Redacción CAM
Estados Unidos mantuvo la descertificación de Colombia en materia de lucha contra las drogas para el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026. La decisión fue comunicada por el presidente estadounidense Donald Trump al Congreso y ubica al país entre las naciones consideradas en situación de “incumplimiento demostrable” de sus compromisos internacionales contra el narcotráfico.
Redactado por: Alexandra Barrios
La medida, sin embargo, está acompañada de una exención por interés nacional, conocida como waiver, que permite mantener la cooperación y asistencia de Estados Unidos en áreas de seguridad, inteligencia, fortalecimiento judicial y operaciones antinarcóticos.
¿Por qué Estados Unidos mantuvo la descertificación?
La evaluación estadounidense atribuyó el resultado principalmente al desempeño de la administración del expresidente Gustavo Petro durante el periodo analizado. Entre los factores señalados están el crecimiento de las áreas sembradas con cultivos de coca, el aumento de la producción potencial de clorhidrato de cocaína y los resultados de erradicación registrados durante buena parte de los doce meses evaluados.
La decisión también contempla la situación del nuevo Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella desde el 7 de agosto de 2026. Washington destacó los compromisos de la actual administración para acelerar la erradicación de cultivos, intervenir la infraestructura de procesamiento y desarticular las redes vinculadas al narcotráfico.
Estados Unidos señaló que podría revisar la calificación en 2027 si Colombia demuestra reducciones verificables en la oferta de estupefacientes.
¿Qué implica el ‘waiver’ para Colombia?
La exención por interés nacional evita que la descertificación derive automáticamente en la suspensión de la asistencia bilateral estadounidense. De esta manera, los programas de cooperación relacionados con seguridad y lucha contra el narcotráfico pueden continuar.
El mecanismo está contemplado en la Sección 706 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores para el Año Fiscal 2003. Esta normativa establece el procedimiento mediante el cual Estados Unidos identifica a los principales países productores o de tránsito de drogas y determina cuáles registraron un incumplimiento demostrable durante los doce meses anteriores.
Fotógrafo: Nicolo Filippo Rosso
La legislación permite al presidente estadounidense suspender determinados recursos destinados a los países descertificados, aunque también contempla excepciones cuando existen razones relacionadas con la seguridad o el interés nacional.
Cooperación entre Colombia y Estados Unidos
La decisión se conoce en medio de una reconfiguración de la cooperación de seguridad entre Bogotá y Washington. El Departamento de Estado notificó al Congreso estadounidense la transferencia de 52 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 161.109 millones de pesos colombianos. Los recursos, inicialmente destinados a financiación militar extranjera en Europa y Oriente Medio, fueron redirigidos a Colombia, Panamá, Perú y Ecuador.
El objetivo es reforzar la seguridad en el Canal de Panamá y combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico.
En el ámbito diplomático, la embajadora colombiana ante la Casa Blanca, María Consuelo Araújo, presentó sus credenciales ante Donald Trump. Durante el encuentro también se confirmó la incorporación de Colombia al programa regional de seguridad denominado “Escudo de las Américas”.
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Estos movimientos se suman a la reunión entre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el presidente De la Espriella en Barranquilla. En ese encuentro, Rubio manifestó la disposición de Washington de modificar la calificación si las políticas antidrogas colombianas muestran avances sostenidos.
Antecedentes de la descertificación antidrogas
Colombia tiene antecedentes de descertificación por parte de Estados Unidos. La primera serie ocurrió entre 1996 y 1997, durante el Gobierno de Ernesto Samper, en medio de las investigaciones del denominado Proceso 8000 sobre el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial.
El país volvió a perder la certificación en septiembre de 2025, durante el Gobierno de Gustavo Petro. Esta decisión se produjo en un periodo marcado por diferentes tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington.
Entre los episodios registrados estuvieron las diferencias por los vuelos de deportación de migrantes colombianos en enero de 2025, la revocación temporal de la visa diplomática de Petro en septiembre de ese año y las sanciones financieras anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos en octubre de 2025.
Cultivos de coca y política antidrogas
Los cultivos de coca constituyen uno de los principales elementos considerados en la evaluación estadounidense. Según los datos incluidos en los informes del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia registró en 2022 unas 230.000 hectáreas sembradas con coca y una capacidad potencial de producción de 1.738 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína.
Foto: BBC
Colombia cuenta además con la Política Nacional de Drogas 2023-2033, denominada “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”. Esta estrategia está dividida en los pilares “Oxígeno” y “Asfixia”. El primero contempla la sustitución de economías ilícitas, la protección ambiental y la prevención del consumo. El segundo concentra las acciones militares, policiales y judiciales contra la infraestructura del narcotráfico, el lavado de activos y otros puntos de la cadena criminal.
Impacto económico y turístico
La descertificación no implica automáticamente nuevas sanciones comerciales ni una modificación de los aranceles bilaterales. Analdex señaló que el comercio entre ambos países mantiene su estructura, aunque advirtió sobre posibles efectos en la percepción de riesgo y la reputación internacional de Colombia.
Estados Unidos representa uno de los principales mercados para Colombia. Entre enero y julio de 2025, las exportaciones colombianas hacia ese país alcanzaron los 8.811 millones de dólares, equivalentes al 30,6 % del total de las ventas externas.
El sector turístico también ha expresado preocupación. Anato señaló que una afectación en la percepción de seguridad podría incidir en las advertencias de viaje emitidas por Estados Unidos y, eventualmente, en el turismo receptivo.
La decisión abre un nuevo periodo de seguimiento para Colombia. Durante los próximos doce meses, los resultados en erradicación, interdicción y desarticulación de estructuras dedicadas al narcotráfico serán algunos de los elementos considerados para la evaluación de 2027.
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