Redaccion Cartagena
La escalada criminal que azota al sur del departamento de Bolívar alcanzó un punto crítico este fin de semana. El casco urbano de Santa Rosa del Sur fue sacudido por un atentado con explosivos dirigido contra el Cantón Militar del Ejército Nacional. El hecho violento encendió las alarmas nacionales sobre el acelerado deterioro del orden público y la profunda vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades rurales en todo el territorio nacional.
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento enérgico en el que rechazó categóricamente la agresión contra la Fuerza Pública y alertó sobre la inminente crisis humanitaria que se gesta en la Serranía de San Lucas, un territorio disputado a sangre y fuego por tres estructuras criminales: Eln, Disidencias de las Farc y Clan del Golfo.
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Una guerra fratricida por el control de la minería y las rutas
De acuerdo con el organismo humanitario, la violencia en la zona responde a una confrontación armada sin tregua entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo (autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia – EGC) y las disidencias al mando de alias Calarcá. Estos grupos ilegales libran una puja violenta por el control territorial, las rentas ilícitas derivadas de la minería ilegal y los corredores estratégicos de narcotráfico que comunican el Magdalena Medio con la costa caribe.
Las cifras oficiales revelan una tragedia humanitaria de proporciones alarmantes en esta región:
Entre mayo y septiembre de 2026, la Defensoría documentó 22 emergencias humanitarias, confinamientos y desplazamientos, que dejaron al menos 11.135 personas afectadas pertenecientes a 4.939 familias en municipios del sur de Bolívar.
Las comunidades rurales sufren constantes restricciones a la movilidad, bloqueos al abastecimiento de alimentos y medicamentos, interrupciones en las actividades escolares y la presencia letal de minas antipersonal sembradas por los actores armados.
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El historial de terror contra la Fuerza Pública
El atentado contra el cantón militar en Santa Rosa del Sur no es un hecho aislado dentro de la estrategia de presión armada de los ilegales contra la institucionalidad y las comunidades. La región arrastra una estela de ataques sistemáticos a estaciones de policía en municipios vecinos.
Entre los antecedentes más graves figuran los hostigamientos contra la estación de Policía de Arenal —atacada el 29 de marzo y nuevamente el 11 de julio de 2026— y el atentado perpetrado el pasado 19 de agosto en Norosí, donde utilizaron drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil, dejando un saldo de ocho policías heridos y poniendo en grave riesgo a la comunidad estudiantil de una escuela aledaña.
Pese a que Santa Rosa del Sur se encuentra amparado bajo la Alerta Temprana 034 de 2023 —cuyo último informe de seguimiento se emitió en agosto del presente año—, la Defensoría denunció con preocupación que la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) aún no ha sido convocada para coordinar medidas efectivas de contención.
Exigencias urgentes al Estado
Ante el inminente riesgo de nuevas afectaciones a la población civil y la flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) mediante el uso indiscriminado de explosivos en zonas pobladas, el organismo de control hizo un llamado perentorio al Gobierno Nacional y a las autoridades locales:
Al Ministerio del Interior: Convocar de manera urgente a la CIPRAT para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de la Alerta Temprana 034 y blindar a la población.
A las autoridades nacionales y regionales: Adoptar dispositivos inmediatos de seguridad y protección tanto en el casco urbano como en los corregimientos y veredas de Santa Rosa del Sur.
A la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía y la Unidad para las Víctimas: Verificar los desplazamientos recientes, activar las rutas de atención humanitaria y garantizar asistencia integral a las familias damnificadas.
A la Fiscalía General de la Nación: Dar celeridad a las investigaciones para esclarecer los recientes homicidios y los ataques terroristas contra la infraestructura militar, judicializando a los responsables.
La Defensoría concluyó advirtiendo que las comunidades del sur de Bolívar no pueden seguir soportando las devastadoras consecuencias de una guerra cuyos riesgos ya habían sido plenamente advertidos al Estado.
Redacción CAM
