Redacción CAM
Redactado por Sara Barón Corzo
Iván Name vuelve a sacudir el panorama político colombiano tras la decisión del Consejo de Estado de decretar la pérdida de investidura «muerte política» del expresidente del Senado. La medida judicial responde a su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se habrían repartido cerca de 3.000 millones de pesos a cambio de direccionar el trámite de las reformas estructurales del Gobierno.
En medio de este fallo, el nombre de la exsenadora y primera vicepresidenta de la corporación, María José Pizarro, fue mencionado al menos 85 veces en el documento judicial. Ante la controversia, Pizarro salió al paso en entrevista con Blu Radio para desmarcarse categóricamente de cualquier irregularidad.
El fallo judicial para Iván Name y el papel de la Mesa Directiva
Foto: Minuto60
De acuerdo con la providencia de la alta corte, Iván Name se ausentó del 87 % de las sesiones destinadas a la discusión y votación de la reforma pensional. El tribunal consideró que esta cesión reiterada del control del debate hacia la vicepresidencia no contó con una justificación legal o fáctica sólida, constituyendo una pieza clave en el esquema de tráfico de influencias por el cual Name fue sancionado.
A pesar de que bajo la conducción de Pizarro se agilizó el trámite del proyecto normativo mediante herramientas como la votación por bloques, el Consejo de Estado aclaró explícitamente que no la juzga ni la sanciona a ella.
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«Cumplí con mi deber constitucional»: la defensa de María José Pizarro
Durante su intervención en el espacio radial, María José Pizarro argumentó que su actuación respondió de manera estricta a las obligaciones vigentes en el marco legal del Congreso de la República:
- Amparo Constitucional y Ley 5ª: Señaló que el artículo 43 y el artículo 45 del Reglamento del Congreso ordenan de forma taxativa que el vicepresidente (o en su defecto el segundo vicepresidente, rol ejercido por Didier Lobo) debe asumir la conducción de las sesiones plenarias ante la ausencia del presidente.
- Garantías a la Oposición: Explicó que durante las jornadas que presidió, la bancada de oposición tuvo un tiempo de intervención en minutos superior al del propio partido de gobierno, garantizando un debate democrático e incluyente.
- Acuerdos Institucionales Previos: Precisó que la asignación de las dignidades en la Mesa Directiva no obedeció a pactos de coyuntura para aprobar leyes, sino a acuerdos políticos estructurados con antelación al inicio de la legislatura el 20 de julio.
- Rechazo a la «Vieja Política»: Aunque celebró que los organismos de control persigan los hechos punibles y la corrupción dentro del Legislativo, rechazó cualquier pretensión de enlodar su nombre por el simple cumplimiento de los protocolos institucionales.
Diferencias clave entre Iván Name y María José Pizarro
Mientras que Iván Name enfrenta la pérdida de investidura por tráfico de influencias y recepción de prebendas en el marco del escándalo de la UNGRD argumentando en su momento una oposición declarada a las iniciativas del Ejecutivo, la situación de María José Pizarro es sustancialmente distinta.
La exsenadora no cuenta con ningún tipo de sanción ni juzgamiento por parte de la Sala del Consejo de Estado. Su aparición en el expediente se debe exclusivamente a su presencia continuada dirigiendo el debate público, una función que desempeñó amparada en la Ley 5ª de 1992 y bajo el protocolo estrictamente institucional.
Con este pronunciamiento, Pizarro busca reafirmar que la aceleración o moderación de las plenarias constituyó una tarea puramente administrativa e institucional, desvinculándose de los acuerdos oscuros que terminaron apartando a Iván Name del ejercicio político.
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