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Este jueves 12 de diciembre, 37 familias Emberá Chamí (111 personas) retornarán al Resguardo Unificado Chamí, ubicado en Santa Cecilia, Pueblo Rico, Risaralda, tras años de desplazamiento forzado y condiciones vulnerables en Bogotá. Este traslado es coordinado por la Unidad para las Víctimas bajo principios de dignidad, seguridad y voluntariedad.
El traslado incluye un despliegue logístico con tres buses acompañados por profesionales de la Unidad y de la Alcaldía de Bogotá. También se garantizará la seguridad durante el trayecto gracias al apoyo del Ministerio de Defensa, que dispondrá de transporte y vehículos 4×4 para acceder a las zonas más alejadas del resguardo.
Mientras tanto, otras 39 familias Emberá Chamí comenzarán su integración a Bogotá. Estas familias residían en el albergue El Buen Samaritano, donde el 57 % de la población está compuesta por niñas, niños y adolescentes.
La Unidad para las Víctimas proporcionará kits de alimentación y lonas para empacar pertenencias. Asimismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entregará Bienestarina y se realizarán giros de sostenibilidad tras el retorno para garantizar una transición adecuada.
Lilia Solano, directora de la Unidad, destacó el compromiso del Gobierno Nacional y de las autoridades locales en la construcción de soluciones para las comunidades desplazadas. La funcionaria señaló que estos procesos buscan reparar años de postergación de retornos en condiciones dignas y sostenibles.
“Trabajamos intensamente junto con las autoridades territoriales, el alcalde de Pueblo Rico, el alcalde de Pereira y, sobre todo, el Gobierno nacional, que está comprometido con la dignidad de las víctimas y preocupado: años y años de postergación de retornos han dejado una gran cantidad desplazados a la espera de estos retornos en condiciones dignas”, señaló Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas.
Este regreso se suma al retorno de más de 200 familias desde el Parque Nacional hacia el Alto Andágueda, en septiembre, como parte de las iniciativas para garantizar los derechos de las comunidades indígenas desplazadas.
Redacción CAM
