Redactado por Sara Barón Corzo
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, confirmó que presentará ante el Congreso de la República del proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia, una iniciativa legislativa orientada a fijar un marco jurídico para el desmantelamiento de organizaciones armadas ilegales en Colombia.
El anuncio oficial fue realizado por el ministro de Justicia, Iván Cancino González, mediante un pronunciamiento emitido en el marco del Conversatorio Nacional de Justicia y Paz en Barranquilla, titulado «Justicia que escucha, repara y transforma». Según el jefe de la cartera, la propuesta normativa se radicará formalmente en el Legislativo en el transcurso de las próximas dos semanas, antes de la tercera semana de octubre de 2026.
El proyecto de ley deberá cursar un total de cuatro debates reglamentarios, dos en el Senado de la República y dos en la Cámara de Representantes, antes de su eventual aprobación y sanción presidencial.
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Ejes centrales: estatus jurídico, cero negociación política y persecución contundente
El ministro Cancino enfatizó que la propuesta normativa se fundamenta en una estricta vía jurídica y no en un proceso de diálogo o negociación de carácter político con estructuras al margen de la ley.
«Daremos las herramientas para un sometimiento, no para negociaciones. No vamos a tener ningún carácter político en las discusiones. Toda discusión para quien se quiera someter será jurídica», aseveró el ministro de Justicia.
En esa misma línea, el Ejecutivo señaló que la norma establece una postura de persecución estatal frente a las estructuras que decidan no acogerse al marco legal propuesto. El funcionario advirtió de manera explícita que «quien rete al Estado y quiera seguir delinquiendo va a ser perseguido con toda la fuerza de la ley», reiterando el compromiso de actuar bajo el estricto cumplimiento de la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos por Colombia.
Esquema de beneficios y reducción condicionada de penas de la ley de sometimiento a la justicia
El articulado del proyecto contempla un sistema diferenciado de rebaja de penas para los integrantes de las organizaciones que opten por la rendición y entrega ante las autoridades judiciales:
- Mandos e integrantes de alta jerarquía: Podrán acceder a una reducción de la pena de hasta el 30 %.
- Demás miembros de la organización: Contempla una rebaja de condena de hasta el 50 %.
No obstante, la concesión de estos beneficios penales estará estrictamente condicionada al cumplimiento fehaciente e integral de un conjunto de requisitos obligatorios.
Requisitos e impositivos para acceder a los beneficios
Para beneficiarse de la suspensión de condenas o de las rebajas punitivas contempladas en la iniciativa, los procesados deberán cumplir con compromisos extraordinarios ante las autoridades y las víctimas:
- Dejación total de armas: Entrega completa del armamento y material bélico en poder de la estructura criminal.
- Desmantelamiento de redes: Desarticulación efectiva de sus cadenas logísticas y fuentes de financiación ilícita.
- Entrega de bienes e información veraz: Aporte de bienes ilícitos y suministro de información precisa para la reparación integral de las víctimas y el esclarecimiento de hechos delictivos.
- Revelación de nexos de corrupción: Revelación obligatoria de rutas de movilización y alianzas con sectores de corrupción política o administrativa.
Asimismo, el Ministerio de Justicia aclaró que la ley mantendrá plenamente vigentes los procesos de extradición activos y las órdenes de captura emitidas por la Rama Judicial, especificando que el cumplimiento de las penas privadas de la libertad se llevará a cabo en establecimientos carcelarios ordinarios.
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