Redactado por Juan Sebastián Camacho
La persecución contra la minoría musulmana rohinyá en Myanmar llegó a uno de los momentos más importantes de su historia judicial. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró al Estado responsable de genocidio por las acciones cometidas contra esta comunidad durante las operaciones militares de 2017, una ofensiva que dejó miles de muertos y obligó a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares.
La decisión fue anunciada por el presidente del tribunal, el juez Yūji Iwasawa, y se aprobó con nueve votos a favor y seis en contra. Entre sus principales conclusiones, la Corte determinó que las Fuerzas Armadas de Myanmar actuaron con la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá.
El fallo también estableció que el Estado incumplió su obligación de prevenir el genocidio. Se trata de una decisión con importantes consecuencias para el derecho internacional, pero, sobre todo, de un pronunciamiento judicial sobre una comunidad que durante décadas ha enfrentado discriminación, pérdida de derechos y desplazamiento forzado.
La demanda fue presentada por Gambia en 2019 y contó con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica. Ahora, después de varios años de procedimiento, la CIJ se pronunció sobre la responsabilidad de Myanmar y las pruebas relacionadas con uno de los episodios de violencia más graves contra los rohinyás.

Foto de BBC
¿Quiénes son los rohinyás y por qué llevan décadas siendo perseguidos?
Para entender el alcance de esta sentencia es necesario conocer la historia de la comunidad rohinyá. Se trata de un grupo étnico y lingüístico de religión predominantemente musulmana que habita históricamente en el estado de Rakáin, ubicado en el occidente de Myanmar, territorio que anteriormente era conocido como Arakán.
Su origen ha sido motivo de controversia durante décadas. Mientras los integrantes de esta comunidad sostienen que sus antepasados llegaron a la región hace varias generaciones, las autoridades de Myanmar han defendido la posición de que los rohinyás son descendientes de inmigrantes procedentes de Bangladesh durante el periodo de colonización británica.
Esta disputa no se quedó en una discusión sobre identidad o antecedentes históricos. Con el paso del tiempo, se convirtió en un problema de reconocimiento legal que terminó afectando directamente los derechos de millones de personas.
La ley que dejó a los rohinyás sin ciudadanía
Uno de los momentos determinantes ocurrió en 1982, cuando Myanmar aprobó una nueva Ley de Ciudadanía. La normativa reconoció oficialmente a 135 grupos étnicos, pero dejó por fuera a los rohinyás.
Como consecuencia, buena parte de esta población perdió el reconocimiento legal de ciudadanía y quedó en condición de apatridia. Esto significó que muchas personas no podían acceder a los mismos derechos que otros habitantes del país.
Las restricciones también llegaron a diferentes aspectos de la vida cotidiana. Los rohinyás enfrentaron limitaciones para desplazarse fuera de sus lugares de residencia, dificultades para adquirir terrenos y obligaciones administrativas especiales para contraer matrimonio.
Incluso el registro de nacimientos se convirtió en un trámite complejo para las familias de esta comunidad. Estas medidas profundizaron su exclusión social y económica y contribuyeron a mantenerlos en una situación de vulnerabilidad durante años.
La ofensiva militar de 2017 que obligó a cientos de miles de personas a huir
El conflicto alcanzó uno de sus episodios más graves en agosto de 2017. El día 25 de ese mes, integrantes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán atacaron más de 30 puestos policiales y de seguridad en el estado de Rakáin.
La respuesta de las Fuerzas Armadas de Myanmar fue una serie de operaciones militares denominadas oficialmente como «operaciones de limpieza». En ellas también participaron milicias locales budistas.
Sin embargo, las acciones no se limitaron a enfrentamientos contra los grupos insurgentes. Durante la ofensiva se documentaron ejecuciones, torturas, agresiones sexuales y la destrucción de poblaciones rurales. También se registraron casos de habitantes que murieron calcinados dentro de sus propias viviendas.
Las consecuencias fueron devastadoras para la población civil. Según estimaciones de Médicos Sin Fronteras, al menos 6.700 rohinyás murieron violentamente durante el primer mes de la ofensiva. Entre las víctimas había un mínimo de 730 menores de cinco años.
Por otra parte, las cifras examinadas durante el proceso judicial ante la CIJ situaron en más de 10.000 el número de personas fallecidas como consecuencia de la represión militar.
Pero la violencia también provocó un desplazamiento masivo. Más de 700.000 rohinyás cruzaron la frontera hacia Bangladesh para escapar de las operaciones militares y buscar protección.

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Cox’s Bazar, el lugar donde miles de familias encontraron refugio
El éxodo transformó la situación humanitaria en Bangladesh. En el distrito de Cox’s Bazar se estableció uno de los complejos de campos de refugiados más grandes del mundo, donde actualmente permanece más de un millón de rohinyás.
Las condiciones de vida en estos asentamientos siguen siendo difíciles. El hacinamiento, las carencias estructurales y la falta de condiciones adecuadas para reconstruir sus vidas forman parte de los problemas que enfrenta esta población.
A esto se suman los peligros de las rutas migratorias clandestinas. Los informes humanitarios citados en el proceso registraron cerca de 900 personas muertas o desaparecidas durante travesías marítimas en el último año.
Así, casi una década después de la ofensiva militar de 2017, una parte importante de la comunidad continúa lejos de Myanmar y sin garantías para regresar a sus lugares de origen.
Las pruebas que llevaron a la Corte a determinar que hubo genocidio
Uno de los aspectos centrales del fallo fue establecer si las actuaciones de las autoridades de Myanmar respondían a una intención genocida.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 establece que no basta con demostrar que ocurrieron asesinatos, desplazamientos u otros actos de violencia. También es necesario acreditar que existió la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Por esta razón, la Corte examinó el conjunto de las actuaciones estatales y las pruebas relacionadas con las políticas aplicadas contra los rohinyás.
Entre los elementos determinantes estuvieron las restricciones a la reproducción de esta comunidad. En algunas zonas de Rakáin existían regulaciones que exigían permisos especiales para contraer matrimonio y establecían un límite de dos hijos por familia.
Durante el procedimiento, la representación de Myanmar reconoció que estas medidas tenían como propósito reducir el crecimiento demográfico del grupo, aunque no consiguieron disminuir efectivamente su tasa de natalidad.
Otro elemento importante fue la violencia sexual ejercida contra mujeres y niñas rohinyás. Las agresiones y violaciones cometidas por integrantes de las fuerzas armadas fueron documentadas durante el proceso y consideradas por la Corte como parte de las pruebas sobre los daños físicos y mentales dirigidos contra la comunidad.
La combinación de estas prácticas, las operaciones militares y las demás evidencias permitió al tribunal concluir que existió una intención de destruir parcialmente a la población rohinyá.

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¿Qué significa el fallo para Myanmar y el derecho internacional?
La decisión de la Corte Internacional de Justicia tiene implicaciones que van más allá de las fronteras de Myanmar. Su análisis sobre las pruebas necesarias para determinar la intención genocida puede convertirse en un referente para otros procedimientos internacionales relacionados con este delito.
Uno de los casos que ha sido mencionado en este contexto es la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por las operaciones militares en la Franja de Gaza.
Sin embargo, los especialistas han señalado que cada proceso debe analizarse de manera independiente, teniendo en cuenta las circunstancias y las pruebas particulares de cada expediente. Por eso, el fallo contra Myanmar no determina automáticamente el resultado de otros litigios.
La sentencia también establece obligaciones de reparación para el Estado frente a la población afectada. No obstante, llevar estas medidas a la práctica representa un desafío, especialmente porque la CIJ no cuenta con una fuerza ejecutiva propia para obligar directamente a los países a cumplir sus decisiones.
En el ámbito diplomático, el Reino Unido solicitó una sesión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la situación de Myanmar. También tomó medidas frente a la representación militar del país en Londres.
La posibilidad de adoptar nuevas sanciones internacionales dependerá de las decisiones del Consejo de Seguridad, donde países como Rusia y China, en su condición de miembros permanentes, pueden ejercer su derecho al veto.
Un fallo histórico, pero sin una solución inmediata para los rohinyás
Aunque la decisión representa un avance judicial para el reconocimiento de los hechos ocurridos contra esta comunidad, sus efectos no significan que los refugiados puedan regresar inmediatamente a Myanmar o recuperar los derechos que perdieron durante décadas.
La población rohinyá continúa enfrentando dificultades en Bangladesh, mientras persisten los interrogantes sobre las garantías de seguridad, las reparaciones y las condiciones necesarias para un eventual retorno.
El desafío ahora será conseguir que las obligaciones establecidas por la Corte se traduzcan en medidas concretas para las víctimas y en garantías que impidan la repetición de estos hechos.
Después de años de desplazamiento, exclusión y violencia, la sentencia de la CIJ establece la responsabilidad internacional de Myanmar por el genocidio contra los rohinyás. Sin embargo, para quienes tuvieron que abandonar sus hogares, el reconocimiento judicial es apenas una parte de un proceso mucho más amplio: recuperar sus derechos y encontrar condiciones que les permitan vivir sin temor a una nueva persecución.
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