Más de una década después de la promulgación de la Ley 1448, millones de colombianos reconocidos como víctimas del conflicto armado siguen esperando una reparación que parece cada vez más lejana.
Por: Juan David Moreno Díaz, Dayan Stefani Pinillos Osorio y María Sofia Mata Zapata.
En el Registro Único de Víctimas (RUV), figuran millones de nombres, pero detrás de cada número hay una historia marcada por la incertidumbre. La Ley 1448 de 2011 o mejor conocida como La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, nació con la promesa de reparar el daño causado a quienes sufrieron desplazamientos, despojos de tierras y violencia sistemática.
Sin embargo, las expectativas chocaron con la realidad: el camino hacia la reparación integral se convirtió en un tortuoso recorrido lleno de obstáculos burocráticos, falta de recursos y promesas incumplidas.
Este es el caso de la señora Gilma Cárdenas Pico, una mujer de 58 años, que tras más de 30 años de haber sido desplazada junto a su numerosa familia de la tierra que la vio nacer y crecer, aún hoy continúa esperando por su reparación.
Declaración de Gilma Cárdenas, víctima de desplazamiento
Colombia ha enfrentado más de cinco décadas de conflicto armado, dejando un impacto devastador en la población. Según cifras oficiales, más de 9 millones de personas han sido reconocidas como víctimas, un 20% de la población total.
Dentro de este registro se encuentra también Ramiro Cárdenas, hermano y ahijado de la Sra. Gilma, un testimonio más de lo que la guerra les ha arrebatado a las víctimas en Colombia, aunque Ramiro, era tan solo un niño en aquellos días, hoy, después de más de 20 años, relata lo que tuvo que vivir luego de aquella noche que salió de su tierra para nunca volver.
La ley 1448, decretada el 10 de junio de 2011, marcó un hito al reconocer formalmente a las víctimas y establecer mecanismos para su reparación. Aunque ha presentado incontables inconvenientes en su ejecución, fue creada con un marco legal robusto para atender a los afectados desde diferentes focos y llevar a cabo los procesos de inscripción a simple vista sencillos y de fácil acceso.
Según lo planteado por esta legislación, su objetivo es brindarle a los cobijados por ella una serie de derechos fundamentales que permitiría a los afectados ser reparados de manera integral dentro de la normativa vigente, estos tendrían derecho a:
- Derecho a la verdad, justicia y reparación.
- Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.
- Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad.
- Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.
- Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral.
- Derecho a que la política pública de que trata la presente ley tenga enfoque diferencial.
- Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya dividido el núcleo familiar.
- Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional.
- Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos establecidos en la presente ley.
- Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la presente ley.
- Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes.
- Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Con todos los beneficios que esta trae de por medio, la población rápidamente se entusiasmó e ilusionó con esta promesa, pero ¿Cuál es el proceso que deben realizar los afectados para lograr acceder a estos derechos y ser cobijados por el decreto?
El primer paso es iniciar el proceso oficialmente inscribiéndose en el Registro Único de Víctimas (RUV), administrado por la Unidad para las víctimas (UARIV), donde se verifica la condición de víctima del conflicto armado. Una vez verificada la situación, se clasifica a el afectado según el tipo de reparación que corresponde ya sea económica, territorial (restitución de la tierra), psicosocial o medidas de satisfacción.
Dependiendo de la clasificación, se implementan las medidas de reparación que correspondan de una manera óptima, puede incluir compensaciones económicas, restitución de tierras a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y programas de rehabilitación psicosocial.
Posteriormente, la UARIV realiza un seguimiento para garantizar que las víctimas reciban una reparación integral y se asegure la garantía de no repetición de los hechos. En casos de controversia o incumplimiento, las víctimas pueden recurrir a los tribunales de restitución de tierras o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para garantizar sus derechos y acceso a la justicia.
Un país en deuda con sus víctimas
A primera vista, parece un proceso accesible. Sin embargo, en las zonas más afectadas por el conflicto, las dificultades logísticas y la falta de información obstaculizan este primer paso. Muchos ni siquiera saben que deben inscribirse o desconocen los trámites posteriores. Además, la desconfianza hacia las instituciones y el temor a represalias por parte de grupos armados impiden que muchas personas inicien el proceso.
Pero los inconvenientes no son solo cuestión de las víctimas, pues, la misma ley ha presentado diversas falencias estructurales que no le han permitido ser vigente en el tiempo, la proyección que se tuvo al arrancar esta ley se quedó corta para enfrentar un fenómeno tan grande como lo son las cicatrices de un país sumido en la guerra.
El sistema de reparación establecido por la Ley 1448, aunque ambicioso en su alcance, enfrenta múltiples desafíos que ralentizan su ejecución. Para las víctimas, estas demoras significan años de incertidumbre y frustración, mientras que, para el Estado, reflejan una falta de capacidad operativa y coordinación interinstitucional.
La inscripción en el RUV, el primer paso del proceso ya es en sí mismo un reto monumental. Muchas veces, las solicitudes se encuentran con un entramado administrativo que carece de recursos humanos y financieros suficientes para procesarlas de manera eficiente.
Para entender a fondo estas dificultades, resulta crucial escuchar las perspectivas de quienes trabajan directamente en la implementación de la ley y tienen un conocimiento profundo de las barreras que afectan tanto a las víctimas como al sistema mismo.
Cifras que exigen acción
Las cifras confirman lo que las víctimas han vivido en carne propia: un sistema que avanza con pasos lentos y desiguales. Mientras algunos pocos logran completar el proceso y acceder a la reparación prometida, la mayoría permanece atrapada en una burocracia que parece no tener fin.
Además, los recursos asignados a la implementación de la ley han sido insuficientes para cubrir la magnitud de la problemática. La falta de personal capacitado, la sobrecarga de casos y los constantes ajustes presupuestales han obstaculizado la capacidad del Estado para atender a las víctimas de manera integral.
Este panorama ha revelado la desconexión que existe entre las intenciones iniciales de la ley y su práctica. Mientras el Estado busca soluciones, millones de colombianos siguen esperando, no solo una respuesta, sino también un compromiso tangible con sus derechos.
La magnitud del problema es evidente en los números:
- 9 millones de víctimas registradas, pero menos del 50% han recibido algún tipo de reparación.
- Solo 20% de los solicitantes de restitución de tierras han visto sus casos resueltos.
- En promedio, las víctimas deben esperar entre 5 y 10 años para recibir una respuesta.
La restitución de tierras es uno de los pilares fundamentales de la ley, pero también uno de los procesos más complejos de ejecutar. En regiones como Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, donde la violencia y los intereses económicos continúan siendo una amenaza latente, garantizar que las víctimas puedan retornar a sus tierras es una tarea titánica.
Ana Cristina Muñoz, quien lideró la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en estas regiones, conoce de cerca los retos que implican trabajar en un contexto tan adverso. Desde las dificultades que se enfrentan para asegurar el bienestar de quienes regresan a sus territorios, hasta del presupuesto que se dispone para cumplir las metas propuestas, incluso de la inoperancia de las autoridades competentes para salvaguardar a las víctimas.
Las problemáticas que existen en la URT están ancladas a los procesos administrativos, un obstáculo más que se suma al desgastante proceso que tienen que enfrentar por años los desplazados para recibir un poco de dignidad.
El precio de una espera interminable
Para los damnificados del conflicto armado, la espera no solo se mide en años, sino también en los sacrificios y pérdidas acumuladas que se han visto obligadas a atravesar. La imposibilidad de regresar a sus tierras y la falta de respuestas concretas han perpetuado su vulnerabilidad.
La señora Gilma Cárdenas, su hermano y ahijado Ramiro Cárdenas y cada uno de los integrantes de su familia son ahora parte de una de las miles de personas más que se enfrentan al abandono estatal y a la incertidumbre de lo que vendrá mañana,
No se trata solo de trámites administrativos, sino de vidas en pausa, de sueños aplazados por un sistema que no ha sido capaz de cumplir sus promesas. Escuchar directamente a quienes han vivido esta realidad permite que se humanicen las estadísticas y se recuerde que, detrás de cada número, hay una historia que merece ser contada.
¿Cuánto más tendrán que esperar las víctimas para que sus derechos no sean solo un compromiso en papel, sino una realidad tangible?
