Redacción CAM
Redactado por Sara Barón Corzo
La crisis del sistema de salud en San Andrés volvió a ocupar el centro del debate público después de que la Superintendencia Nacional de Salud ordenará la intervención forzosa administrativa del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La medida, adoptada por un año, se produjo después de una serie de acciones de inspección y vigilancia en las que el organismo reportó deficiencias asistenciales, administrativas y financieras, además de incumplimientos reiterados de planes de mejoramiento establecidos desde 2022.
La decisión abrió, sin embargo, una discusión que va más allá de la situación del hospital: ¿cómo debe actuar el Estado frente a una crisis institucional de esta magnitud sin convertir los señalamientos políticos en conclusiones anticipadas sobre posibles responsabilidades?
Una crisis hospitalaria en San Andrés con hallazgos concretos
Foto: El Colombiano
Los motivos de la intervención están respaldados por hallazgos específicos de la Superintendencia. Durante la inspección se estableció que, de 59 servicios habilitados en el hospital, 13 no estaban siendo prestados. También fueron reportadas dificultades para garantizar determinadas especialidades médicas, la disponibilidad de un solo cirujano general para diferentes servicios y pacientes que llevaban más de un año esperando procedimientos quirúrgicos.
A estos problemas asistenciales se sumó un rezago de aproximadamente $3.605 millones en facturación, con corte a diciembre de 2025, junto con cuestionamientos sobre la confiabilidad de los estados financieros y la ausencia de acciones efectivas de recaudo. La Superintendencia también reportó 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura.
Otro de los casos señalados por la entidad corresponde a una máquina destinada al tratamiento de residuos biológicos. Según los hallazgos divulgados, el hospital había entregado un anticipo equivalente al 50 % del valor del contrato —unos $858 millones—, pero el equipo todavía no había sido entregado debido a que no se habían realizado las adecuaciones necesarias para instalarlo.
Estos elementos permiten establecer que la intervención no surgió únicamente de una controversia política reciente: existe un conjunto de observaciones técnicas y administrativas que la autoridad sanitaria venía siguiendo desde años anteriores.
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El argumento del Gobierno: intervenir para garantizar la atención
Foto: Pulzo
Desde el Gobierno Nacional, la intervención ha sido presentada como una respuesta a la situación que atraviesa el hospital y como una medida destinada a recuperar su capacidad de prestación de servicios.
Durante su visita a San Andrés, el presidente Abelardo De La Espriella afirmó que el Gobierno ordenó la intervención del hospital y anunció además un plan de choque para atender pacientes pendientes. Según la Presidencia, ese plan contempla más de 4.900 pacientes pendientes, con avances reportados en medicamentos y procedimientos.
El Ministerio de Salud ya había informado, antes de la intervención, que había identificado 1.462 pacientes en condición crítica que serían priorizados durante los tres meses siguientes. También anunció medidas relacionadas con medicamentos, talento humano, telemedicina, traslado de pacientes e inversiones para fortalecer la red hospitalaria.
Desde esta perspectiva, la intervención puede entenderse como una medida administrativa frente a problemas documentados por el organismo encargado de la inspección y vigilancia del sistema de salud.
El segundo debate: los señalamientos sobre contratación
La controversia se amplió cuando el presidente, durante su visita al archipiélago, cuestionó públicamente a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz por su posición frente a la intervención del hospital. El encuentro quedó registrado en video y fue reportado por distintos medios de comunicación.
Posteriormente, la Presidencia informó que se conformaría un equipo forense para revisar la contratación relacionada con el hospital. En su pronunciamiento, el mandatario mencionó presuntos problemas en contratos, entre ellos uno relacionado con servicios de fotocopiado, además de otros señalamientos sobre contratación y manejo de recursos.
Aquí resulta necesario establecer una diferencia fundamental: que una autoridad anuncie una investigación o formule públicamente un señalamiento no significa que una irregularidad haya sido judicialmente comprobada.
Por ello, expresiones como “corrupción”, “robo” o “redes de clientelismo” no deberían presentarse como hechos establecidos mientras no exista una decisión de la autoridad competente que los sustente. Lo verificable, por ahora, es que el Gobierno anunció una revisión de la contratación y que existen señalamientos públicos que deberán ser sometidos a investigación.
La posición territorial y el problema del debido proceso
La controversia también plantea una discusión institucional. La Gobernación de San Andrés tiene competencias propias dentro del esquema territorial colombiano y la actual gobernadora es Girley Natacha Ordóñez Bowie, quien aparece registrada oficialmente como mandataria departamental.
Esto no significa que las autoridades territoriales estén por fuera del control de los organismos nacionales. Por el contrario, la gestión de los recursos públicos y la prestación de los servicios de salud están sometidas a diferentes mecanismos de vigilancia, control fiscal, disciplinario y judicial.
El punto de discusión está en otro lugar: una investigación y una condena no son jurídicamente lo mismo.
Por eso, los cuestionamientos sobre contratación deben tramitarse mediante la recopilación y valoración de pruebas por las autoridades competentes. Las declaraciones políticas pueden abrir una discusión pública o anunciar una investigación, pero por sí mismas no sustituyen los procedimientos administrativos, fiscales, disciplinarios o judiciales correspondientes.
Dos problemas que no deberían confundirse
La discusión pública sobre San Andrés corre el riesgo de mezclar dos asuntos diferentes.
El primero es la crisis comprobada del Hospital Departamental. En este punto existen hallazgos oficiales concretos: servicios que no se prestaban, dificultades de personal especializado, procedimientos pendientes, problemas financieros y deficiencias administrativas.
El segundo son las presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos públicos mencionadas por el Gobierno. En este caso, la existencia de señalamientos y el anuncio de investigaciones no equivalen todavía a una determinación judicial de responsabilidad.
El desafío: resultados, control y garantías
Foto: El Tiempo
La intervención del hospital plantea una pregunta que trasciende la confrontación entre el Gobierno Nacional y las autoridades del archipiélago: ¿qué resultados concretos tendrá la medida para los pacientes?
La Superintendencia tendrá que demostrar que la intervención consigue corregir las deficiencias que motivaron su decisión. Al mismo tiempo, las investigaciones sobre contratación deberán establecer, con evidencia y mediante los procedimientos correspondientes, si existieron o no irregularidades y quiénes serían eventualmente responsables.
El debate institucional no debería plantearse como una elección entre control y garantías. La vigilancia de los recursos públicos y la protección del derecho a la salud requieren controles efectivos, pero esos controles también necesitan procedimientos que permitan establecer responsabilidades con base en pruebas.
En San Andrés, por tanto, la discusión apenas comienza. La intervención del Hospital Departamental constituye una respuesta a problemas que ya fueron documentados por la autoridad sanitaria. Lo que queda por determinar es si la medida logrará traducirse en una mejora real de los servicios y si las investigaciones anunciadas sobre la contratación conseguirán establecer, con evidencia verificable, si hubo responsabilidades administrativas, fiscales, disciplinarias o penales.
La crisis del archipiélago exige resultados en ambos frentesrecuperar la capacidad del sistema de salud y esclarecer cualquier posible irregularidad sin reemplazar la investigación institucional por el juicio político o mediático.
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