La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, por presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos habrían recibido millonarios sobornos para apoyar las reformas del Gobierno Petro. La decisión se basa en las confesiones de Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la entidad. La Corte considera que los congresistas podrían obstruir el proceso judicial. El proceso incluye delitos como peculado por apropiación, cohecho propio y financiación ilegal de campañas. La Policía ya capturó a Name y adelanta operativo contra Calle. Las repercusiones políticas y judiciales apenas comienzan a escalar.
Captura por sobornos en la UNGRD sacude al Congreso colombiano
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió este miércoles una orden de captura contra los expresidentes del Congreso Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes) por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según las investigaciones, ambos congresistas habrían recibido millonarias sumas en efectivo para favorecer las reformas sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de una red de sobornos que salpicó también a altos funcionarios del Ejecutivo.
La Corte tomó esta decisión luego de recopilar pruebas sustanciales, entre ellas, las declaraciones de Sneyder Pinilla y Olmedo López, exsubdirector y exdirector de la UNGRD, quienes confesaron haber facilitado pagos ilegales a los congresistas. Name, del Partido Verde, habría recibido hasta 3.000 millones de pesos, mientras que Calle, del Partido Liberal, habría sido beneficiado con 1.000 millones. El dinero, de acuerdo con los testimonios, provino de los sobrecostos en contratos de compra de 40 carrotanques para llevar agua a comunidades en La Guajira.
Confesiones clave: la ruta del dinero
El entramado de corrupción comenzó a esclarecerse gracias a la colaboración de Sneyder Pinilla, quien aceptó su responsabilidad y fue condenado a cinco años de prisión. Pinilla aseguró que el objetivo del dinero era impulsar la aprobación de las reformas laboral, pensional y a la salud promovidas por el Gobierno. El testimonio fue respaldado por Olmedo López, quien también entregó información sobre las entregas de dinero, incluyendo fechas, lugares y nombres de involucrados.
Una de las figuras centrales en la ejecución de los sobornos fue Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones y cercana a Name, hoy detenida. Ortiz habría sido la encargada de entregar en persona maletas llenas de dinero al senador en su apartamento del norte de Bogotá, donde fue capturado este miércoles. En el caso de Calle, Pinilla relató que él mismo le entregó una maleta con fajos de billetes en su apartamento en Montería, reunión que quedó evidenciada en una serie de chats entregados a la justicia.
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Repercusiones políticas y judiciales
La decisión judicial ha tenido un fuerte impacto político. El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X con un mensaje que luego fue borrado. En él aseguró que Name «saboteó la reforma pensional» y «se opuso a todos nuestros proyectos», sugiriendo que su encarcelamiento demuestra un doble discurso. Sin embargo, el mandatario no mencionó a Calle, aliado del Gobierno.
La Corte justificó la medida de aseguramiento indicando que ambos parlamentarios podrían entorpecer la investigación. Los delitos imputados son cohecho propio, peculado por apropiación y financiación ilegal de campañas políticas. La Sala Plena de la Corte avaló la ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, tras seguir durante meses el rastro de ambos congresistas dentro del entramado de corrupción.
Además, el alto tribunal investiga si la orden de soborno a los congresistas provino de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia y actual embajador fuera del país. También están bajo escrutinio los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla.
El ocaso político de dos líderes del Congreso
Iván Name, previendo el desenlace judicial, se despidió en la plenaria del Senado este martes: “No sé si mañana vuelva, pero mientras le digo a mi Senado que siento el orgullo fundamental de haber pertenecido al parlamento”. Un día después, sería capturado. El congresista había fungido como uno de los principales contrapesos al Gobierno Petro desde la presidencia del Senado.
Por su parte, Andrés Calle, señalado de recibir el dinero en vísperas de las elecciones regionales en las que participaron sus familiares, también deberá enfrentar la justicia. Las investigaciones muestran que Calle visitó en al menos cuatro ocasiones la sede de la UNGRD en octubre de 2023, mes en el que se cerró el acuerdo del soborno, según las pruebas recolectadas.
Ambos congresistas ahora están bajo la lupa judicial en uno de los casos más sonados de corrupción política reciente en Colombia, con implicaciones que podrían escalar hasta la cúpula del poder. La captura de Name ya fue ejecutada y la de Calle estaría en curso. La Corte Suprema de Justicia envía así un mensaje contundente sobre el alcance de las investigaciones y su intención de esclarecer a fondo el escándalo que involucra a la UNGRD.
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