Redacción CAM
Redacción Cartagena
El futuro del agua potable y el saneamiento básico en la capital de Bolívar entró a una etapa de alta tensión institucional. Así vael pulso entre el Distrito, Veolia y Acuacar.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, llevó este miércoles 29 de julio, por segunda vez, al Concejo Distrital su propuesta para crear una empresa pública para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, la cual sería un 90 por ciento de la ciudad y un 10 por ciento de un “socio privado estratégico”, según el alcalde mayor.
Foto: Distrito Cartagena
Como respuesta, Veolia y la empresa Aguas de Cartagena (Acuacar), privados que hoy prestan este servicio, advirtieron que las recientes decisiones y la agenda política de la Alcaldía Distrital amenazan la sostenibilidad de la infraestructura hídrica, la estabilidad jurídica y el desarrollo económico de una ciudad de un millón de habitantes que compite globalmente como potencia turística e industrial.
El núcleo de la controversia radica en la intención del Gobierno Distrital de desmantelar el modelo corporativo mixto que opera desde hace 31 años en Cartagena para dar paso a un nuevo operador.
Desde Acuacar —donde el Distrito posee el 50% de las acciones— sostienen que reemplazar una operación con más de tres décadas de conocimiento acumulado por una entidad aún inexistente, con un capital inicial de apenas 10.000 millones de pesos, representa un severo «riesgo operativo».
Esta cifra, según Acuacar, apenas cubriría el 2,2% de los 450.000 millones de pesos en inversiones urgentes que, a juicio de los actuales operadores, requiere el sistema de acueducto y alcantarillado.
«Los problemas del agua de Cartagena se resuelven con capital, planificación e instituciones que funcionen correctamente, no reemplazando al operador que conoce el sistema», enfatizaron voceros de la compañía operadora a CAM.
Foto: Distrito Cartagena
No obstante, los argumentos del burgomaestre están basados en la crisis en el servicio que vienen ofreciendo en los últimos meses Acuacar y Veolia a los cartageneros con cortes sorpresivos y por varias horas en amplios sectores de la ciudad, rupturas constantes y daños de tubos madre; crisis que tocó fondo el pasado mes de mayo cuando Acuacar anuncio que la ciudad tendría cortes diarios programados por sectores.
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De inmediato, la respuesta del Distrito fue una Acción Popular para proteger los derechos de los ciudadanos que dio como respuesta un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar ordenando de suspender los llamados racionamientos rotativos.
“Lo dijimos no para amagar, sino para demostrar que estamos del lado de la gente. Con esta demanda demostramos que la ruptura es total y que vamos hasta las últimas consecuencias para defender los derechos de los cartageneros ante eventuales atropellos a las comunidades más vulnerables. Y frente a ello, como alcalde, como Distrito, nadie puede seguir arrodillado”, Había sostenido el alcalde Dumek Turbay.
Pero el mandatario fue más allá: “Lo que anunciamos en el Concejo sigue igual. Divorcio total y seguimos con el plan de presentar un proyecto de acuerdo para crear una empresa pública para manejar el agua en Cartagena. No podemos seguir tolerando y aguantando más abusos”.
Según el Distrito, la infraestructura de acueducto de la ciudad ha venido experimentando un deterioro progresivo en su operatividad desde el año 2023, cuando iniciaron las fallas recurrentes en la continuidad del suministro, y los cortes intempestivos, bajas presiones alarmantes y deficiencias en las redes de distribución.
Y este año se sumó un factor ambiental grave: la presencia masiva y persistente de microalgas en las fuentes de captación y abastecimiento de agua que impiden, según Acuacar, el paso fluido del líquido vital.
Los argumentos de los privados
Para sustentar la necesidad de mantener el modelo actual y evitar lo que llaman un «paso en falso» administrativo, Veolia y Acuacar expusieron seis puntos esenciales que, a su juicio, deben guiar la discusión pública:
Indicadores de calidad en máximos históricos: Según mediciones recientes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Acuacar alcanzó un Índice Único Sectorial del 94,39%, consolidándose como uno de los más altos del país a pesar de la acelerada expansión urbana no planificada.
Corresponsabilidad en las decisiones: El operador recordó que el alcalde, como presidente de la junta directiva y accionista mayoritario, ha aprobado históricamente los presupuestos y planes de inversión. Frente a los señalamientos de incumplimiento, precisaron que las inversiones comprometidas en la adenda de 2013 ejecutan un 76%, estando el 24% restante en desarrollo para culminar en 2027.
Riesgo para las finanzas y la inversión social: El Distrito recibe el 50% de las utilidades generadas por Acuacar. Un proceso de liquidación o desmantelamiento pondría en riesgo directo estos ingresos fiscales y la financiación de los programas sociales que la empresa ejecuta en las comunidades.
Protección del patrimonio público: Al ser el Distrito dueño de la mitad de Acuacar, cualquier medida que deprecie el valor comercial de la sociedad —como una terminación improvisada— significaría un detrimento directo contra los bienes de la ciudad.
Incertidumbre en el sector industrial y turístico: El suministro continuo es vital para el corredor industrial de Mamonal, la zona portuaria, el sector hotelero y la gastronomía. Voceros del sector recordaron que la liquidación de las antiguas empresas públicas en 1993 dejó una cicatriz en la memoria empresarial, por lo que la seguridad jurídica es clave para mantener la inversión extranjera.
Debido proceso y garantías: La empresa ha hecho uso de recursos legales —como la recusación en el proceso administrativo actual— para garantizar que las decisiones sean tomadas por autoridades imparciales y bajo el rigor de la ley.
No obstante, los titulares de prensa dan cuenta de un servicio público que viene en crisis con cortes inesperados que impactan a más del 30 por ciento de una ciudad que vive del turismo y de la industria.
La providencia del Tribunal Administrativo de Bolívar no solo ordenó la prestación del servicio vital en toda la ciudad, sino que además vinculó directamente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ante una presunta omisión por parte de esta superintendencia en sus tareas de inspección, vigilancia y control institucional.
El Tribunal ordenó puntualmente a la Superintendencia de Servicios Públicos ejercer una interventoría rigurosa y penalizar cualquier incumplimiento, por parte de Veolia y Acuacar, sobre las medidas cautelares de urgencia decretadas en la providencia.
Los privados defienden su gestión en los servicios de acueducto y alcantarillado
El panorama operativo y financiero del conflicto hídrico en Cartagena se define a través de cinco variables clave. Actualmente, la empresa operadora mantiene una estructura accionaria dividida en partes iguales entre el Distrito de Cartagena, con un 50%, y Veolia junto con otros socios privados, poseedores del 50% restante.
En términos de desempeño, la gestión registra una calificación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) del 94,39% en el Índice Único Sectorial, lo que sitúa a la operación en el rango superior del ámbito nacional.
Foto: Distrito Cartagena
La controversia financiera surge ante la propuesta de crear una nueva empresa distrital con un capital inicial de $10.000 millones de pesos colombianos (COP), una suma que representa únicamente el 2,2% frente a la inversión mínima requerida para el sistema, calculada en $450.000 millones de pesos COP. Ante este escenario, la contrapropuesta planteada por Veolia y Acuacar consiste en ejecutar un plan de inversión de $500.000 millones de pesos COP para responder a las necesidades de infraestructura de la ciudad.
Una propuesta de $500.000 millones sobre la mesa
Lejos de cerrar las puertas a la concertación, Veolia y Acuacar reiteraron su disposición de entablar una mesa de diálogo técnico y transparente con el alcalde, el Concejo Distrital, los gremios económicos y las comunidades locales.
Para destrabar el litigio, el operador mantiene vigente una propuesta de inversión por 500.000 millones de pesos destinada a modernizar la infraestructura hídrica del distrito y anticiparse al crecimiento demográfico de la última década. Este plan incluye asumir proyectos que actualmente están en la agenda de implementación del Distrito, lo que liberaría recursos públicos para que la administración los destine a otras necesidades sociales prioritarias.
Mientras se resuelven las acciones administrativas e institucionales, el equipo técnico de Aguas de Cartagena confirmó que la operación del sistema continúa funcionando con total normalidad para garantizar el suministro diario en cada hogar e industria de la capital bolivarense.
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