Aida Merlano deberá ir a la cárcel y pagar su condena por fuga de presos y uso de menores en actos ilícitos. Foto:redes sociales Aida Merlano

El Tribunal Superior de Bogotá emitió una decisión contundente en segunda instancia, confirmando la condena de 13 años y 10 meses de prisión para Aída Victoria Merlano Manzaneda, por su participación como coautora en el delito de uso de menores en la comisión de delitos agravado y como cómplice en el delito de fuga de presos.

Estos cargos están relacionados con los eventos que rodearon la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo el 1 de octubre de 2019, desde un consultorio odontológico en el norte de Bogotá.

Además de la pena de cárcel, el magistrado revocó el beneficio de prisión domiciliaria otorgado en primera instancia, reforzando así la contundencia de la medida solicitada por la Fiscalía General de la Nación en este caso.

Vale la pena recordar los detalles de la fuga de la excongresista. Durante una cita odontológica en el Centro Médico de la Sabana el pasado 1 de octubre de 2019, propiedad del odontólogo Mauricio Arango Izasa, Aida Merlano Rebolledo estaba acompañada por sus hijos. Durante este tiempo, se alega que Aida Victoria y su hermano menor de edad facilitaron los elementos necesarios para que su madre llevase a cabo su fuga, incluyendo una soga y guantes, que introdujeron en un maletín negro. Este maletín fue dejado en el baño del consultorio dental por el hijo menor, el cual más tarde fue recogido por Merlano Rebolledo y lo llevó consigo al lugar donde se realizaba el procedimiento.

Una vez a solas con sus hijos en el consultorio, Merlano Rebolledo presuntamente utilizó la soga para descender desde una ventana del tercer piso del edificio, materializando así su evasión de las autoridades. Estos hechos, meticulosamente desentrañados durante el juicio, han sido determinantes para la condena dictada contra Aída Victoria Merlano Manzaneda por su participación en el delito de fuga de presos y el uso de menores de edad para cometer actos ilícitos, lo que ha llevado a la revocación del beneficio de prisión domiciliaria otorgado inicialmente.

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