Redacción CAM
Redactado por Juan Sebastián Camacho
Un grupo de 25 senadores de la República presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General dela Nación contra el creador de contenido Levy Rincón, por presuntos delitos de injuria y calumnia contra la primera dama, Ana Lucía Pineda. La acción judicial, liderada por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, busca que las autoridades evalúen varias publicaciones difundidas en redes sociales relacionadas con el manejo de donaciones destinadas a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
El documento fue dirigido a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, e incluye material digital que, según los denunciantes, debe ser examinado para establecer si las afirmaciones publicadas por Rincón podrían constituir conductas penalmente relevantes. Los congresistas sostienen que los mensajes cuestionados afectan la honra y el buen nombre de la primera dama y solicitan que se determinen las eventuales responsabilidades conforme a la legislación colombiana.
La presentación de la denuncia no constituye una declaración de culpabilidad contra el creador de contenido. Corresponde a la Fiscalía evaluar los hechos, examinar las pruebas aportadas y determinar si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación penal.
Foto de Clombia.com
¿Por qué denunciaron a Levy Rincón ante la Fiscalía?
La denuncia está relacionada con una serie de publicaciones que Levy Rincón habría difundido el 19 de octubre de 2026 en su cuenta de la red social X. Según los argumentos expuestos por los congresistas, los mensajes contenían señalamientos contra Ana Lucía Pineda sobre el manejo y la destinación de recursos provenientes de donaciones para atender a las personas afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto.
De acuerdo con los denunciantes, las publicaciones vincularon a la primera dama con presuntas irregularidades en la administración de esas ayudas y le atribuyeron posibles conductas delictivas. Los parlamentarios consideran que estas afirmaciones deben ser evaluadas por las autoridades para establecer si superan los límites jurídicos de la crítica y la opinión pública.
Entre las expresiones incluidas en el material citado por los promotores de la acción judicial aparece un mensaje dirigido al presidente Abelardo de la Espriella, en el que se hace referencia a su esposa y se le atribuyen supuestas conductas relacionadas con el manejo de recursos.
El texto señalado en la denuncia dice: “Abelardo De La Espriella debería llegar con los tombos a la casa de su esposa y meterla presa. ¡Si tanto le gusta coger bandidos y ladrones que empiece por la rata de Ana Lucía Pineda”.
Los congresistas consideran que este tipo de afirmaciones amerita una revisión judicial, especialmente por la referencia directa a presuntos delitos y por las expresiones utilizadas contra la primera dama. Sin embargo, la valoración sobre el posible carácter injurioso o calumnioso de los mensajes corresponde a las autoridades competentes, a partir de su contenido y del contexto en el que fueron difundidos.
Jota Pe Hernández lideró la denuncia de 25 senadores
La iniciativa fue encabezada por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, quien anunció públicamente la presentación del documento ante la Fiscalía General de la Nación.
Según la información divulgada por el congresista, la denuncia contó con la firma de 25 senadores pertenecientes a diferentes colectividades políticas. Entre los parlamentarios mencionados como firmantes se encuentran Alfredo Deluque, del Partido de La U; Honorio Henríquez, del Centro Democrático; Carlos Eduardo Guevara; Hernán Cadavid, y Fabio Amín.
Hernández también señaló que el oficio fue suscrito exclusivamente por congresistas hombres. En sus declaraciones, explicó que la iniciativa busca solicitar una actuación de las autoridades frente a los mensajes publicados contra la primera dama.
El senador argumentó que las diferencias políticas no justifican, en su concepto, la difusión de acusaciones personales que atribuyan delitos sin sustento verificable. También sostuvo que la discusión debe considerar los derechos a la honra, la dignidad y el buen nombre, junto con las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión.
Solicitud dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo
En el documento presentado ante el despacho de la fiscal general, los congresistas solicitaron revisar el material digital aportado como soporte de la denuncia. Los elementos mencionados incluyen enlaces y capturas de pantalla de las publicaciones que motivaron la actuación.
Durante su pronunciamiento público, Jota Pe Hernández afirmó: “Le estamos solicitando a través de este oficio que haga respetar a las mujeres. Queremos contar con el apoyo de la fiscal general de la Nación para que esto sea un mensaje contundente”.
El senador también publicó un mensaje en el que relacionó la denuncia con la aplicación de las normas sobre violencia contra las mujeres y las posibles consecuencias jurídicas de las expresiones difundidas en plataformas digitales.
La solicitud busca que la Fiscalía determine si los hechos descritos tienen relevancia penal y si existen fundamentos para iniciar las actuaciones correspondientes. La recepción del documento, por sí sola, no significa que se haya abierto formalmente una investigación ni que los delitos señalados estén demostrados.
¿Qué dicen los congresistas sobre la libertad de expresión?
Uno de los argumentos centrales de la denuncia es la diferencia entre la crítica política y las afirmaciones que atribuyen directamente la comisión de delitos a una persona.
Los promotores de la acción judicial sostienen que la libertad de expresión protege el debate público, las opiniones y los cuestionamientos a los funcionarios y figuras públicas, pero consideran que esa garantía no excluye la eventual responsabilidad por expresiones que vulneren derechos de terceros.
En un pronunciamiento difundido en video, Jota Pe Hernández señaló que “la libertad de expresión no excluye la responsabilidad por eventuales vulneraciones de los derechos ajenos”.
A partir de esa posición, los congresistas solicitan que se determine si las publicaciones cuestionadas corresponden a opiniones o críticas protegidas constitucionalmente o si contienen imputaciones que podrían encajar en los delitos de injuria y calumnia.
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Diferencias entre injuria y calumnia
En el ordenamiento jurídico colombiano, la injuria y la calumnia son conductas contempladas en el Código Penal, aunque se refieren a situaciones diferentes.
La injuria está relacionada con expresiones que pueden afectar la honra de una persona. Por su parte, la calumnia consiste en atribuir falsamente a alguien una conducta típica, es decir, un delito.
La determinación de si una publicación encaja en alguna de estas figuras requiere examinar sus palabras, el contexto, las circunstancias de difusión y los demás elementos relevantes para el caso. No toda expresión ofensiva configura automáticamente un delito, del mismo modo que la crítica a una figura pública no excluye por sí misma la posibilidad de responsabilidad jurídica.
Por esa razón, la denuncia presentada contra Levy Rincón plantea una solicitud de evaluación, pero no reemplaza las decisiones que deben adoptar las autoridades judiciales durante el procedimiento.
Antecedente: denuncia contra el caricaturista Matador
La acción judicial contra Levy Rincón se produce después de otros episodios relacionados con publicaciones en redes sociales dirigidas contra Ana Lucía Pineda, en el contexto de las preguntas sobre las ayudas destinadas a los afectados por el terremoto del 10 de agosto.
Entre esos antecedentes figura el caso del caricaturista conocido como Matador, señalado por divulgar un mensaje en el que cuestionó a la primera dama sobre la ubicación de los recursos de ayuda para las personas damnificadas.
En la publicación citada se lee: “Bueno, ratita… ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho, pati raquítica”.
El mensaje generó una reacción de integrantes del Gobierno, incluido el presidente Abelardo de la Espriella y miembros de su gabinete, quienes solicitaron a la Fiscalía que examinara los hechos.
Este episodio comparte con la denuncia contra Levy Rincón el contexto de las controversias públicas sobre las ayudas humanitarias y el uso de expresiones dirigidas contra la primera dama. No obstante, se trata de actuaciones distintas, cuyos hechos y eventuales consecuencias jurídicas deben evaluarse de manera independiente.
¿Qué sigue en el proceso contra Levy Rincón?
Tras la presentación del documento por parte de los 25 senadores, la Fiscalía General de la Nación deberá evaluar los hechos descritos y los elementos digitales entregados por los denunciantes.
La revisión permitirá establecer si existen fundamentos jurídicos y materiales para iniciar una investigación formal por los presuntos delitos de injuria y calumnia. Para ello, será necesario examinar el contenido de las publicaciones, las circunstancias en las que fueron difundidas y los demás elementos que puedan resultar pertinentes.
Hasta el momento, la información suministrada da cuenta de la presentación de la denuncia y de la solicitud de intervención dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo. No se reporta una decisión definitiva de la Fiscalía sobre la eventual responsabilidad penal de Levy Rincón.
Foto de CW
El caso plantea una discusión sobre la protección de la honra y el buen nombre de las personas frente a las expresiones difundidas en redes sociales, así como sobre el alcance de la libertad de expresión en el debate público.
Mientras los denunciantes sostienen que las publicaciones deben ser examinadas por las posibles imputaciones delictivas contra Ana Lucía Pineda, corresponde a la Fiscalía determinar si los hechos tienen relevancia penal. Cualquier decisión deberá adoptarse conforme a la ley y con respeto por las garantías procesales de las personas involucradas.
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