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El Ministerio de la Igualdad y la Equidad, liderado por Francia Márquez, presentó una objeción al proyecto de ley «Mamá Cuentas Contigo» (No. 158 de 2022 Senado – 189 de 2023 Cámara), que busca proporcionar kits con pañales, productos de higiene y ajuares a mujeres embarazadas en condiciones de vulnerabilidad. La objeción se basa en dos principales puntos de constitucionalidad: la exclusión de personas gestantes trans y no binarias, y la exigencia de controles prenatales como requisito para acceder al kit.
El ministerio argumentó que el proyecto de ley, al referirse exclusivamente a «mujeres» gestantes, omite a personas trans y no binarias que también pueden gestar y tener necesidades similares. Según la ministra Francia Márquez, esta exclusión viola el principio de igualdad consagrado en la Constitución y desconoce el enfoque de género integral que debe contemplar a todas las personas gestantes, independientemente de su identidad de género.
Además, la objeción se extiende al requisito de que las personas gestantes deben haber realizado al menos cuatro controles prenatales para ser elegibles para el kit. El ministerio argumenta que esta condición es desproporcionada y puede ser inalcanzable para aquellas personas que enfrentan barreras geográficas, económicas o culturales para acceder a los servicios de salud. Este requisito, según el ministerio, también podría vulnerar la autonomía de las personas gestantes que eligen prácticas de cuidado prenatal alternativas basadas en sus culturas o creencias.
El gobierno señaló que el acceso a controles prenatales es una responsabilidad del Estado y no de las personas gestantes, conforme al artículo 43 de la Constitución, que garantiza asistencia y protección especial durante y después del parto. La exigencia de controles prenatales, por lo tanto, podría ser considerada inconstitucional por imponer una carga injusta a quienes ya están en situaciones de vulnerabilidad.
Con base en estos argumentos, el Gobierno de Gustavo Petro devolvió el proyecto de ley a la Presidencia del Congreso para que se realicen las modificaciones necesarias que subsanen los vicios de constitucionalidad. La propuesta deberá ser revisada y ajustada para cumplir con los estándares constitucionales antes de poder recibir la sanción presidencial y convertirse en ley.
Redacción CAM
