Redacción CAM
Más de 1,5 millones de conductores podrían recuperar el dinero pagado por fotomultas impuestas de forma irregular entre 2018 y 2024.
Redactado por Joseph D. Chacón Q.
El Ministerio de Transporte destapó un escándalo que afecta a 37 organismos de tránsito en todo el país. La investigación reveló que cámaras de fotodetección operaron durante años sin los requisitos técnicos exigidos por la ley, lo que derivó en la imposición de millones de comparendos inválidos. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que muchas entidades comenzaron a cobrar sin realizar los trámites correspondientes, y calificó la situación como un abuso por parte de algunas autoridades.
El anuncio generó una mezcla de alivio e incertidumbre entre los conductores, que ahora enfrentan el reto de entender el complejo proceso para recuperar su dinero. En total, se estima que los comparendos afectados suman 7,6 millones, de los cuales 5,8 millones serán revocados de oficio. De estos, 1.582.398 multas ya fueron pagadas, acumulando un recaudo superior a 1,05 billones de pesos, que las entidades territoriales tendrán que devolver a los ciudadanos.
Las razones técnicas detrás de la anulación masiva de fotomultas
El origen del problema se remonta a la instalación de sistemas de fotodetección sin la debida autorización. La normativa vigente, establecida en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, exige que todas las cámaras cuenten con un concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología. Este requisito es indispensable para garantizar la precisión y legalidad de las fotomultas.
Foto: Semana
Sin embargo, la investigación del Ministerio reveló que 37 organismos de tránsito omitieron este procedimiento. Las cámaras operaron sin certificación durante periodos que, en algunos casos, se extendieron por más de cinco años. La ministra Rojas explicó que el proceso de revisión aún no ha concluido, ya que hasta la fecha se han analizado 538 permisos de los 1.296 solicitados, lo que sugiere que podrían surgir más anulaciones en el futuro.
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Los conductores afectados por estas fotomultas no necesitan demostrar que cometieron o no una infracción. La anulación se basa exclusivamente en un vicio de procedimiento: la falta de validez técnica del instrumento de medición. Esto significa que, independientemente de si el vehículo excedió el límite de velocidad o no, el comparendo es nulo porque la prueba fue obtenida con un equipo no autorizado.
Ciudades y periodos críticos donde operaron las fotomultas irregulares
El impacto de esta irregularidad se concentra en varias ciudades del país, con períodos de tiempo específicos durante los cuales las cámaras funcionaron sin el aval del Instituto Nacional de Metrología. Entre los casos más representativos se encuentra Cali, donde la Secretaría de Movilidad impuso 2.718.256 comparendos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024, lo que la convierte en la ciudad con el mayor número de fotomultas anuladas.
Medellín también presenta una cifra considerable, con 717.318 fotomultas emitidas entre el 10 de diciembre de 2018 y el 28 de abril de 2020. En Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad impuso 293.869 comparendos en un periodo más acotado, que va del 12 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2020. Barranquilla, por su parte, registró 131.251 fotomultas entre el 27 de diciembre de 2018 y el 17 de septiembre de 2019.
Otras ciudades y municipios afectados incluyen a Villavicencio, La Dorada, Corozal y varios lugares de Cundinamarca. Cada organismo de tránsito tiene su propia ventana de tiempo de irregularidad, por lo que los conductores deben verificar las fechas exactas en las que recibieron la fotomulta. El Ministerio de Transporte ha habilitado herramientas en línea para que los ciudadanos puedan consultar si su comparendo está dentro de los periodos anulados.
El proceso de devolución del dinero pagado por fotomultas
Para quienes ya pagaron la fotomulta, el panorama es más complejo. A diferencia de las multas pendientes, que serán eliminadas automáticamente del sistema, las sanciones ya canceladas requieren una acción activa por parte del ciudadano. La devolución del dinero no será automática ni centralizada, sino que cada afectado deberá gestionar su reclamo directamente ante el organismo de tránsito que recibió el pago.
Foto: Alcaldía de Bogotá
El primer paso recomendado por las autoridades es presentar un derecho de petición ante la entidad correspondiente. En este documento, el ciudadano debe solicitar formalmente la nulidad del comparendo y el reintegro del dinero pagado. Es fundamental adjuntar todos los soportes: el comprobante de pago, la copia de la fotomulta, la cédula de ciudadanía y cualquier otro documento que permita identificar el caso.
El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, ha indicado que los ciudadanos deberán presentar una acción contra el organismo específico que impuso la fotomulta. Esto implica que cada persona debe identificar con precisión la entidad a la que pagó y radicar su solicitud en esa misma dependencia. Para quienes pagaron en ventanilla o por medios electrónicos, es crucial conservar los recibos o comprobantes de pago, ya que serán la principal prueba para respaldar el reclamo.
El billón de pesos que las entidades territoriales deberán reintegrar por fotomultas
La magnitud del escándalo es mayúscula. Según cifras oficiales, el recaudo total por las fotomultas que serán anuladas supera el billón de pesos. Esta suma deberá ser devuelta por las alcaldías y gobernaciones a los conductores afectados, lo que representa un duro golpe a las finanzas de varias regiones.
Además de la devolución del dinero, los organismos de tránsito podrían enfrentar sanciones adicionales. Las multas impuestas por el Ministerio de Transporte a las entidades infractoras podrían superar los 2,1 billones de pesos, lo que duplicaría el monto recaudado irregularmente. Las sanciones buscan castigar la negligencia de las administraciones locales, que durante años ignoraron los requisitos legales para operar los sistemas de fotodetección.
Foto: Ministerio de Transporte
Las ciudades más afectadas por estas devoluciones serán Cali y Medellín, que concentran la mayor parte de los comparendos anulados. Ambas administraciones deberán destinar recursos significativos para cumplir con las órdenes del Ministerio de Transporte, lo que podría afectar sus presupuestos para otros proyectos de movilidad. Los conductores que pagaron una fotomulta en estas ciudades estarán atentos a los plazos y procedimientos que definan las entidades locales para agilizar las devoluciones.
Recomendaciones para los conductores afectados por fotomultas
Las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse informados y actuar con prontitud. Para quienes tienen una fotomulta pendiente de pago, es fundamental verificar en el SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito) si el comparendo ya fue eliminado. Si la multa aún aparece en el sistema, el ciudadano debe presentar un descargo basado en la falta de certificación de la cámara, antes de que se venzan los plazos legales.
Para quienes ya pagaron, la recomendación es iniciar el trámite de devolución lo antes posible. El derecho de petición debe presentarse ante la entidad que recaudó el dinero, y se recomienda hacerlo por escrito, con acuse de recibo, para tener constancia de la solicitud. Si la entidad se niega a devolver el dinero o no responde en los plazos legales, el ciudadano puede acudir a acciones legales como tutelas o acciones populares, especialmente si se trata de un grupo de afectados por el mismo caso.
El proceso de devolución podría tardar meses, ya que cada entidad territorial deberá implementar sus propios mecanismos para identificar a los beneficiarios y girar los recursos. Los conductores deben ser pacientes y persistentes, manteniendo un seguimiento constante de su solicitud y conservando todos los documentos relacionados con el caso.
El impacto del escándalo en la confianza de los conductores
Este escándalo ha erosionado la confianza de los ciudadanos en los sistemas de control de tránsito. Durante años, los conductores pagaron multas que creían legales, sin saber que las cámaras que las imponían operaban al margen de la ley. La situación ha generado indignación y ha puesto en evidencia la falta de control por parte de las entidades reguladoras.
La ministra Rojas reconoció que el problema es más amplio de lo que se creía inicialmente y que aún faltan por revisar 758 permisos correspondientes a 58 organismos de tránsito adicionales. Esto sugiere que en los próximos meses podrían revelarse nuevas irregularidades y ampliarse el número de fotomultas anuladas.
El caso también ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión sobre las entidades territoriales. La descentralización de las funciones de tránsito ha permitido que cada municipio y departamento adopte sus propias políticas, pero ha dificultado el control centralizado. El Ministerio de Transporte ahora enfrenta el reto de armonizar los criterios y garantizar que en el futuro todas las cámaras de fotodetección operen bajo estándares técnicos unificados y legalmente exigibles.
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