Redacción CAM
El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,9 billones, tras cerca de 19 horas de debate. La iniciativa recibió el respaldo de las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes y quedó pendiente de sanción presidencial para convertirse en ley.
Redactado por Juan Sebastián Camacho
El presupuesto representa el 29,9 % del producto interno bruto (PIB) y aumenta un 14,2 % frente a los $557 billones contemplados inicialmente para 2026. Su aprobación se produjo en medio de cuestionamientos por el déficit fiscal, el endeudamiento público y la distribución de los recursos entre los sectores sociales y económicos.
Foto de El Colombiano
Congreso aprobó el presupuesto tras una jornada de 19 horas
La votación definitiva en la Cámara de Representantes se realizó a las 3:43 a. m. del martes 20 de octubre y obtuvo 112 votos favorables. El Senado había aprobado previamente el mismo texto, cerca de la medianoche.
La propuesta fue presentada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y pasó por diferentes ajustes durante su trámite legislativo. El monto inicial de $557 billones aumentaron a $575,6 billones y, posteriormente, llegó a $634,9 billones en la versión ajustada presentada por el Ministerio de Hacienda el 27 de agosto de 2026.
Entre los factores expuestos para justificar el incremento están las obligaciones pensionales, el reajuste salarial de los servidores públicos y los gastos asociados con la emergencia provocada por el terremoto de agosto de 2026.
Tras la aprobación, el Gobierno anunció que presentará la denominada Ley de Rescate, un proyecto de ajuste fiscal que deberá radicarse dentro del plazo de 90 días establecido por el Congreso.
¿Cómo se distribuirán los $634,9 billones?
El presupuesto contempla recursos para el funcionamiento de las entidades estatales, el pago de la deuda pública y la inversión.
Según el desglose general reportado, las partidas se distribuyen así:
- Funcionamiento: $392,6 billones.
- Servicio de la deuda: $147 billones.
- Inversión pública: $94,8 billones.
El funcionamiento concentra la mayor proporción de los recursos e incluye gastos operativos y obligaciones de las entidades públicas. El servicio de la deuda cubre compromisos financieros del Estado, mientras que la inversión financia programas y proyectos públicos.
Durante el debate también se modificaron partidas presupuestales para reasignar recursos hacia otros sectores, entre ellas una reducción de $8,36 billones en recursos destinados a amortizar la deuda.
Salud, trabajo y educación: las partidas aprobadas
Durante la discusión se aprobaron $5 billones adicionales para el sector salud, resultado de sumar $3 billones a los $2 billones asignados previamente. El documento de referencia no especifica cómo se distribuirá esta adición entre entidades y programas.
El sector Trabajo tendrá $66,9 billones, incluidos $6,5 billones adicionales para obligaciones pensionales, protección social y programas de capacitación laboral y emprendimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
El presupuesto incorporó $100.000 millones adicionales para educación superior. Sin embargo, durante el debate se señaló una brecha cercana a los $700.000 millones para cubrir las necesidades de funcionamiento de las universidades públicas.
La diferencia fue uno de los puntos cuestionados por sectores de la oposición, que solicitaron mayores recursos para educación y otros programas sociales.
Foto de El Tiempo
Defensa, Fiscalía y JEP: cambios en la distribución
El sector de defensa y seguridad contará con $82,8 billones para 2027. De esa cifra, $74,9 billones estarán destinados al funcionamiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Además, el Ministerio de Defensa recibió un incremento de $6,4 billones frente a la propuesta inicial.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tendrá $7,8 billones, incluidos $100.000 millones adicionales para fortalecer su capacidad operativa.
Uno de los puntos más controvertidos fue la reducción de $181.400 millones en el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El recorte se compone de un ajuste inicial de $170.000 millones y otro posterior de $11.400 millones, cuyos recursos fueron trasladados al Ministerio de Defensa.
Integrantes del Pacto Histórico cuestionaron la medida por sus posibles efectos sobre el funcionamiento de la jurisdicción y la atención de las víctimas del conflicto armado.
Energía, combustibles y recursos para las regiones
El Ministerio de Minas y Energía pasó de contar con $7,5 billones a $10,51 billones, tras una adición de $3 billones. Los recursos se destinarán, entre otros fines, a subsidios de energía eléctrica y gas para hogares de menores ingresos, gas licuado de petróleo y transporte de combustibles en zonas de frontera.
El presupuesto también contempla $9,6 billones para atender obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
En el ámbito territorial, se reportaron $68 billones para las regiones y $3,8 billones para el Fondo Milagro, destinado a la respuesta estatal frente al terremoto de agosto de 2026.
Durante la discusión, congresistas de oposición advirtieron que algunas partidas podrían resultar insuficientes para cubrir las necesidades de los hogares vulnerables y financiar programas sociales.
Déficit fiscal y deuda: las principales preocupaciones
La sostenibilidad de las finanzas públicas fue uno de los ejes del debate. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) había advertido, en un análisis del 10 de agosto sobre la versión de $575,6 billones, que el gasto superaba en $20,7 billones lo proyectado. Según ese análisis, el déficit podía llegar al 5,4 % del PIB, frente a una meta del 4,5 %.
La versión presupuestal posterior, por $634,9 billones, contempla un déficit fiscal equivalente al 8,2 % del PIB, de acuerdo con las cifras suministradas.
Además, el Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta que la deuda neta del Gobierno Nacional Central aumentará del 59,3 % del PIB registrado en 2024 a un máximo del 63,8 % en 2027.
El CARF estimó que se necesitarían ingresos adicionales por $30,2 billones para cerrar la brecha fiscal de 2027. La reforma tributaria presentada por el Ejecutivo proyecta recaudar $21,9 billones, lo que dejaría un faltante estimado de $8,3 billones.
El Congreso también estableció que el Gobierno deberá presentar informes trimestrales sobre la disponibilidad de caja y la evolución del gasto. Según la información suministrada, Colombia mantiene activa la cláusula de escape de la Regla Fiscal para el periodo 2025-2027 y deberá retornar al cumplimiento estricto de esta regla en 2028.
Foto de CW
Pacto Histórico anunció acciones judiciales
La aprobación generó cuestionamientos por parte del Pacto Histórico, cuyos integrantes criticaron los recortes a la JEP y la falta de trámite de más de 700 proposiciones presentadas durante el debate, relacionadas con educación, el SENA, el sector agropecuario y la atención de las víctimas del terremoto.
El representante Santiago Osorio afirmó que el tiempo de discusión no permitió analizar adecuadamente esas propuestas. Parte de la bancada se retiró del recinto durante el trámite.
Tras la votación, la colectividad anunció una acción popular ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, solicitudes de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la convocatoria de movilizaciones ciudadanas. Estas iniciativas deberán avanzar por sus respectivos procedimientos.
¿Qué sigue para el presupuesto de 2027?
Con la aprobación de ambas cámaras, el proyecto quedó pendiente de sanción presidencial. Una vez se complete ese trámite, el PGN establecerá el marco legal para los ingresos y gastos del Estado durante 2027.
El Gobierno también deberá avanzar en la presentación de la Ley de Rescate dentro del plazo de 90 días y cumplir con los informes trimestrales de seguimiento presupuestal.
La ejecución de los $634,9 billones estará condicionada por los ingresos efectivos, las obligaciones financieras y las reglas fiscales aplicables. En ese escenario, el seguimiento al gasto, la consecución de nuevos recursos y las medidas de ajuste serán determinantes para financiar las partidas aprobadas y atender las necesidades del Estado durante la próxima vigencia.
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