extraordinarias al presidente Abelardo de la Espriella durante seis meses. Estas atribuciones permitirían adelantar procesos de supresión, fusión, reestructuración o privatización de entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional.
El Gobierno plantea estas medidas como parte de su estrategia para reducir los gastos institucionales y reorganizar la administración pública.
Sin embargo, la CUT manifestó su preocupación por las consecuencias que podrían tener estos cambios sobre los trabajadores estatales. Fabio Arias señaló que aproximadamente 700.000 empleos públicos podrían estar expuestos a eventuales procesos de reestructuración.
La central sindical aclaró que esta cifra corresponde a una estimación de los puestos de trabajo que podrían verse afectados y no a un plan de despidos que actualmente esté ejecutando el Gobierno.
La iniciativa también establece dos metas de reducción del gasto estatal:
- Para 2027: disminuir en un 50% la contratación mediante prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
- Para 2028: aplicar un recorte nominal del 20% al presupuesto general destinado a los gastos de personal de las entidades públicas.
Estas medidas buscan reducir los recursos destinados al funcionamiento del Estado. No obstante, la CUT advierte que podrían limitar las oportunidades de contratación y afectar a quienes trabajan para las entidades públicas mediante contratos de prestación de servicios.
Foto de La Opinión
¿Qué argumentos tiene el Gobierno para defender la reforma?
El Gobierno de Abelardo de la Espriella sostiene que la Ley de Rescate Económico responde a la necesidad de reorganizar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal y garantizar que el Estado pueda cumplir sus obligaciones económicas.
Según la administración, los cambios tributarios y los recortes en el gasto institucional permitirían avanzar hacia un mayor equilibrio fiscal y mantener la confianza de los mercados internacionales.
En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró la presentación del proyecto ante el Congreso y destacó la intención de consolidar el equilibrio de las finanzas públicas.
Frente a las críticas por el posible incremento del IVA en productos de la canasta familiar, voceros del Gobierno señalaron que la iniciativa contempla fortalecer el mecanismo de devolución de este impuesto.
La propuesta consiste en entregar transferencias monetarias directas a millones de ciudadanos pertenecientes a los estratos de menores ingresos, con el propósito de compensar parcialmente el impacto de los cambios tributarios.
De acuerdo con la explicación oficial, este mecanismo permitiría reducir las consecuencias económicas de la ampliación del gravamen sobre las familias en condición de vulnerabilidad.
Sin embargo, la CUT mantiene sus cuestionamientos y considera que las medidas tributarias deben modificarse antes de continuar con el trámite legislativo.
¿Qué pasará con el paro nacional del 19 de noviembre?
La CUT mantiene la convocatoria a una jornada nacional de movilización de 24 horas para el jueves 19 de noviembre de 2026. La organización busca reunir a trabajadores, sindicatos y colectivos sociales para expresar su rechazo a los artículos de la Ley de Rescate Económico.
La principal exigencia de la central obrera es que el Gobierno retire o modifique las disposiciones relacionadas con el IVA, los aportes a salud, las cajas de compensación, los beneficios tributarios empresariales y la reorganización del empleo público.
Por ahora, el proyecto continúa su discusión en el Congreso y sus artículos todavía pueden cambiar durante los debates parlamentarios.
La jornada de protesta se desarrollará en medio de las diferencias entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales sobre la distribución de las cargas económicas de la reforma. Las decisiones que se adopten en el Legislativo y las posibles modificaciones al articulado serán determinantes para conocer el futuro de la
Síguenos en Instagram y mantente informado de las noticias que están haciendo historia. ¡Construyamos juntos el debate sobre los hechos más significativos!
