Redactado por Juan Sebastián Camacho
La representante a la Cámara por Antioquia enfrenta investigaciones tras las denuncias de varias entidades que encontraron inconsistencias en sus documentos académicos. El caso también involucra un contrato de $78 millones con la DIAN y solicitudes de investigación ante la Corte Suprema y organismos de control.
La representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, enfrenta cuestionamientos por la presunta falsificación de documentos con los que habría acreditado su formación académica y profesional. La Universidad Nacional de Colombia y el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) confirmaron que presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación después de encontrar irregularidades en los soportes entregados por la congresista.
El caso comenzó con preguntas sobre su preparación profesional y terminó involucrando diferentes instituciones del Estado. Entre los documentos cuestionados se encuentran un supuesto diploma de Ingeniería de Minas y Metalurgia, una tarjeta profesional que nunca habría sido expedida y un título de bachillerato que tampoco aparecería en los registros de la institución educativa correspondiente.
A esto se sumó un contrato de prestación de servicios por $78 millones que Estrada suscribió con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) durante 2025. Las denuncias también llegaron a la Corte Suprema de Justicia y a organismos de control, mientras el Pacto Histórico activó sus mecanismos internos para evaluar la situación.

Foto de La FM
¿Cómo comenzó la polémica por los títulos académicos de Luz Verónica Estrada?
Los cuestionamientos sobre la formación de la congresista comenzaron a circular después de un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, durante una sesión en la que participó el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula.
Durante la discusión, Estrada intervino sobre asuntos relacionados con política exterior y defensa. En su exposición hizo referencia al magnesio y señaló que este elemento pertenecía al grupo de los metales alcalinotérreos y no al de las tierras raras.
En respuesta, el canciller aclaró que la discusión hacía referencia al manganeso y explicó las diferencias entre los conceptos mencionados.
El intercambio se difundió rápidamente en redes sociales y despertó preguntas sobre la preparación académica de la representante, quien había sido presentada como profesional en Ingeniería de Minas y Metalurgia.
A partir de ese momento, diferentes usuarios comenzaron a revisar los documentos de su hoja de vida. Las dudas llegaron hasta la Universidad Nacional, que inició verificaciones para determinar si efectivamente había expedido el título atribuido a la congresista.
Universidad Nacional confirmó que no expidió el diploma
La Universidad Nacional de Colombia realizó una revisión de sus sistemas de información académica y de sus archivos físicos y digitales para establecer si Luz Verónica Estrada había cursado estudios en el programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Sede Medellín.
El secretario general de la institución, Édgar Cortés Reyes, confirmó que la representante no figura como estudiante ni como egresada de ese programa. También explicó que la universidad no expidió el diploma que aparecía en la documentación presentada por Estrada, fechado el 16 de noviembre de 2021.
Pero las verificaciones no terminaron ahí. Durante la revisión se identificaron otras dos inconsistencias que aumentaron las dudas sobre la autenticidad del documento.
Uno de los elementos que llamó la atención fue la firma atribuida a Verónica Botero Fernández, exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, que aparecía en la copia digital del supuesto diploma.
Botero manifestó que la rúbrica no correspondía a su firma oficial y aseguró que durante su gestión no expidió ninguna certificación académica a nombre de Estrada Holguín.
Además, la universidad encontró que el número consecutivo impreso en el documento pertenecía a otro registro académico. Según explicó la Secretaría General, ese código había sido asignado a un título legítimo expedido el 24 de agosto de 2011 a otro egresado de la Facultad de Minas.
Tras identificar estas anomalías, la Universidad Nacional presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta falsedad en documento público. La entidad solicitó que se investigue el origen del diploma y las circunstancias en las que fue utilizado.

Foto de Semana
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COPNIA negó la tarjeta profesional de la congresista
Las dudas sobre el título universitario también llegaron al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), organismo encargado de los trámites de matrícula y acreditación para el ejercicio de esta profesión en Colombia.
Su director, Rubén Darío Ochoa, informó que la entidad nunca había expedido una tarjeta profesional ni una matrícula válida a nombre de Luz Verónica Estrada.
Según la información conocida, en octubre de 2025 la congresista solicitó el trámite para obtener su acreditación como ingeniera. Como parte del procedimiento, el COPNIA pidió a la Universidad Nacional verificar la autenticidad del diploma presentado.
La respuesta de la institución educativa confirmó que no existían registros académicos de Estrada en el programa señalado. Por esta razón, el organismo negó la matrícula profesional y presentó una denuncia penal para que se investigue el posible intento de obtener la acreditación mediante documentos presuntamente adulterados.
También hay dudas sobre su título de bachillerato
Las inconsistencias documentales no se limitaron a la formación universitaria. Durante la revisión de los soportes incluidos en su hoja de vida también aparecieron cuestionamientos sobre sus estudios de secundaria.
De acuerdo con los documentos aportados en procesos de contratación estatal, Estrada habría obtenido su título de bachiller en noviembre de 2017 en la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en el municipio de Caramanta, Antioquia.
Sin embargo, las verificaciones de los registros escolares del plantel encontraron que su nombre no aparece en las actas ni en los listados oficiales de graduados de esa promoción.
A esta situación se sumó otra diferencia en las fechas reportadas en su trayectoria académica. En un acta de notas adjuntada a su hoja de vida, la representante habría registrado que cursó el primer semestre universitario entre agosto y noviembre de 2016.
Esto significaría que, según las fechas consignadas en ambos documentos, habría iniciado estudios universitarios aproximadamente un año antes de la fecha en la que supuestamente terminó el bachillerato.
Estas diferencias también hacen parte de los cuestionamientos que rodean la documentación presentada por la congresista.
El contrato de $78 millones con la DIAN entró en la polémica
Otro de los puntos que amplió el alcance del caso fue la vinculación de Luz Verónica Estrada con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En 2025, la representante suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con la DIAN por un valor total de $78 millones. La contratación se realizó durante la administración del entonces director de la entidad, Luis Eduardo Llinás.
Después de conocerse las denuncias de la Universidad Nacional y el COPNIA, Llinás se pronunció ante medios de comunicación y aseguró que actuó bajo el principio de buena fe cuando se realizó la vinculación.
El exdirector manifestó que habría sido engañado respecto a la autenticidad de los soportes académicos presentados por Estrada. También respaldó las solicitudes para que las autoridades judiciales establezcan las posibles responsabilidades relacionadas con el caso.
La contratación abrió interrogantes sobre los documentos utilizados para acreditar la formación profesional de la congresista y los procedimientos de verificación que se aplicaron durante el proceso.
Jennifer Pedraza llevó el caso ante la Corte Suprema y organismos de control
Las denuncias de la Universidad Nacional y el COPNIA estuvieron acompañadas por actuaciones de otros sectores políticos.
La senadora Jennifer Pedraza presentó denuncias ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación para solicitar que se investigue la presunta falsedad en documento público.
Además, pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes.
Estas solicitudes buscan que se revisen las posibles implicaciones penales, disciplinarias y fiscales de los hechos denunciados, de acuerdo con las competencias de cada organismo.
Por su parte, el Pacto Histórico informó que activó su comité de ética para evaluar la situación de la representante y determinar si corresponde adoptar medidas internas dentro de la colectividad.
¿Quién es Luz Verónica Estrada?
Luz Verónica Estrada Holguín tiene 27 años y llegó a la Cámara de Representantes por Antioquia para el periodo legislativo 2026-2030, convirtiéndose en una de las congresistas más jóvenes de la corporación.
Durante su campaña fue presentada como dirigente social, líder campesina y activista vinculada a organizaciones de mujeres rurales y juventudes del Suroeste antioqueño. También desarrolló actividades comunitarias en el municipio de Marmato, en Caldas.
En octubre de 2025 ocupó el segundo renglón de la lista cerrada del Pacto Histórico a la Cámara por Antioquia, después de obtener más de 7.000 votos en la consulta interna de la colectividad.
Antes de asumir su curul, el 19 de junio de 2026, fue víctima de un atentado en la vía que conecta los municipios de Urrao y Betulia. El vehículo blindado en el que se movilizaba recibió impactos de arma de fuego.
¿Qué sigue en las investigaciones contra la representante?
El caso de Luz Verónica Estrada reúne denuncias penales, cuestionamientos sobre sus antecedentes académicos y solicitudes de revisión de sus actuaciones en la administración pública.
La Fiscalía deberá avanzar en las investigaciones relacionadas con los documentos denunciados por la Universidad Nacional y el COPNIA. Por su parte, la Corte Suprema tendrá que evaluar las actuaciones presentadas dentro de sus competencias frente a la representante.
También está pendiente el desarrollo de las solicitudes ante los organismos de control y la evaluación interna anunciada por el Pacto Histórico.
Hasta la información disponible, Estrada no había emitido un pronunciamiento público oficial para responder a los señalamientos y sus cuentas en redes sociales tenían restringido el acceso.
Por ahora, las denuncias y las irregularidades identificadas por las instituciones constituyen elementos para las investigaciones, pero no representan una declaración de culpabilidad. Las posibles responsabilidades deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes y con respeto por la presunción de inocencia.
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