Por Natalia Jaramillo Mejía del programa de Comunicación Social–Periodismo de la Universidad Javeriana, Cali.
Desde hace algunos años se busca declarar al Valle del Cocora sujeto de derechos y así proteger el ecosistema y a los quindianos.
Para muchos colombianos el escuchar decir que el Río Amazonas, el Río Cauca, los páramos de Pisba o el nevado del Ruiz han sido declarados sujetos de derecho puede sonar extraño, pero desde hace ya varios años se ha aprobado que espacios ambientales sean declarados como tales, como es el caso del Valle del Cocora, que luego de una extenso debate en noviembre del 2020 fue declarado por el Tribunal Administrativo del Quindío como sujeto de derechos, con la intención de generar acciones urgentes para la protección y salvaguarda del ecosistema.
El 9 abril del 2021 el fallo fue declarado improcedente por parte de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que el fallo no demostraba alguna vulneración de los derechos humanos fundamentales, en correlación con el medio ambiente, un peligro que obligase a tomar medidas para evitar un daño irreversible.
¿Qué conlleva y cuál es la importancia de que el Valle del Cocora sea declarado sujeto de derechos?
Néstor Ocampo, quien desde hace más de 30 años se ha dedicado al activismo ambiental en el Quindío, comenta que aunque la figura de sujeto de derechos en estos casos no se encuentra reglamentada, lo cual imposibilita la acción de protección en efectos inmediatos claros, si representa un supuesto ideológico, político y de obligación del estado frente al cumplimiento de la ley.
Independiente del declive del fallo, se decidió continuar con las mesas de trabajo que vienen realizando labores desde el 2020, enfocadas en el estudio de la capacidad de cargas ambientales del municipio, con el objetivo de establecer el tipo de actividades y lugares en los que se pueden realizar.
La necesidad de tomar esta medida de protección se debe a diversos factores, que no solo afectan el ecosistema, sino también la salud e integridad social de los habitantes de Salento. Néstor añade que la afectación de los ecosistemas y la salud de las personas, esto es atribuido a 3 factores principales: el turismo desaforado, la minería y la plantación de aguacate Hass.
Por una parte, el turismo ha generado un fenómeno de gentrificación, lo cual ocasiona un incremento en los costos de vivienda y de abastecimientos, provocado que en la actualidad gran parte de los dueños de terrenos en el municipio sean personas externas que han modificado los espacios para los visitantes y que algunos pobladores que hace 20 años se dedicaban a la recolección del café u otras actividades del campo, se encuentren vendiendo paletas, artesanías o presentado atractivos para los niños, cambiando así todo un entorno económico, social y cultural.
Salento tiene una población superior a los 7000 habitantes, y cada fin de semana puede recibir hasta el triple de su población en turistas nacionales e internacionales, cifra que en algunas fechas especiales como Semana Santa 2021 puede tener incremento de hasta 30.000 turistas diarios en el municipio.
A la alcaldesa, Beatriz Díaz Salazar se le planteó en Semana Santa la necesidad de regular el turismo no tomó en cuenta dicha recomendación, generando no solo un riesgo en relación al contagio de SARS-COV2 debido a las aglomeraciones, embotellamiento en las vías, daños en el ecosistema ocasionados por los visitantes, sino
también que el acueducto no está diseñado para un volumen tan alto de personas, por lo que colapsa, dejando al municipio sin agua potable.
Sebastián Vélez habitante del municipio de Salento nos cuenta que “Salento nunca ha tenido unas normas claras que protejan el medio ambiente, por ello la iniciativa del concejal Jaime Hernán Arias fue que lo declararon sujeto de derechos, lo que lo protegía. Los pobladores se podrían ver afectados por el turismo por el desabastecimiento del agua y otras cosas, pero actualmente ese es un pilar económico de casi todo el pueblo.”
Por otra parte también menciona que “si no se protege el ecosistema y el medio ambiente de la zona podría hacer que este se volviera un lugar mucho menos llamativo para los turistas, por eso es necesario que de forma conjunta se organice y se maneje, teniendo en cuenta los intereses de todos”
Según un reporte realizado en el 2020 por el Instituto Nacional de Salud, el departamento del Quindío a pesar de su corta extensión geográfica y demográfica cuenta con la mayor tasa de mortalidad, generada por la contaminación del agua y del aire de todo el país, producida por la minería ilegal que emplea plomo para sacar el oro, así como la plantación de aguacate Hass que usa abonos químicos alterando los ecosistemas y potabilidad del agua del río Quindío, que alimenta a una gran parte de los acueductos del departamento, afectando consigo la salud de los quindianos.
Continuamos con el proceso
“Son unos pocos imponiendo una forma de vida, ante una gran cantidad de personas que están en contra y se han manifestado dentro de los parámetros de la constitución política. Somos como piedras antes estos, en donde está nuestra dignidad como ciudadanos, como seres humanos, si no podemos participar en las decisiones que están dando forma a lo que va a ser nuestro futuro” afirma Néstor.
En conexión al proceso que se a venido realizando para declarar al Valle del Cocora como sujeto de derecho, Néstor Ocampo comenta que este al igual que muchos procesos para la defensa del medio ambiente ha sido un proceso largo, en donde se empezó a defender por medio de la consultas populares, en la que más del 95% de las personas dijeron no a la minería.
El estado tomó la decisión de invalidar las consultas populares para estos casos, argumentando que el Artículo 332 de la constitución Política de Colombia “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables”, por lo cual la nueva alternativa que han optado aquellos que buscan la protección del medio ambiente es procurar que se declare como sujeto de derechos nuevamente.
Dado que gran parte de las actividades económicas del municipio de Salento no presentan una regulación que proteja el medio ambiente y las afectaciones de sus habitantes, Sebastián enfatiza en la necesidad de tomar medidas de forma paulatina y a diferentes escalas según la actividad que se desarrolla, generando en el caso del turismo reglas frente al ingreso de los visitantes al municipio e instaurando normativas en los lugares históricos y ambientales, para que turistas y pobladores velen por el cuidado y conservación del espacio, sin necesidad de que Salento deje de ser reconocido como el epicentro turístico que es.
En contestación a los acontecimientos que han dejado sin protección al Valle del Cocora y otros espacios ambientales en el Quindío se ha reaccionado por medio de la cultura, proyectos comunitarios como teatro o cine, educativos, siembras de árboles, medios de comunicación y protestas pacíficas como la Marcha Carnaval realizada en el Quindío, reconocida como una de las movilizaciones pacíficas más grandes de Colombia, que busca el reconocimiento y protección del medio ambiente.
Al mismo tiempo se adelantan procesos políticos como en este caso, donde se piensa apelar frente a la decisión tomada por la Corte Suprema, con el objetivo de brindar protección a estos espacios naturales, buscando mejorar los ecosistemas y la calidad de vida de sus habitantes, repercutiendo en el futuro de las generaciones venideras.
