Redactado por Juan Sebastián Camacho
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia al cargo este jueves 5 de noviembre de 2026, en medio de una crisis financiera y política provocada por la intervención y liquidación de Ueno Bank. La decisión se produjo después de varios días de protestas por el congelamiento de los depósitos, cuestionamientos a las autoridades económicas y el avance de una solicitud de juicio político en el Congreso Nacional.
La crisis bancaria, que afecta a cerca de 2,9 millones de clientes, también provocó la salida de integrantes de la cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP) y abrió investigaciones judiciales por presuntas irregularidades financieras. En este escenario, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la Presidencia de la República para completar el periodo de gobierno que termina el 15 de agosto de 2028.
La renuncia de Peña representa un cambio en la dirección del Ejecutivo paraguayo y abre un nuevo escenario institucional, especialmente por la necesidad de resolver la situación de los ahorradores afectados y garantizar la continuidad de las funciones del Estado.
Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia de Paraguay
El mandatario paraguayo comunicó su decisión mediante un mensaje en video publicado en su cuenta oficial de la red social X durante el jueves 5 de noviembre. En su intervención, explicó que su salida del Ejecutivo tenía como propósito contribuir a la estabilidad institucional, preservar la paz social y garantizar el respeto al orden constitucional.
Durante el mensaje, Peña también ofreció disculpas públicas a los ciudadanos por las dificultades que se hubieran presentado durante su administración. Uno de los puntos centrales de su intervención fue la situación de los ahorradores de Ueno Bank, cuyos recursos quedaron bloqueados después de la intervención de la entidad financiera.
El presidente señaló que su prioridad era contribuir a la tranquilidad de las personas afectadas por el cierre del banco. Asimismo, sostuvo que ningún cargo o figura política debía estar por encima de la estabilidad de la República.
La decisión se conoció después de una serie de acontecimientos que incrementaron la presión sobre el Gobierno. Entre ellos se encuentran las movilizaciones ciudadanas en Asunción, las investigaciones de la Fiscalía, las renuncias dentro del Banco Central y la presentación de una solicitud de juicio político contra Peña y su vicepresidente.
¿Qué pasó con Ueno Bank y por qué comenzó la crisis financiera?
El origen de la crisis se remonta al martes 3 de noviembre de 2026, cuando el Banco Central del Paraguay anunció la intervención y disolución de Ueno Bank.
De acuerdo con la información sobre la medida, la decisión se tomó después de detectar que los indicadores de solvencia de la entidad habían caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la legislación bancaria paraguaya.
La intervención tuvo consecuencias inmediatas para los usuarios, debido a que se suspendieron las operaciones de la institución y los clientes dejaron de tener acceso a los recursos depositados en sus cuentas.
Uno de los principales elementos de la crisis fue la cantidad de personas vinculadas a Ueno Bank. La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes y depositantes, una cifra considerable frente a una población nacional aproximada de 6,1 millones de habitantes.
El bloqueo de los fondos generó dificultades para familias, trabajadores y comerciantes que utilizaban la institución para realizar pagos, recibir salarios y administrar sus recursos.
La situación también provocó incertidumbre sobre la estabilidad del sistema financiero. Ante este panorama, el Banco Central y la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) emitieron comunicaciones para aclarar que la intervención de Ueno Bank no representaba una quiebra generalizada del sector.
Ambos organismos señalaron que las demás entidades financieras del país mantenían niveles adecuados de liquidez y solvencia. Con estas declaraciones buscaron diferenciar la situación particular de Ueno Bank del funcionamiento general del sistema bancario paraguayo.
Ante las dificultades de los ahorradores, el Gobierno impulsó la aprobación de una legislación de emergencia para agilizar la devolución de los recursos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.
La propuesta contemplaba mecanismos para cubrir los depósitos de hasta el 98 % de los clientes en un plazo de cinco días hábiles, según los anuncios realizados por el Ejecutivo antes de la renuncia presidencial.
Sin embargo, las medidas no consiguieron detener las manifestaciones ni reducir las presiones políticas sobre el Gobierno. La preocupación de los usuarios se mantuvo debido a la imposibilidad de disponer de sus recursos y a la incertidumbre sobre los procedimientos para recuperarlos.

Foto de BBC
Protestas en Asunción por el congelamiento de los depósitos
La intervención de Ueno Bank también tuvo repercusiones en las calles de Paraguay. Durante dos noches consecutivas, ahorradores y ciudadanos afectados se concentraron en distintos sectores de Asunción para exigir soluciones y la restitución de su dinero.
Las movilizaciones derivaron en enfrentamientos con integrantes de la Policía antidisturbios. Durante los operativos para dispersar las concentraciones, las autoridades utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
Las consecuencias de la suspensión de operaciones también llegaron al comercio y a las actividades económicas cotidianas.
Algunos pequeños comerciantes y usuarios tuvieron que abrir cuentas en otras instituciones financieras para continuar realizando sus operaciones. Otros recurrieron a anticipos salariales con el propósito de cumplir sus compromisos económicos mientras permanecían sin acceso a los fondos depositados en Ueno Bank.
Estas dificultades ampliaron el alcance del problema, que inicialmente estaba relacionado con la situación financiera de una entidad bancaria, pero terminó convirtiéndose en una crisis con repercusiones sociales y políticas.
Fiscalía investiga presuntas irregularidades financieras en Ueno Bank
Paralelamente a la intervención bancaria, el Ministerio Público de Paraguay abrió investigaciones para establecer posibles irregularidades en las operaciones de la entidad.
Como parte de las actuaciones judiciales, la Fiscalía imputó a 27 personas por hechos relacionados con presuntas irregularidades financieras ocurridas entre 2025 y 2026.
Las indagaciones preliminares se concentraron en operaciones crediticias realizadas por Ueno Bank a empresas pertenecientes al mismo grupo económico.
Según los elementos conocidos de la investigación, la institución habría concedido créditos y sobregiros sin cumplir con los análisis de riesgo crediticio y los procedimientos habituales de evaluación bancaria.
Durante el desarrollo de las actuaciones, ocho integrantes de la alta dirección de la entidad se presentaron voluntariamente ante las autoridades fiscales.
Estas investigaciones buscan establecer las circunstancias en las que se realizaron las operaciones financieras y determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas. Las imputaciones corresponden a señalamientos judiciales y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
La crisis también generó cuestionamientos sobre la relación del presidente Santiago Peña con el grupo económico controlador de Ueno Bank.
Sectores de la oposición señalaron que el mandatario había tenido participaciones accionarias e inversiones en el conglomerado empresarial hasta 2025, cuando se habría producido su desvinculación formal.
A estos señalamientos se sumaron críticas por declaraciones anteriores del presidente, en las que habría desestimado advertencias relacionadas con el deterioro de la solvencia de la entidad.
Estos antecedentes alimentaron acusaciones políticas sobre un posible conflicto de intereses y un eventual favorecimiento hacia el banco.
Los cuestionamientos adquirieron mayor relevancia después de conocerse la intervención de la institución y las dificultades que enfrentaron millones de clientes para recuperar sus recursos.

Foto de Bloomberg Línea
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Renuncias en el Banco Central y avance del juicio político
La crisis también provocó cambios en la dirección del organismo encargado de supervisar el sistema financiero paraguayo.
El martes 3 de noviembre presentó su renuncia Carlos Carvallo, presidente del Banco Central del Paraguay. Su salida llamó la atención debido a su trayectoria profesional: antes de llegar a la autoridad monetaria en 2023, había estado al frente de Financiera Ueno, entidad que antecedió a la conformación de Ueno Bank.
Al día siguiente, miércoles 4 de noviembre, también presentó su dimisión Marco Aurelio González, integrante del directorio del Banco Central.
Con estas salidas, el organismo quedó sin el cuórum necesario para desarrollar sesiones válidas de su directorio.
En un intento por reorganizar la institución, Peña remitió al Congreso las propuestas de Raúl Vera Bogado para ocupar la presidencia del BCP y de Pedro Acosta y Edsel González para integrar su directorio. Sin embargo, la situación política continuó deteriorándose.
Solicitud de juicio político contra Peña y Alliana
El miércoles 4 de noviembre, los diputados opositores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, junto con congresistas disidentes de la bancada oficialista, presentaron una solicitud de juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
La iniciativa se fundamentó en el artículo 225 de la Constitución Nacional de Paraguay.
Uno de los acontecimientos que incrementó la presión sobre el presidente fue la decisión de la cúpula de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, de respaldar formalmente la tramitación del juicio político en el Congreso.
La organización partidaria estaba liderada por el expresidente Horacio Cartes, cuya posición tuvo relevancia en el escenario político debido a su influencia dentro del oficialismo.
La pérdida de respaldo de sectores del propio partido de Gobierno, sumada a las movilizaciones y los cuestionamientos por la crisis bancaria, precedió al anuncio de renuncia de Peña.
Pedro Alliana asumirá la Presidencia de Paraguay
Tras la renuncia de Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la jefatura del Ejecutivo paraguayo. Su llegada a la Presidencia permitirá dar continuidad al periodo gubernamental iniciado el 15 de agosto de 2023 y que tiene prevista su finalización para el 15 de agosto de 2028.
Alliana nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú. Antes de iniciar su trayectoria política, integró la selección nacional paraguaya de baloncesto en 1991 y desarrolló actividades comerciales en su región de origen.
Su primera candidatura electoral se produjo en 2006, cuando se presentó para ocupar la intendencia de Pilar. Posteriormente, fue elegido gobernador de Ñeembucú para el periodo comprendido entre 2008 y 2013.
En 2013 llegó a la Cámara de Diputados como representante de su departamento. Fue reelegido para el periodo 2018-2023 y presidió la Cámara durante cuatro periodos consecutivos, entre 2015 y 2022.
Alliana también ha tenido una participación importante dentro de la estructura de la Asociación Nacional Republicana. En abril de 2016 fue elegido presidente de la Junta de Gobierno del partido, responsabilidad que desempeñó durante dos periodos consecutivos hasta enero de 2023.
Dentro de la organización política pertenece al movimiento Honor Colorado, encabezado por el expresidente Horacio Cartes.
En las elecciones generales de 2023 integró la fórmula presidencial junto a Santiago Peña. Ambos llegaron al poder el 15 de agosto de ese año, cuando Alliana asumió la Vicepresidencia de la República.
Sin embargo, su trayectoria también ha estado acompañada de cuestionamientos públicos relacionados con presuntos casos de nepotismo.
Entre los señalamientos se encuentra la contratación de su hija, Montserrat Alliana, en la Cámara de Diputados, situación que generó críticas por la falta de acreditación de un título académico registrado para las funciones asignadas.
También se han mencionado vínculos laborales de otros familiares en distintas instituciones públicas, entre ellos su esposa, la actual diputada Fabiana Souto Ortiz; su cuñado Rodrigo Daniel Souto Ortiz, en la Vicepresidencia, y otros familiares en la Entidad Binacional Yacyretá.
Estos cuestionamientos forman parte de los antecedentes políticos de Alliana, quien ahora deberá asumir la dirección del Ejecutivo paraguayo.

Foto de MDZ Online
¿Qué pasará con la Vicepresidencia de Paraguay tras la renuncia de Peña?
La llegada de Pedro Alliana a la Presidencia generará una vacante definitiva en la Vicepresidencia de Paraguay. Para resolver esta situación, la Constitución Nacional establece un procedimiento específico en su artículo 234.
La norma contempla dos mecanismos diferentes para elegir a quien ocupará el cargo, dependiendo del momento del periodo presidencial en el que se produzca la vacancia.
Si esta ocurre durante los primeros tres años del mandato, corresponde convocar a elecciones populares directas para que los ciudadanos elijan al nuevo vicepresidente.
Por el contrario, cuando la vacancia se presenta durante los dos últimos años del periodo, la responsabilidad de designar al reemplazante recae directamente en el Congreso Nacional.
En el caso actual, el periodo presidencial comenzó el 15 de agosto de 2023 y terminará el 15 de agosto de 2028. Por encontrarse en sus dos últimos años, la elección del nuevo vicepresidente deberá realizarse mediante una votación del Congreso.
La designación requiere una mayoría absoluta de los integrantes del Legislativo, equivalente a por lo menos 63 votos de los 125 parlamentarios que conforman el Congreso paraguayo: 45 senadores y 80 diputados.
La persona elegida permanecerá en el cargo hasta la finalización del actual periodo de gobierno.
Los antecedentes de elección de vicepresidente en Paraguay
El procedimiento establecido en el artículo 234 tiene antecedentes en la historia política reciente del país.
Uno de ellos ocurrió en 2012, después de que Fernando Lugo fuera destituido mediante un juicio político el 22 de junio de ese año. En consecuencia, el entonces vicepresidente Federico Franco asumió la Presidencia.
Como el periodo gubernamental estaba en su etapa final, el Congreso eligió el 28 de junio de 2012 a Óscar Denis Sánchez como nuevo vicepresidente. La designación recibió 84 votos, distribuidos entre 26 senadores y 58 diputados.
Otro antecedente se presentó en 2018, cuando el vicepresidente Juan Afara renunció el 11 de abril para aspirar a un escaño en el Senado.
El 9 de mayo de ese año, el Congreso eligió a Alicia Pucheta, quien se convirtió en la primera mujer en ejercer la Vicepresidencia de Paraguay. Su permanencia en el cargo se extendió hasta el 15 de agosto de 2018, cuando terminó el periodo presidencial.
Los desafíos del nuevo Gobierno paraguayo
La llegada de Pedro Alliana a la Presidencia se produce en medio de una situación que combina dificultades financieras, investigaciones judiciales y tensiones políticas.
Uno de los principales asuntos será atender la situación de los cerca de 2,9 millones de clientes afectados por la intervención de Ueno Bank. La aplicación de los mecanismos de garantía de depósitos y el cumplimiento de los plazos anunciados serán aspectos centrales para los ahorradores.
También será necesario avanzar en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades financieras y establecer las responsabilidades correspondientes, respetando los procedimientos judiciales.
En el ámbito institucional, el nuevo Gobierno tendrá que atender la reorganización del Banco Central del Paraguay y garantizar que el organismo pueda retomar sus funciones de dirección y supervisión del sistema financiero.
A estos asuntos se suma la elección del nuevo vicepresidente, que deberá realizarse mediante el mecanismo previsto en la Constitución.
De esta manera, la renuncia de Santiago Peña y la próxima llegada de Pedro Alliana a la Presidencia marcan un nuevo capítulo en la política paraguaya, en un contexto en el que la recuperación de los depósitos, la estabilidad financiera y la continuidad institucional se encuentran entre los principales asuntos pendientes.
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