Estafa millonaria en Bogotá, más de 200 víctimas y un concesionario usado como fachada

Redactado por: Sneider Caldeón

La capital de País vuelve a ser escenario de un escándalo judicial que deja al descubierto cómo la delincuencia organizada utiliza fachadas aparentemente legales para cometer delitos de gran alcance. En esta ocasión, un concesionario se convirtió en el centro de una estafa millonaria en Bogotá que, según la Fiscalía General de la Nación, afectó a más de 200 personas y generó pérdidas que superan los 7.700 millones de pesos.

El caso ha puesto en evidencia la forma en que un grupo de personas, encabezadas presuntamente por Luis Felipe Rodríguez González, habría logrado engañar a decenas de ciudadanos con falsas compraventas de vehículos, aprovechándose de la confianza y la ilusión de cambiar de carro en condiciones ventajosas.

El engranaje de la estafa millonaria en Bogotá

De acuerdo con el ente acusador, Rodríguez González no actuó solo. Lo acompañaban seis presuntos colaboradores identificados como Daniela Alejandra Gómez Vargas, Yireth Patricia Avendaño Vásquez, Jonathan Yesid Hernández, Tania Katherine Galeano Gómez, Ángela Julieth Díaz Delgado y Jonathan Ferney Vergara Vergara. Cada uno de ellos cumplía un rol dentro del entramado que, a simple vista, se mostraba como un concesionario en funcionamiento normal.

El objetivo era claro: dar apariencia de legalidad para ganarse la confianza de los interesados en vender o cambiar su vehículo. Sin embargo, tras las atractivas propuestas, lo que realmente operaba era un esquema de engaño cuidadosamente planeado.

La Fiscalía señaló que entre 2019 y 2024, el grupo contactó a ciudadanos a través de redes sociales y otros canales digitales, ofreciendo la posibilidad de entregar su carro usado y acceder a otro vehículo en mejores condiciones. Para concretar la negociación, los vendedores exigían un pago adicional que rondaba el millón de pesos, supuestamente necesario para cubrir trámites administrativos.

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Promesas que nunca se cumplieron

Confiados en que trataban con un concesionario formal, muchos ciudadanos entregaron no solo su vehículo, sino también el dinero solicitado. No obstante, con el paso de los meses, la realidad se impuso: los carros prometidos nunca llegaron, los recursos tampoco fueron devueltos y los supuestos intermediarios desaparecieron sin dejar rastro.

Algunas de las víctimas denunciaron que incluso sus automotores fueron vendidos varias veces a distintas personas, quienes también terminaron en esta estafa millonaria. La investigación reveló que un mismo vehículo llegó a ser negociado hasta en tres ocasiones, lo que demuestra la magnitud de la operación fraudulenta.

Medidas judiciales

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a los señalados delitos como estafa agravada en masa, concierto para delinquir y uso de documento falso. Aunque ninguno aceptó los cargos, una juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Rodríguez González, considerado el líder del entramado. Los demás procesados permanecerán vinculados al proceso mientras avanzan las indagaciones.

La recuperación de algunos automotores en parqueaderos de Bogotá y Medellín ha permitido fortalecer las pruebas. Estos hallazgos no solo confirman la hipótesis de la Fiscalía, sino que ofrecen a las víctimas una pequeña esperanza de recuperar lo que entregaron en medio del engaño.

Un llamado a la prevención

Más allá de las capturas y las imputaciones, este proceso judicial envía un mensaje de alerta a los compradores y vendedores de vehículos en Colombia. En un mercado donde la confianza juega un papel determinante, la recomendación es siempre acudir a concesionarios reconocidos, exigir documentos en regla y desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser ciertas.

El caso del concesionario del norte de Bogotá se convierte así en un ejemplo doloroso de cómo la ambición y la falta de controles pueden derivar en un fraude masivo, con pérdidas millonarias y un alto costo humano. Ahora, la justicia tendrá la tarea de esclarecer en detalle los hechos y garantizar que los responsables respondan por los delitos cometidos.

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