Redacción CAM
El Congreso de la República avanza en la definición del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, cuyo monto propuesto asciende a $634,9 billones de pesos, equivalentes al 29,9 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Redactado por Alexandra Barrios
Las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes deben establecer el monto de la ley de apropiaciones antes del 15 de septiembre de 2026, mientras el trámite completo tiene como fecha límite el 20 de octubre.
Congreso retoma el debate del Presupuesto General de la Nación
La discusión del presupuesto para 2027 tomó una nueva dirección después de que el Congreso devolviera el proyecto presentado inicialmente el 11 de agosto de 2026. La decisión no se registraba desde 2003 y obligó al Gobierno a presentar una nueva propuesta.
El primer proyecto contemplaba un presupuesto de $575,7 billones y fue presentado durante la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, después de su devolución, el Gobierno encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó el 27 de agosto una segunda versión.
La nueva propuesta elevó el presupuesto en $59,2 billones. Según el Ministerio de Hacienda, el aumento busca incorporar obligaciones y necesidades de gasto que no estaban plenamente contabilizadas en el proyecto inicial. La cartera denominó la nueva iniciativa como el “presupuesto de la verdad”.
El Congreso deberá definir primero el monto de las apropiaciones dentro del plazo establecido para las comisiones económicas y posteriormente completar el trámite legislativo de la ley.
¿Cómo se distribuirán los $634,9 billones del presupuesto?
El proyecto presentado para 2027 contempla tres grandes componentes: funcionamiento, servicio de la deuda e inversión pública. La mayor parte de los recursos corresponde al funcionamiento del Estado. Del total propuesto, $392,6 billones estarían destinados a gastos de funcionamiento. Este componente incluye las obligaciones necesarias para la operación de las entidades y el cumplimiento de diferentes compromisos del Estado.
El segundo rubro corresponde al servicio de la deuda pública, con una asignación de $155,4 billones, equivalente al 24,7 % del presupuesto. Este monto representa un crecimiento nominal del 54,7 % frente a la vigencia anterior. Por otro lado, la inversión pública tendría recursos por $87 billones. El monto se plantea en un escenario de mayores presiones sobre las finanzas públicas y de nuevas necesidades relacionadas con la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026.
Salud, pensiones y subsidios presionan el gasto
Una de las razones señaladas para explicar el incremento de $59,2 billones es la existencia de mayores necesidades de financiación en diferentes sectores. En salud, el proyecto identifica un descalce de $8,2 billones entre los recursos apropiados y las necesidades estimadas del sistema. También se contemplan mayores compromisos asociados con el pago de pensiones y la nómina pública.
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La propuesta incluye además recursos para subsidios de energía y gas, financiación de universidades públicas y $9,6 billones destinados al déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Al mismo tiempo, la nueva versión del presupuesto eliminó $30,2 billones de ingresos contingentes que estaban relacionados con una reforma tributaria que no fue aprobada.
Déficit fiscal y aumento del endeudamiento
El debate presupuestal ocurre mientras diferentes organismos advierten sobre las condiciones fiscales que enfrentará Colombia durante 2027. El proyecto estima un déficit fiscal total de entre 8,2 % y 9,4 % del PIB, lo que representa un saldo negativo de hasta $200,4 billones. El déficit primario, por su parte, se proyecta en 4,5 % del PIB, frente al 0,5 % contemplado inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Foto: @YirleyVargas1
Para financiar las necesidades previstas, el Gobierno requeriría un endeudamiento bruto de $238 billones. El escenario también contempla una disminución nominal de 7,4 % en los ingresos corrientes, mientras los recursos de capital aumentarían 59,6 %, principalmente por el mayor endeudamiento.
CARF advierte sobre la trayectoria de la deuda
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) proyecta que la deuda neta del Gobierno Central llegará al 67,3 % del PIB en 2027. El organismo también señaló que 2027 será el último año de aplicación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal. A partir de 2028, Colombia deberá retornar al mecanismo establecido por la regla fiscal.
Según las estimaciones del CARF, para estabilizar la deuda será necesario alcanzar un superávit primario superior a entre 1,3 % y 2 % del PIB durante el periodo comprendido entre 2027 y 2030. Esto implicaría un ajuste fiscal estimado entre 4 y 5 puntos del PIB.
Debate sobre posibles recortes al presupuesto
Frente al tamaño de la propuesta y las proyecciones fiscales, en el Congreso también se analizan alternativas para reducir el gasto público. Entre las iniciativas planteadas se encuentra una Ley de Rescate Económico, cuyo objetivo sería limitar el crecimiento del gasto. También se discuten medidas relacionadas con la austeridad burocrática, la revisión de contratos de prestación de servicios y los subsidios a los combustibles.
Otra de las alternativas consideradas es la eventual venta de activos estatales como mecanismo para obtener recursos. De acuerdo con los escenarios discutidos, un recorte superior a $40 billones llevaría el presupuesto de 2027 a un monto cercano a los $590 billones.
Congreso debe definir el monto antes del 15 de septiembre
La discusión del Presupuesto General de la Nación 2027 continuará en las comisiones económicas del Senado y la Cámara, que deberán definir el monto antes del 15 de septiembre de 2026.
El proyecto contempla $634,9 billones de gasto, mientras el Congreso analiza posibles modificaciones ante las proyecciones de déficit, endeudamiento y crecimiento de los compromisos financieros del Estado. La aprobación integral de la ley deberá completarse antes del 20 de octubre de 2026.
El resultado del trámite determinará cuánto podrá gastar el Estado colombiano durante 2027 y cómo se distribuirán los recursos entre funcionamiento, deuda e inversión pública.
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