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La situación de salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el Pacífico colombiano está atravesada por factores que van más allá de la atención clínica. Entre 2021 y 2025 se registraron 1.533 intentos de suicidio y 122 muertes por suicidio en Chocó, el Pacífico medio y el Pacífico nariñense, según un estudio presentado por la Defensoría del Pueblo.
El informe, denominado “Buen futuro en el Pacífico colombiano”: estudio sobre trayectorias de salud mental y conducta suicida de niñas, niños y adolescentes, analiza las condiciones sociales, territoriales, comunitarias e individuales que inciden en la salud mental de las nuevas generaciones de esta región.
Los 1.533 intentos de suicidio registrados durante el periodo analizado se distribuyeron de la siguiente manera: 655 ocurrieron en el Pacífico nariñense, 453 en Chocó y 425 en el Pacífico medio. En cuanto a las muertes por suicidio, el Pacífico nariñense registró 51 casos, Chocó 39 y el Pacífico medio 32.
La Defensoría advierte que las cifras deben leerse teniendo en cuenta factores como el subregistro, la dispersión geográfica de los territorios y las dificultades para acceder a servicios y derechos fundamentales.
Las cifras muestran diferencias en la salud mental entre territorios
El estudio también compara la situación de los municipios priorizados con el panorama nacional. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud citada en el informe, durante 2025 se registraron 26.344 intentos de suicidio de personas entre los 5 y los 28 años en Colombia, con una incidencia de 129,1 casos por cada 100.000 personas de ese rango de edad.
En los municipios incluidos en el estudio se contabilizaron 351 casos durante ese año, equivalentes al 1,3 % del total nacional. La incidencia fue de 47,8 por cada 100.000 habitantes entre los 5 y los 28 años.
Sin embargo, existen diferencias dentro del propio Pacífico. El Pacífico nariñense presentó una incidencia de 66 casos por cada 100.000 personas, mientras que Chocó registró 42,6 y el Pacífico medio 32,8. El informe señala que estas cifras requieren una lectura territorial debido a las condiciones particulares de acceso a los servicios y al posible subregistro.
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La investigación sostiene que la conducta suicida no debe analizarse únicamente desde una perspectiva individual o clínica. Las condiciones de vida, las relaciones familiares y comunitarias, el territorio y las posibilidades para desarrollar un proyecto de vida también hacen parte del contexto en el que se presentan estas situaciones.
En los municipios estudiados viven principalmente comunidades afrodescendientes e indígenas que han enfrentado históricamente situaciones de exclusión institucional, pobreza multidimensional, conflicto armado y dificultades para acceder de manera efectiva a derechos fundamentales.
Violencia, pobreza y falta de oportunidades
El informe identifica varios factores que afectan las trayectorias de vida de los jóvenes del Pacífico. Entre ellos aparecen el desplazamiento forzado, el confinamiento, las amenazas y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados.
Tumaco, Buenaventura y diferentes territorios del Chocó aparecen entre las zonas donde estas situaciones tienen una incidencia importante. Para la investigación, las experiencias de violencia pueden afectar la salud emocional y la manera en que las comunidades perciben sus posibilidades de futuro.
A estas circunstancias se suman las dificultades económicas y la inseguridad alimentaria. Las organizaciones consultadas durante el estudio describieron situaciones relacionadas con la falta de oportunidades, el estrés y la preocupación por el futuro.
Pero el informe también recoge elementos que funcionan como redes de protección. En los grupos focales realizados en Tumaco, Barbacoas, Guapi, Buenaventura y Quibdó, niñas, niños, adolescentes y jóvenes relacionaron el bienestar emocional con actividades y vínculos cotidianos: compartir con la familia, estudiar, jugar, practicar deporte, acercarse a la música y la espiritualidad, participar en la comunidad y mantener relaciones significativas.
Al mismo tiempo, señalaron obstáculos como la violencia, la falta de empleo, las limitadas posibilidades educativas y la poca oferta institucional en sus territorios.
El reto de fortalecer las redes de cuidado en el pacífico
El informe también identifica experiencias que ya funcionan en los territorios y que, según la Defensoría, pueden ser fortalecidas. Entre ellas están Serena-Mente, enfocada en el cuidado emocional, la escucha, las redes de apoyo y las habilidades para afrontar situaciones difíciles, y Raíz Joven, orientada a la participación, el liderazgo y el acompañamiento de iniciativas juveniles.
Uno de los principales desafíos está relacionado con la oferta de servicios. En los municipios priorizados se identificaron 325 servicios de salud mental, equivalentes a 18,8 por cada 100.000 habitantes, aunque el informe encuentra diferencias importantes entre zonas urbanas y rurales y en el acceso a atención especializada.
Frente a este panorama, la Defensoría plantea fortalecer la atención comunitaria y desarrollar respuestas que tengan en cuenta las características culturales de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y afrocolombianas. También propone mejorar el registro y seguimiento de los casos de conducta suicida.
Entre las recomendaciones está la creación de una estrategia territorial que articule sectores como salud, educación, protección, deporte, cultura, ambiente y justicia. El documento también plantea establecer rutas claras para identificar el riesgo suicida, orientar a las personas afectadas, garantizar la atención y hacer seguimiento posterior.
El estudio propone además fortalecer los sistemas propios de cuidado y sanación de las comunidades, consolidar redes locales de apoyo y mejorar la identificación temprana de situaciones de sufrimiento psicosocial, violencia, acoso y riesgo suicida en los entornos educativos.
Más allá de las cifras, el informe plantea que niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Pacífico no deben ser vistos únicamente desde las situaciones de riesgo. También reconoce su capacidad para participar en sus comunidades, construir vínculos y proyectar sus vidas.
En ese sentido, la Defensoría relaciona la salud mental con la posibilidad de contar con condiciones materiales, sociales, culturales y territoriales que permitan construir proyectos de vida. El llamado del estudio es a que las respuestas frente a la conducta suicida tengan en cuenta esas condiciones y no se limiten exclusivamente a la atención posterior a una crisis.
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Redacción CAM
